Informes benevolentes y positivos son elaborados por los propios privados de libertad para otorgar beneficios penitenciarios y medidas alternativas a personas con sentencia que logran salir de las cárceles o acortar sus penas. Jueces, policías y Régimen Penitenciario son parte de este circuito, sostiene el abogado Ramiro Llanos.

El juez Rafael Alcón se encuentra detenido bajo la figura de presunto prevaricato. La indignación de la sociedad por el caso del psicópata sexual Richard Choque, fue utilizada por el Gobierno para buscar un “chivo expiatorio”, pero sin entrar al fondo del problema, afirma Llanos, también exdirector de Régimen Penitenciario.

Llanos explica a @Visor21 que este tipo de resoluciones dictadas por los jueces, obedecen a los informes que remiten los centros penitenciarios a juzgados, y que son elaborados por los propios internos, con la firma de las trabajadoras sociales y médicos, que no tienen ningún poder de control u objeción ante los delegados de las cárceles.

“Cuando una persona es sentenciada inmediatamente debe pasar a un nivel de clasificación y los del equipo multidisciplinario, donde está el médico, la trabajadora social, se reúnen y elaboran un plan de vida, un diagnóstico criminal y determinan si esta persona puede volver a cometer un delito o está en un nivel de socialización mayor para que se le traslade a un sector de convivencia en los recintos penitenciarios”, explica el abogado.

Sin embargo, aquello solo se aplica en teoría, pues en las cárceles actualmente conviven sentenciados con preventivos y los informes de estos equipos multidisciplinarios solo son formalidades en papel, pues quienes en realidad “mandan” en los recintos son los propios representantes de los privados de libertad.

TARJETAS

PARA SALIDAS

En las cárceles se manejas las Tarjetas de Control Penitenciario en Educación y Tarjetas de Control Penitenciario en Trabajo, que manejan y controlan los mismos internos, según confiere la Ley de Ejecución Penal y Supervisión 2298 y su reglamento.

Llanos explica que quienes anotan cuántas horas ha estudiado o trabajado un privado de libertad son los delegados y esos informes para acceder a los llamados beneficios penitenciarios son firmados por las trabajadoras sociales, para luego llegar al Juez de Ejecución Penal correspondiente.

“Entonces acá no hay control, no se sabe si estas personas realmente están trabajando o estudiando, porque son los mismos privados de libertad quiénes elaboran los documentos y los informes y si la trabajadora social observa estos detalles la insultan, la amenazan. El juez elabora sus resoluciones con base en estos papeles que elaboran y aprueban los propios internos”, remarca.

Las salidas personales son emitidas mediante resolución fundada, según el artículo 109 de la Ley 2298, en los casos de: “1. Enfermedad grave o fallecimiento de los padres, cónyuge o conviviente, hijos y hermanos; 2. Nacimiento de hijos del interno; 3. Realización de gestiones personales que requieran la presencia del interno en el lugar de gestión; 4. Gestiones para la obtención de trabajo y vivienda ante la proximidad de su puesta en libertad; y 5. Cuando haya sido otorgado como recompensa por el Consejo Penitenciario”.

JUEZ ALCÓN, EL

“CHIVO EXPIATORIO”

El juez Alcón, día antes de ser aprehendido y luego detenido, explicó a la red Bolivisión que emitió la resolución 890/2019 en beneficio de Choque, porque evaluó los informes y antecedentes del sentenciado, derivados del panóptico de San Pedro.

“Se le ha concedido detención domiciliaria temporal, como beneficio penitenciario, para que vaya al médico. Todos los argumentos están en la resolución, en el cuaderno de investigaciones y entre los requisitos que exige la ley está que sea una enfermedad crónica o incurable como es la diabetes que él presentó”, declaró el juez.

Parte de esa resolución citó: “Tomando en cuenta que en los recintos penitenciarios no existen la infraestructura necesaria para atender las enfermedades como las que padece el incidentista, al contrario existe un excesivo hacinamiento, es procedente en parte, la concesión de la detención domiciliaria a favor del incidentista”.

