La del pasado miércoles fue la jornada más mortífera desde el golpe de Estado del 1 de febrero, con al menos 38 víctimas mortales en distintas ciudades. La oficina de Bachelet ha podido confirmar al menos 54 fallecidos desde el golpe, aunque asume que la cifra real "podría ser mucho más alta" dado que se trata solo de casos verificados.

"Es completamente abominable que las fuerzas de seguridad estén disparando fuego real contra manifestantes pacíficos. También estoy consternada por los ataques documentados contra el personal médico de emergencias y ambulancias que intentan proporcionar ayuda a los heridos", lamentó la expresidenta chilena.

La ONU reconoce que es "difícil" hacer un balance de los heridos, pero alude a "informaciones creíbles" que dan cuenta de que, "como mínimo", cientos de personas han sufrido heridas en el marco de las protestas.

Otra de las variables que examina Naciones Unidas es la de los detenidos, con "más de 1.700" arrestos arbitrarios que se extienden desde manifestantes anónimos a periodistas, activistas o figuras políticas de primer nivel, entre ellas la exlíder “de facto” del Gobierno Aung San Suu Kyi. Sin embargo, también en este caso cree que "el número real de detenidos probablemente sea mucho mayor", ya que ha habido movilizaciones en más de medio millar de puntos.

Las detenciones se han disparado en los últimos días y solo el miércoles habrían sido arrestadas al menos 700 personas. "En muchas instancias, soldados y policías estarían realizando registros puerta por puerta", ha advertido la oficina de Derechos Humanos de la ONU.

"Muchos de los arrestos y detenciones arbitrarias perpetrados desde el 1 de febrero podrían equivaler a desapariciones forzosas", señaló Bachelet, antes de reclamar la liberación "inmediata" de todos los que puedan estar entre rejas sin unas mínimas garantías.

Además, se han dado casos de condenas ya dictadas que van desde los siete días a los dos años de cárcel, mientras que las autoridades consideran prófugas al menos a 61 personas, según el recuento hecho público este jueves por Naciones Unidas, que en varias ocasiones ha expresado su preocupación por la evolución de los acontecimientos en Birmania.

La oficina de Bachelet aseguró que al menos 29 periodistas han sido detenidos en los últimos días, de los cuales al menos ocho han sido ya imputado con cargos que van desde la incitación a la oposición, el odio al Gobierno o la reunió ilegal.

RENDICIÓN

DE CUENTAS

Bachelet lanzó un mensaje a "todos aquellos con información e influencia" en Birmania -"entre ellos funcionarios que ahora se unen al movimiento de desobediencia civil"- para que respalden los trabajos internacionales encaminados a que los actuales líderes rindan cuentas por los "graves" abusos de Derechos Humanos cometidos tanto ahora como "en el pasado".

En este sentido, aludió al mecanismo de investigación sobre Birmania y a los procesos abiertos en instancias como el Tribunal Penal Internacional (TPI). "Es momento de mirar hacia la justicia y frenar el dominio absoluto del Ejército sobre la democracia en Birmania", ha remachado.

SIGUEN PROTESTAS

La represión militar no ha logrado aplacar las protestas, ni siquiera después de la mortífera jornada del miércoles. Este jueves, cuando algunas familias están enterrando a sus muertos, miles de personas han vuelto a salir a las calles de distintas ciudades para reivindicar el fin de la junta militar y la vuelta del Gobierno civil.

"A pesar de todos los tiroteos y muertes, seguiremos saliendo sin parar un día", proclamó en Facebook uno de los líderes de las protestas, Maung Saungkha, según la agencia DPA.

El mismo mensaje llega por boca de Wai Wai, desde el funeral de un manifestante de 19 años que perdió la vida el miércoles en Mandalay. "Tenemos que hacer lo que debemos hacer. Tenemos que luchar por la justicia y por las almas de los que hemos perdido por este Ejército terrorista", declaró.

Otro manifestante, en este caso de Monywa, donde seis personas fallecieron el miércoles, ha pronosticado que las manifestaciones no harán sino crecer tras el repunte de la represión: "El Ejército se cree que los civiles tendremos miedo de que nos maten, pero no es así". (Europa Press)

PIDEN ACUDIR A CORTE INTERNACIONAL

El relator especial de Naciones Unidas en Birmania, Tom Andrews, ha instado al Consejo de Seguridad, que se reúne mañana, a que "ponga en marcha acciones unificadas y decisivas contra los militares incluyendo sanciones dirigidas, embargo de armas y la remisión del caso al Corte Penal Internacional".

Andrews pedió que se envíe un caso a este tribunal en que se incluyan también los ataques contra grupos étnicos -como los rohingya- realizados en el pasado por las Fuerzas Armadas.

"Todos los días la junta militar en Birmania desencadena más brutalidad contra los manifestantes pacíficos que están en pie por la justicia, los Derechos Humanos y la democracia", aseguró en su carta.

El relator también anunció que el próximo jueves presentará un informe que prueba cómo los militares continuaron "asesinando y torturando y disparando de forma indiscriminada" a los civiles rohingya el año pasado pese a los mandatos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Entre sus peticiones, Andrews también ha recomendado a las entidades que trabajan con ayuda humanitaria evitar los mecanismos centralizados y trabajar directamente con organizaciones locales para evitar el control de los militares.

CONDENA DE UNICEF

Otro de los organismos que se ha unido a la condena "en los términos más enérgicos" de la violencia es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que denuncia la muerte de cinco niños y las graves heridas que han sufrido cuatro en la protestas.

Asimismo, también han sido detenidos otros 500 menores de manera arbitraria, según ha denunciado la organización en un comunicado.

La organización ha mostrado su preocupación también por el efecto en los niños a la acción de las fuerzas de seguridad birmana tanto en el plano físico, como por ejemplo los gases lacrimógenos, como en el plano sicológico, debido a las imágenes que deben presenciar.

Unicef pidió al Ejército que se "abstenga inmediatamente de la violencia" y ha pedido defender "el interés superior de los niños".