El jurista lamentó la decisión de la justicia que no tomó en cuenta el cuadro delicado de salud de su cliente, mismo que en su momento fue verificado por un médico forense.

Brito explicó que el vocal revocó en parte la resolución de la juez Claudia Castro, bajo el argumento de que no se cumplió las medidas, dentro del plazo de tres días que dictó el juez.

“La juez Castro emitió la resolución revocando la detención domiciliaria porque supuestamente existían dos argumentos, uno que había peligro de fuga, que ya estaba haciendo actos preparativos para fugarse y que mi cliente no habría cumplido los requisitos a las medidas sustitutivas. El vocal ha revocado la sospecha de intento de fuga pero mantuvo el argumento de que no se habrá cumplido con las medidas sustitutivas, eso es absurdo porque está demostrado que hemos adjuntado todo, desde la fianza, el arraigo y todos los requisitos, pero lamentablemente estas determinaciones son políticas”, explicó.

En ese marco, manifestó que en los próximos días pedirán una nueva cesación a la detención preventiva, adjuntando los certificados médicos que demuestran el estado delicado de su cliente, quien accedió a un permiso médico para el próximo martes.

DATOS

El exdirector fue aprehendido el jueves 19 de noviembre, posteriormente, fue imputado por presuntamente facilitar la salida irregular de los exministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente, sobre quienes ya pesaba una alerta migratoria para evitar viajes al exterior, por un proceso por la compra de gases lacrimógenos con presunto sobreprecio.

En su audiencia de medidas cautelares virtual, el exdirector de Migración recordó que gracias a un convenio suscrito en enero pasado, la Fiscalía pudo activar la alerta migratoria contra los exministros de manera directa, sin recurrir a hojas de ruta.

“El Ministerio Público no quiere saber la verdad, ellos quieren un trofeo político y como no pudieron conseguir (otro), por culpa de su propia ineficiencia, porque son ellos quienes debieron activar la alerta migratoria directamente desde su sistema y no tardar un día o 48 horas o recurrir a hojas de ruta”, aseguró la exautoridad.

En la oportunidad, el fiscal del caso, Alexis Vilela, informó que una de las evidencias presentadas por la Fiscalía, que imputó al exdirector por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, fueron las irregularidades en temas administrativos que evidenciaron en el registro del lugar de los hechos, que hicieron tanto en Migración como el Ministerio de Gobierno.

Apuntó que una de las irregularidades fue que la carta de renuncia que presentó Rivas el 28 de octubre de 2020, tiene el cite (código) 123, empero de acuerdo al registro de la Secretaría del despacho del director General de Migración la nota signada con ese número corresponde a otra nota.

“No es el único elemento en relación a la renuncia del señor Rivas, sino también se tiene que el mismo habría recibido un memorándum en el cual se acepta la renuncia en fecha 4 de noviembre, pero lo sorprendente es que la firma del señor Murillo, como ministro, quien acepta la renuncia, sale en fecha 4 de noviembre y el señor Rivas firma la recepción de esa nota en fecha 3 de noviembre”, explicó Vilela en noviembre pasado.

En audiencia de medidas cautelares, Rivas aclaró que puede ser que el número de cites coincidan, pero que son cosas diferentes porque “una cosa es el código de hoja de ruta de secretaría y otra es el código que tiene un ayudante que es por donde se pide activos, agua o cualquier otra compra menor, y otra cosa es el código de la Dirección General de Migración hacia el Ministerio de Gobierno, por lo tanto esas pruebas no tienen ningún sustento de garantía”.

Rivas apuntó que los representantes del Ministerio Público faltan a la verdad al decir que no se subió la alerta migratoria en contra de los exministros, siendo que las mismas están registradas en el Sistema de Migración desde la misma fecha que fueron emitidas, es decir del 5 de noviembre. “Eso está en los medios de comunicación y en las redes sociales, es solo pedir una información a Migración para que certifique desde que fecha están emitidas las alertas”, apuntó.

Refirió que el fiscal no tiene ningún sustento legal para decir que en su condición de exfuncionario habría impedido que se suban las alertas.

“Es una falsedad absoluta del Ministerio Público que basa su imputación, no en una consecuencia lógica de los hechos que han sucedido, sino en un objetivo claro que es meter a la cárcel a Marcel R., porque la alerta migratoria sí estuvo registrada desde el 5 de noviembre. Para que yo pueda incumplir deberes, debo ser funcionario público, para que yo pueda tener injerencia sobre otros funcionarios públicos, de acuerdo a lo tipificado en uso indebido de influencias, yo tengo que ser funcionario público y dejé de serlo el 4 de noviembre y eso se comprueba con el memorándum de desvinculación que está en los archivos de la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno”, dijo en audiencia.