El 18 de enero de 2021, el Viceministro de Descolonización presentó una denuncia contra 26 funcionarios policiales por faltas graves disciplinarias durante el presunto motín de noviembre de 2019.

El 21 de abril pasado, la Fiscalía Departamental Policial de La Paz informó que en el proceso disciplinario habían acusado al suboficial y tenían pendientes otras investigaciones contra nueve funcionarios policiales, cuyo plazo para presentar acusación vence esta semana.

El Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía programó para las 10.00 horas de ayer la audiencia de juicio, empero la misma se reprogramó para el próximo 28 de mayo, porque el abogado Johnny Castelú, que patrocina al suboficial, cuestionó la falta de protocolos de bioseguridad por la covid – 19 y las restricciones a la prensa.

Extraoficialmente se conoció que la acusación del suboficial se basa en el artículo 14 (Faltas graves con retiro o baja definitiva), numeral 10 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, que señala: “Instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medidas de presión”.

CASO POLÍTICO

La representante de las esposas de policías Guadalupe Cárdenas apuntó que detrás de los procesos está la mano política de Evo Morales quien busca defenestrar y desmembrar a la Policía.

“Este es un caso político que busca desmembrar a la Policía a través de estos 26 funcionarios policiales. Él es el primero de miles que vienen detrás. Quieren dar un escarmiento destruyendo a toda la Policía a quienes quiere reemplazar con gente inescrupulosa, como pasó en Venezuela, pero no lo vamos a permitir, por eso la familia policial está en emergencia”, apuntó Cárdenas en contacto con EL DIARIO.

El mayor David Vargas, quien fue dado de baja de la institución policial, por participar del motín policial en febrero de 2003 debido a un alto impuesto al salario, que el Gobierno de aquella época impuso a todos los empleados públicos, manifestó que el caso del suboficial está manejando políticamente.

“Están tratando de generar una especie de escarmiento, de ejemplarizar. En mi caso me dieron de baja porque buscaban que los policías que estaban detrás mío nunca más reclamen, ni pidan respeto a sus derechos pero se equivocaron, porque los policías lejos de escarmentar han entendido que es una buena forma de hacerse escuchar, cuando los políticos no quieren hacerlo”, dijo en contacto con EL DIARIO.

“NO HUBO MOTÍN”

Vargas precisó que lo ocurrido en 2019 no fue motín porque no tenía las características como la desobediencia al mando constitucional, expulsión de los miembros de jerarquía superior o una toma del poder de cuarteles.

“En una institución uniformada, nadie puede actuar de manera individual, lo que uno hace es representar a un conjunto de policías pero cuando se tiene una jerarquía superior de todos los presentes. Si al suboficial le están iniciando un proceso es porque él debió asumir el mando de un conflicto que se estaba dando, seguramente él tenía la máxima jerarquía. Cuando se reúnen los policías, todos tienen una jerarquía, todos nos diferenciamos porque sabemos quién es el más antiguo y quién tiene el mando. Nadie tiene la capacidad de hacer ello, menos un suboficial que no está en el nivel de jefe”, explicó.

CONFLICTOS DE 2019

El 9 de noviembre de 2019, policías de La Paz, que se encontraban en la plaza Murillo, y otras unidades, decidieron desplazarse al edificio de Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), donde se replegaron y colgaron una bandera boliviana.

El día 10 de noviembre, después de la renuncia de Evo Morales, turbas enardecidas empezaron con actos vandálicos como la quema de los buses PumaKatari, casas privadas de periodistas y activistas.

Desde la madrugada del 11 de noviembre de 2019, las turbas quemaron y destruyeron al menos ocho estaciones de policías en las ciudades de El Alto y La Paz.

Los hechos más relevantes sucedieron en la ciudad de El Alto, donde un grupo de movilizados quemó las instalaciones de Tránsito y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de El Alto. Ambos inmuebles quedaron totalmente inservibles.

Los efectivos policiales no pudieron controlar a la turba que, por la fuerza, ingresó a las instalaciones. Allí dentro saqueó e incendió el lugar. Cuando inició el fuego, los efectivos policiales huyeron por donde pudieron.

En videos que circularon en las redes sociales se evidencia que tras la quema del Comando Regional de la Policía Nacional de El Alto, ubicado en la carretera a Oruro a la altura del cruce Viacha, otra turba enardecida saqueó quintales de arroz, azúcar y otro tipo de alimentos. Además quemaron una movilidad y algunos cuartos que de la planta baja.

SUBOFICIAL

El suboficial tiene 34 años de servicio en la institución, está a un año de su jubilación, si le dan de baja perdería todos los beneficios que logró a lo largo de su carrera. Con esa decisión también afectarían a su familia porque se le estaría prohibiendo el derecho a la alimentación, la vivienda, estudio de sus hijos, entre otras cosas, refirió el jurista.

Al salir de la audiencia suspendida el funcionario policial dijo: “Solamente dejo en manos de Dios”.

A decir de Castelú, su cliente cumplía funciones en la Estación de San Pedro durante el conflicto de 2019.