Reprochando las mentiras del Gobierno en sentido de haber garantizado la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda para esta gestión y posteriormente reprogramar su ejecución, la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, anunció que en el ejercicio de su labor parlamentaria de fiscalización, elevó peticiones de informe para que el Ejecutivo explique el destino que se le dará a los préstamos aprobados por el Legislativo para esta actividad.

La parlamentaria de oposición nuevamente cuestionó la determinación de postergar el Censo manifestando que de esta forma se comprueban las mentiras de la actual administración y se maneja de forma irresponsable el tema de los préstamos asumidos por el Estado para la aplicación de la encuesta de carácter nacional.

“Una vez más el Movimiento al Socialismo le ha mentido a los bolivianos; nos mintieron cuando dijeron que el proceso se estaba llevando adelante sin ningún problema; nos mintieron cuando dijeron que se había llevado adelante la actualización cartográfica; nos mintieron cuando fueron a la Asamblea Legislativa a decirnos que evidentemente se iba a llevar este Censo y nos hicieron endeudar a los bolivianos con dos créditos”, afirmó Nayar.

Por ello, adelantó que en el marco de su labor fiscalizadora como asambleísta nacional, remitió peticiones de informe escrito al Órgano Ejecutivo, en las que se solicita conocer el destino que se le dará a los recursos producto de dos préstamos millonarios contraídos para la ejecución del Censo de Población y Vivienda, inicialmente programado para esta gestión, montos que fueron aprobados semanas atrás por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El pasado lunes, Nayar formó parte del grupo de parlamentarios y concejales opositores que presentaron un demanda penal por incumplimiento de deberes en contra de autoridades del Ministerio de Planificación y el Instituto Nacional de Estadística, esto por la reprogramación del Censo.

Este grupo, conformado por los diputados, Jairo Guiteras, Senaida Rojas, Iván Canaviri y Richard Ribera de Creemos, además de los concejales de Comunidad Ciudadana Autonomía, Marcelo Vidaurre, Karina Orihuela, José Antonio Alberti, y Juan Carlos Medrano, presentaron ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz una denuncia penal por incumplimiento de deberes contra el ministro Sergio Armando Cusicanqui Loayza, y el director interino del Instituto Nacional de Estadística, Gastón Elías Cordero Crespo, por una supuesta retardación ilegal en la ejecución del Censo de Población y Vivienda.

Sobre esta denuncia, Nayar sostuvo que se busca justicia ante una determinación arbitraria que posterga las aspiraciones de regiones y las necesidades de la población.

“La denuncia está siendo presentada por incumplimiento de deberes, toda vez de que se está vulnerando fehacientemente lo establecido en la normativa, se está postergando a las regiones la mejora en la calidad y en la condición de vida de todos los habitantes bolivianos”, manifestó Nayar.

En la parte petitoria de la denuncia penal presentada por diputados de Comunidad Ciudadana y Creemos, se demanda que por lo expuesto, con la facultad conferida por los Arts. 16, 70, 76, 284, 285 y 289 del Código de Procedimiento Penal, interpongo Denuncia Penal contra: Gastón Elías Cordero Crespo, en su calidad de director ejecutivo interino del Instituto Nacional de Estadística y Sergio Armando Cusicanqui Loayza, en su calidad de ministro de Planificación del Desarrollo, por la comisión del delito de: Incumplimiento de deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del Código Penal, bajo la modalidad de autoría, acorde al Art. 20 del Código Penal.

Tras la reunión del Consejo Nacional de Autonomías, donde participaron ocho de nueve gobernadores, alcaldes y representantes de los gobiernos autónomos, se solicitó postergar el Censo hasta el año 2024, medida que posteriormente fue oficializada por el Gobierno mediante Decreto Supremo.

Posterior a esta determinación, autoridades, instituciones y cívicos del departamento de Santa Cruz, expresaron su rechazo a la decisión y se anunció un paro cívico para el próximo 25 de julio, esto en caso de que el Gobierno Nacional no atienda el pedido de anular el decreto que reprograma el Censo.

Desde el oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, cuestionó a autoridades cruceñas por convocar a medidas que generan pérdidas por más de 30 millones de bolivianos. “Solamente se va ocasionar pérdidas que tranquilamente podrían ser utilizadas para que nuestra población se inyecte en el crecimiento económico”, dijo.