La menor quedó embarazada tras ser violada por el padre de su padrastro, quien se encuentra con detención preventiva en el penal de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“El Ministerio de Salud y Deportes comunica (…) que ha procedido a la conformación del equipo médico multidisciplinario compuesto por 10 profesionales y especialistas de alto nivel para la valoración médica científica de la menor embarazada”, se lee en parte del comunicado de Salud.

El 2 de noviembre pasado, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispuso la valoración integral mediante un comité de especialistas y el traslado de la niña a un lugar donde no esté expuesta a influencias.

“La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz resuelve: único: conceder en parte la tutela solicitada por la Defensoría del Pueblo”, indica la parte central de la Resolución 241/2021.

Instruye también organizar “un equipo médico del más alto nivel, compuesto por los profesionales especialistas más destacados en cada materia que deben ser escuchados; pueden ser ginecólogos, obstetras, psicólogos, pediatras, al tratarse de una menor para que se realice una valoración integral” a la víctima.

La resolución complementa que la Sala “no puede pronunciarse respecto a que prosiga o no la interrupción legal del embarazo, esa es una arbitrariedad, pero sí va a disponer que se genere el informe médico a partir de la conformación de la comisión”, indica el documento.

Asimismo, el artículo cuarto de la resolución judicial pide a la Fiscalía emitir informes detallados cada cinco días hábiles del avance del proceso de investigación abierto contra el agresor, de los que resultaren cómplices, partícipes y en contra quienes deba iniciarse el proceso identificados en esta audiencia.

La Defensoría del Pueblo interpuso un recurso judicial para resguardar los derechos de la niña. Denunció al responsable de la Niñez de Yapacaní, a la responsable de la Defensoría de la Niñez de Santa Cruz y al director del Hospital Percy Boland.

“NAZCA VIVO”

Desde el momento que acudieron al centro de salud en Yapacaní, tanto la niña de 11 años que se encuentra embarazada, como su madre, decidieron que el bebé que ya cumple seis meses de gestación nazca vivo.

En entrevista con la red Unitel en Santa Cruz, la madre de la niña que fue víctima de violación aclaró que en ningún momento estuvieron de acuerdo con “interrumpir” el embarazo, más aún luego de las revisiones y explicaciones médicas recibidas.

“Desde que me explicaron en el hospital de Yapacaní que había un riesgo en ambos casos, tanto como en el aborto, como de continuar con el embarazo, nosotros decidimos que continué con el embarazo”, declaró en reserva de identidad.

El abogado Franz Barrios escribió en su cuenta de Facebook que la “justicia constitucional no puede obligar a los profesionales médicos a practicar un aborto, pasadas las 20 semanas de gestación”.

El profesional se refirió al artículo 3 (Principios) de la Ley 3131 del Ejercicio Profesional Médico dispone.

“C) el médico en el ejercicio de su profesión actuará con autonomía e independencia, guiado por normas y protocolos vigentes. Y esto sumado a que: a) la profesión médica está consagrada a la defensa de la vida, cuidado de la salud integral de la persona, familia y comunidad. Son imperativos categóricos que cierran la protección normativa en torno a las dos vidas”, apuntó.