Reyes advirtió a la población que no puede permitirse el inicio de procesos y la posterior persecución contra los ciudadanos que lideraron las movilizaciones por el censo.
Sostuvo que las medidas de presión fueron producto de la incapacidad de autoridades que no supieron responder a las demandas de la población y permitieron que el conflicto crezca hasta llegar a la medida del paro indefinido, con todas sus consecuencias en el ámbito económico.
“Claramente no se debe permitir ninguna persecución política a causa de un conflicto que ha sido producto de la negligencia del Gobierno por no escuchar una demanda nacional”, afirmó el parlamentario.
Por ello, el legislador de oposición apunto a ministros de Estado como los principales responsables de la crisis social vivida en el país a lo largo de las últimas semanas. “Fue un pedido social nacional por el que deben responder los ministros de Planificación, Gobierno y Obras Públicas, quienes deberán ser interpelados. Son ellos quienes deben enfrentar procesos porque el pueblo ha sido víctima de su accionar poco acertado en este conflicto”, dijo Reyes.
Días atrás, desde el denominado Comité Impulsor de Justicia, se informó sobre la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía de La Paz en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por el delito de traición a la patria.
Asimismo, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, anunció un proceso contra el gobernador cruceño y otros por el bloqueo en la Red Vial Fundamental que ocasionó un gasto de más de Bs. 49.000 por limpieza.
El diputado Sandro Ramírez pidió a la Fiscalía General de Estado conformar una comisión de fiscales que investiguen de oficio los procesos penales por los delitos de “daños y perjuicios” en contra de los impulsores del paro de 36 días.