Tras el pago de compensaciones económicas al sector cocalero del Chapare, como si se tratara de resarcimientos a pueblos indígenas, además de la realización de encuentros en los que este sector evalúa la gestión de Gobierno, los opositores cuestionan que se tome en cuenta a estas organizaciones que son grupos informales que incluso evaden el pago de impuestos.

El rechazo se da debido a que este sector se benefició de una indemnización que alcanza los 1.6 millones de dólares por parte de la estatal YPFB Transporte, compensación otorgada como si se tratara de un pueblo indígena y no de una organización que cogobierna con el MAS.

Al respecto, la senadora por Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, condenó que nuevamente se intente saquear recursos públicos usando como pretexto los derechos de los pueblos indígenas.

Sostuvo que se trata de una “grotesca y abusiva” política de compensación ambiental en favor de organizaciones que cogobiernan con el Movimiento al Socialismo y avasallan áreas protegidas y territorios indígenas, deforestando y contaminando, además de ser proveedores del narcotráfico.

“Estamos activando todas las acciones a nuestro alcance para denunciar e impedir este nuevo y monumental asalto a los recursos de todos, tan escasos en sectores como salud, educación, justicia”, expresó la legisladora.

Al respecto, la senadora, Andrea Barrientos, señaló que esta situación se trata de un acto descarado del actual Gobierno que es promovido por el expresidente Morales, como un capricho en favor del sector al que representa.

“En un descarado acto de corrupción, Luis Arce pretende que YPFB le pagué un millón de dólares a las seis federaciones del trópico, amparado en el capricho del dictador fugado Evo Morales”, sostuvo la parlamentaria desde sus redes sociales, puntualizando que las seis federaciones no tienen por qué acceder a derechos de pueblos indígenas.

Días atrás, un encuentro del sector cocalero del Chapare evaluó la gestión de gobierno “sugiriendo”, a su finalización, que el Primer Mandatario realice modificaciones a su gabinete de ministros.

“Mi recomendación pública desde acá hermano Lucho, se tiene que cambiar a ministros, cambiar es su responsabilidad. Queremos ministros que lo defiendan hermano Lucho. Hemos visto, al presidente solo. No hay quién lo defienda”, refirió Evo Morales en su calidad de máximo líder de las seis federaciones del trópico.

El diputado, José Manuel Ormachea, condenó que organizaciones que no aportan a las arcas del Estado mediante impuestos y además tienen comprobado relacionamiento con el mundo del narcotráfico, cuenten con participación en decisiones importantes para el país como la evaluación en la gestión de gobierno o la designación de ministros.

“Antes de inmiscuirse en asuntos de Estado deberían empezar a pesar en pagar impuestos. Todos los que tributamos en este país tenemos derecho a inmiscuirnos en la vida pública en ese sentido uno de los grupos más irregulares que incluso está ligado fuertemente a el narcotráfico y evade impuesto no debería tener cabida en la vida política”, indicó en contacto con EL DIARIO.

En entrevista con el Decano de la Prensa Nacional, el analista Roger Cortez, ya había adelantado que una de las características principales del actual Gobierno radica en que sectores sociales han desplazado a partidos políticos, siendo el caso del Movimiento al Socialismo que prácticamente es una “coalición de organizaciones sociales”.

Puntualizó que se ha ido conformando un régimen corporativista de concesiones en una cadena de favores y privilegios que se otorgan esencialmente a los dirigentes de organizaciones sindicales y otros grupos que se adhieren al MAS.

Desde el oficialismo se señaló que todas las gestiones se realizaron en apego a las normas vigentes, por lo que parlamentarios de oposición pueden hacer todas las investigaciones y denuncias que crean convenientes.