Según los antecedentes analizados, el psicópata también demostró “buena conducta” en el penal, tanto así que obtuvo las llamadas “recompensas” con salidas de hasta por 24 horas.

“Las leyes de ejecución penal son un poco benévolas, pero nosotros como jueces las debemos hacer cumplir, sobre todo en su reglamento de la Ley 2298”, acotó Alcón, que actualmente se encuentra aislado en el mismo penal de San Pedro, en calidad de detención preventiva, por haber firmado esa resolución.

Llanos considera que Alcón será “crucificado”, pero no se investigará más allá, en otros cientos de casos similares, en los que “corren los washingtones”, en referencia a los cobros en dólares que se manejan en este circuito carcelario judicial.

“Existe mucha corrupción y tan solo basta ver los patrimonios y propiedades que ostentan estas autoridades judiciales. Solamente para bajar de Chonchocoro y ser trasladado a San Pedro corren los dólares o entregan sus casas o bienes a estas autoridades, entonces se debería investigar los patrimonios de este tipo de jueces que se enriquecen mediante la corrupción en las cárceles”, exhortó el abogado y docente universitario.

INFORMES

MÉDICOS FALSOS

El psicópata, a través de abogados, había presentado un informe médico que señalaba diabetes y enfermedad crónica y terminal. Incluso se especuló con cáncer de estómago, cuando se trataba de una gastritis crónica.

El exdirector de Régimen Penitenciario aclara que los informes médicos realizados dentro de las cárceles son elaborados por médicos generales y sirven solamente para otorgar salidas de emergencia a los internos. Las evaluaciones hechas por especialistas, elevadas por hospitales de convenio que tiene el sistema penitenciario, son las que llegan a conocimiento del juez, que debe llevar, además, la firma del gobernador del recinto carcelario.

Llanos recuerda que un reciente estudio elaborado por la Universidad Pública de El Alto (UPEA) confirmó que existen al menos 500 privados de libertad que fueron beneficiados con detención domiciliaria sin ningún tipo de custodia o control en los últimos años, con base a estos informes benévolos que se elaboran dentro de las cárceles del país.

VIDAS PERDIDAS

Lucy e Iris fueron las víctimas de un psicópata sexual que debió permanecer encarcelado, por una sentencia de 30 años sin derecho a indulto que se le dictó por el asesinato de una joven en 2013. Sin embargo, ambas adolescentes de 15 y 17 años tuvieron la desgracia de caer en manos de Richard Choque.

Choque fue beneficiado con un recurso de incidente de detención domiciliaria para seis meses que firmó el juez de Instrucción Penal, Rafael Alcón, en diciembre de 2019, a menos de seis años de condena de los 30 que el delincuente debía cumplir por haber acabado con la vida de Blanca.

El psicópata sexual, calificado así por los peritos de criminalística de la Policía, fue denunciado hace unas semanas por siete mujeres bajo la figura de abuso, violación y extorsión, además de proxenetismo y pornografía, pues en sus 13 meses en libertad, Choque se dedicó a contactar a mujeres, sobre todo adolescentes, mediante el perfil falso de “Haide Mitzi Flores Alarcón” en Facebook.

Su modus operandi era contactar a las mujeres, ofrecerles ingresos como damas de compañía y montos extras de Bs 5.000 si entregaban un paquete a los supuestos “clientes especiales”. Una vez convencidas, el psicópata las citaba en alojamientos y llegaba disfrazado de policía, con una placa oficial y un arma reglamentaria que obtuvo de un reo durante sus días en Chonchocoro. Ya en la habitación, el sujeto plantaba los paquetes de cocaína, que era en realidad una mezcla de polvos de medicamentos, para comenzar su extorsión y abuso.

Choque filmaba a las mujeres con un reconocimiento de culpa por traficar drogas, además de señalar que “el oficial” encargado del operativo, aludiendo a él mismo, se había “portado bien” y no tenía “ninguna responsabilidad” en el caso. Su forma de planificar el acto era evidente y consciente y se presume que actuó así con 77 personas con las que tuvo este tipo de contactos.

Luego, enfundado como falso policía procedía a obligar a las mujeres a tener relaciones sexuales para dejarlas libres. (Visor21)