Recordó que Añez está siendo enjuiciada por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes en la vía ordinaria, por delitos supuestamente cometidos como exsenadora y antes de asumir la presidencia. “Se la acusa de haberse autoproclamado primero presidenta del senado, e inmediatamente después del Estado, con la agravante de ceñirse la banda presidencial de manos de un efectivo castrense. Por esas razones está detenida hace 400 días”, aseveró.

En ese marco aclaró que la exmandataria no está acusada, investigada o presa por las masacres de Senkata y Sacaba.

“La investigación de la muerte de al menos 20 jóvenes no ha avanzado un centímetro, los supuestos responsables están absolutamente impunes, y las víctimas y sus familiares permanecen estafados. El contexto de esos hechos, la crisis de 2019, está nublado por el debate surrealista entre golpe y fraude. Los acusadores sostienen que el comportamiento de la senadora Añez, antes de asumir la presidencia, fue el de la preparación de ese golpe, y donde los conspiradores eran desde embajadores europeos, pasando por técnicos enviados por Almagro, hasta la dirigencia opositora de la época”, refirió.

En ese marco dijo que los bolivianos son testigos del desplome de Evo Morales y que el mismo no requería de ningún “empujoncito” castrense.

“El autoritarismo, la corrupción, el extractivismo, el desconocimiento del voto popular y la fractura de la CPE, habían desfondado a un gobierno cáscara cuyos titulares, como otros anteriores, no tuvieron otra que tomar un avión y escapar del país y la vergüenza”, recordó.

En ese marco, advirtió que no se pueden juzgar por separado los “aprestos golpistas”, “la conspiración” de la Universidad Católica, la “autoproclamación” y la instalación presidencial, de los hechos delictivos posteriores.

“Todos tienen que ser investigados juntos. Así lo manda la teoría penal que los describe como el camino del delito, así lo dispone la CPE en el Art. 117 (un solo juzgamiento), eso determina el Código Penal, cuyo Art. 46 exige sentencia única y, para quienes no quieren entender nada, así lo hicimos en el único juicio de responsabilidades a un gobierno indudablemente golpista y de facto cómo fue el de García Meza”, apuntó.

EL DICTADOR

Recordó que García Meza delinquió mucho antes de asumir la presidencia. Se amotinó sediciosamente dos veces, mucho antes del 17 de julio, incumplió deberes militares meses antes de esa fecha y tomó por la fuerza el Palacio de Gobierno. Asaltó la Central Obrera Boliviana y asesinó a Marcelo Quiroga, Gualberto Vega y Carlos Flores en la mañana del 17 de julio, antes de proclamarse presidente, lo que ocurrió recién al día siguiente 18 de julio en el Estado Mayor de Ejército.

Manifestó que el Congreso que acusó a García Meza, la Corte Suprema que lo condenó y la parte civil que impulsó todo el procesamiento, hubieran pasado no solo como ignorantes de la CPE y de la ley, como se lo está haciendo ahora.

“Si hubiéramos enjuiciado a García Meza por la vía ordinaria por el asalto a la COB, al Palacio y los asesinatos del 17 de julio cuando no era presidente, y al mismo tiempo lo hubiéramos enjuiciado ante la Corte Suprema por los otros gravísimos delitos, que cometió ya de presidente, hubiera sido incoherente”, dijo.

En ese marco dijo que cumplieron la CPE y la ley ya que se enjuició a García Meza por todos los hechos delictivos, por los preparatorios, por la sedición, por la violación de la CPE, por el asalto al Gobierno y por todos los crímenes que cometió antes y durante sus 14 meses como presidente de facto.

“Es que nunca buscamos venganza, siempre exigimos justicia y para ello promovimos investigación, pruebas, testigos y reconstruimos la verdad sobre la que luego se aplicó la ley con la sentencia. Ni siquiera el exdictador estuvo un solo día preso durante el juicio, se le respetaron todos sus derechos y solo fue arraigado en Sucre; por eso la sentencia y la condena fueron y son inapelables”, aseveró.

Apuntó que la sentencia que los personeros del gobierno están “anticipando oficiosamente” en el “golpe II”, será “espuria, violará la CPE y en su momento será anulada, cuándo se inicie el juicio de responsabilidades”. Mientras tanto, persistirá la impunidad de las masacres, las víctimas y sus familiares continuarán burlados y nuestra “justicia” seguirá servil a los voceros estafadores de Palacio.