La jefa de bancada por la agrupación Creemos en el Senado, Centa Rek, denunció que la Procuraduría General del Estado (PGE) se ampara en el Decreto Supremo No. 4447 para ocultar información a la población boliviana, afectando la capacidad fiscalizadora de legisladores que solicitan conocer el uso que se le da a los recursos del Estado, por lo que demandará su abrogación.

Rek sostuvo que la Procuraduría se ha convertido en una entidad que está por encima de las leyes que rigen el Estado boliviano, ya que realiza la totalidad de sus contrataciones, tanto nacionales como internacionales, en el mayor de los secretos, con un hermetismo total; sin registro en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), y en base a invitaciones directas, hecho que da lugar a los mayores actos de corrupción, como se denunció con anterioridad.

Luego que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones sentenció un laudo arbitral por el que Bolivia debe pagar $us 105 millones por los perjuicios ocasionados al banco español BBVA, propietario de la AFP Previsión BBVA, nuevamente salió a la luz pública que la Procuraduría ha perdido la casi totalidad de juicios contra el Estado boliviano por la mal llamada nacionalización, que hasta el momento le habrían costado más de $us 712 millones por más de 12 procesos perdidos.

En lo que va de la presente legislatura, Rek remitió tres peticiones de informe escrito a la Procuraduría, mismos que fueron respondidos con evasivas, ambigüedades, generalidades burocráticas o amparados en dicho Decreto, que “establece la confidencialidad de la información generada en las contrataciones realizadas en el marco del presente Decreto Supremo, por la naturaleza estratégica de la defensa legal de los intereses del Estado”.

“No he obtenido ninguna posibilidad de transparentar las preguntas que hice o los temas por los cuales cursé esos pedidos de informe. En todos los casos la Procuraduría tuvo unas respuestas vagas e imprecisas, usando una serie de mecanismos y triquiñuelas para obstruir la posibilidad de fiscalización y no transparentar la información”, explicó.

Precisó además que se consultó a la Procuraduría sobre los detalles y cumplimiento de requisitos en la contratación de la abogada Eva Liz Morales; del ciudadano Iberth René Renato Aguilar Mamani, quien ostenta el cargo de Director General de Asuntos Administrativos a pesar de tener una sentencia ejecutoriada por ejercicio indebido de la profesión; y sobre la contratación del “Consorcio jurídico “Greenberg Trauring PA” de Miami-Florida de Estados Unidos de Norteamérica”, para hacer seguimiento al proceso que se lleva a cabo en contra de Arturo Murillo en el país del norte.

En todos los casos, las respuestas proporcionadas por la Procuraduría fueron generalidades que no permiten conocer las irregularidades en las que estaría incurriendo esta institución y, lo que es peor, se oculta la información respecto a los miles o millones de dólares que estaría gastando en la contratación de bufetes de abogados internacionales, de los que nada se sabe y que son un gasto adicional al dinero perdido en los diferentes laudos en los cuales Bolivia ya ha tenido un fallo adverso.

“En la mayoría de los casos la Procuraduría me contesta, ante las preguntas que hago, haciendo referencia al Decreto Supremo No. 4447 de fecha 13 de enero de 2021, y amparado en este Decreto Supremo dice que todos los actos de la Procuraduría tienen la posibilidad de ser mantenidos en secreto, que no hay motivo para informar a la población, ocultan la información haciendo alusión a que son actos que tiene que ver con la confidencialidad de situaciones que hacen al Estado de Bolivia”, añadió.

Respecto a la designación del ciudadano Iberth René Renato Aguilar Mamani, la Procuraduría responde que “Fue una designación de libre nombramiento, en base al artículo V, inc. c) de la ley 2027, y considerando que la documentación requerida es personal, la misma deberá ser solicitada por la instancia judicial correspondiente”.

En el caso de la contratación del bufete de abogados en Miami, Estados Unidos de Norteamérica, una de las respuestas fue la siguiente: “Por disposición del D.S. No. 4447, es confidencial el Contrato y se mantendrá esa condición hasta la conclusión de los procesos penales y el civil de reparación de daño más daños punitivos en Estados Unidos de América”.

“En virtud al numeral 2 del artículo 21 de la Constitución Política del Estado las Bolivianas y Bolivianos tienen el derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, estos derechos gozan de la garantía Jurisdiccional, que se encuentra en los parágrafos I, II y II del artículo 110 de la Constitución Política del Estado, por este motivo comunico que la documentación solicitada de la Señorita Eva Liz Morales Alvarado no puede ser remitida”, señala la respuesta de la Procuraduría sobre el PIE enviado desde la bancada de Creemos.

Rek afirmó que esta situación no puede continuar debido al exceso de atribuciones de acciones secretas que se les permiten a los ministerios y las instituciones estatales como la Procuraduría, y por lo tanto debe haber “un cambio urgente en esta situación”, señaló.

La parlamentaria cruceña adelantó que pedirá la abrogación del Decreto que declara la confidencialidad de los contratos de la Procuraduría para que el pueblo boliviano conozca cuántos miles de millones de dólares han sido despilfarrados por esta institución en los últimos años, bajo el argumento de defensa del Estado, cuando en realidad se ha hecho todo lo contrario.

“Nos deja en una situación desfavorable y genera que todos los actos se den en secreto sin la posibilidad actos de fiscalización. Esto no puede ocurrir la Constitución plantea que los actos deben ser claros, de frente al pueblo y que tengan acceso no solo los diputados y senadores, también todos los bolivianos”, concluyó Rek.

Días atrás, el senador Henry Montero, manifestó estos mismos cuestionamientos luego de recibir respuesta a una solitud de informe escrito de la Procuraduría en la que se negó acceso a la hoja de vida y documentos que respalden la formación académica de la funcionaria, Eva Liz Morales, “en virtud al derecho de privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, así como la garantía jurisdiccional previstos en la Constitución Política del Estado”.