“La recusa que ahora formulo tiene bases de jurisprudencia y doctrinal que se resume en reclamar ante ustedes, que los jueces, Iván Perales y Patricia Aguilar se aparten del conocimiento de este asunto, por considerar evidente el interés sobre el mismo debido a que la denuncia que sostienen los abogados patrocinantes ha desacreditado a las partes y sujetos procesales”, se lee en parte del memorial.

Asimismo, aclara que cuando se genera una recusación, se compromete el derecho al debido proceso que exige que los litigantes tengan el beneficio de un juicio imparcial ante los tribunales y que sus derechos se acomoden a lo previsto por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar.

“Un requisito indispensable en el momento de administrar justicia constituye la imparcialidad del juez ante quien es sometido el caso a decisión, sin cuyo parámetro surge la obligación por parte del magistrado de apartarse de entender en un juicio, en razón de que ella, constituye una exigencia fundamental del juzgador”, se lee en otra parte del memorial.

PREVARICATO

El memorial de recusa refiere que el presidente del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de La Paz, Iván Perales, otorgó detención domiciliaria a Ricardo P. H. R., quien fue acusado por el delito de violación de niña, niño y adolescente, cometido contra tres menores, dos son sus hijas y una su sobrina.

“Este juez (…) otorgó libertad a este violador de sus propias hijas, acto que fue secundado por la juez técnico, Patricia Aguilar, quien pese a los reclamos que hemos realizado en fecha 20 de mayo 2020, dictó un Auto por el que dolosamente desestimó el recurso de reposición que hemos interpuesto para evitar se consuma un verdadero acto ilícito. Las circunstancias son plenamente conocidas por los mencionados jueces Iván Perales y Patricia Aguilar, ya que dentro de las propias incidencias, el juez técnico José Luís Quiroga, que conforma su Tribunal ha emitido un Auto de fecha 19 de mayo 2020, por el que ha denunciado los atropellos consumados, por lo que ha remitido antecedentes al Ministerio Público a objeto de la investigación de los sospechosos entre los cuales se encuentran tanto el Juez Perales como la doctora Aguilar”, se lee en otra parte del memorial.

En otro párrafo del memorial se lee: “Ustedes saben que quienes patrocinamos esa causa, además de ser abogados somos apoderados de las menores víctimas violadas por su padre y en esa circunstancia hemos interpuesto una denuncia penal ante el Ministerio Público, contra Israel Campero, Miriam Aguilar, Iván Perales y posteriormente ampliado contra Patricia Aguilar, Paolo Peredo y Ricardo Heredia, por la comisión de los actos ilícitos de prevaricato, consorcio de jueces y abogados, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y otros (…)”.

“En la actualidad este proceso es de conocimiento suyo, y se encuentra en plena investigación habiéndose acumulado suficientes elementos para lograr la aprehensión de todos los autores, además de ello se ha hecho conocer la denuncia al Tribunal Constitucional Plurinacional en Sucre, al Ministerio de Justicia, al Tribunal Supremo de Justicia, al Concejo de la Magistratura y a la Asamblea Legislativa”.

SUSPENSIÓN

DE AUDIENCIA

La audiencia de conclusión del juicio y la lectura de la sentencia, por la denuncia de acoso político iniciado por la excandidata a la Gobernación por el Movimiento al Socialismo (MAS), Felipa Huanca, contra Rafael Quispe, que debió dictarse ayer se suspendió debido a que una de las jueces técnico tiene baja médica por Covid – 19.

“Por denunciar la corrupción cuando fui diputado tengo que ir preso a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro estoy dispuesto a ir, es el pueblo boliviano quien tiene que juzgar. Los que denuncian la corrupción son procesados y los que se roban millones como Felipa Huanca a parte ser liberados y declarados inocentes tienen el descaro de denunciarme”, manifestó Rafael Quispe a radio Fides, antes de asistir a su audiencia.

Consultado sobre si está seguro de una sentencia condenatoria, la exautoridad dijo que sí, ya que “la justicia está en manos del MAS y tienen que limpiar la imagen del Gobierno de que no se robó nada”.

La defensa de Felipa Huanca pedirá ocho años de cárcel para Rafael Quispe en el marco del juicio iniciado el pasado 2015 tras la denuncia presentada contra la entonces candidata a la Gobernación de La Paz por presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, malversación, contratos lesivos al Estado incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y conducta antieconómica por la administración y ejecución del proyecto “Ayni Productivo”, financiado por el Fondo Indígena.