Asegurando que las recientes determinaciones del gobierno peruano para impedir el ingreso de Evo Morales a su territorio, son una muestra de que el líder cocalero conspira y exporta odio a la región, parlamentarios de oposición exigieron sanciones para el expresidente por afectar las relaciones del Estado boliviano con países vecinos.

Para el diputado por Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, la respuesta de la República del Perú a la injerencia de Morales es la mejor prueba de que, en los últimos años, la exautoridad se ha encargado de afectar no solo la democracia del país sino de toda la región.

“Con esto podemos ver que Morales es el conspirador de América y no solamente busca destruir la democracia en este país, sino que está exportando su destrozo y su odio a la democracia a países vecinos”, indicó Reyes.

Por ello, el parlamentario paceño pidió que autoridades nacionales también asuman medidas y sancione el actuar del dirigente cocalero, pues mediante sus acciones y palabras quedan afectan las relaciones del país con sus vecinos.

“Exigimos al presidente Luis Arce Catacora, una sanción en el país, ya que se están afectando las relaciones internacionales del gobierno boliviano y seguramente también van a quedar afectadas las relaciones comerciales que tenemos, por lo que Morales debe ser sancionado en el país”, dijo.

Por su parte, el diputado Miguel Roca, precisó que la restricción a Morales debe entenderse como una respuesta, no a su derecho a expresarse, sino una sanción a sus acciones injerencistas en el vecino país, alentando la inestabilidad y la crisis por la que se atraviesa en la actualidad.

“El exmandatario tiene toda la voz y hace abuso de esa voz, porque nadie le restringe su derecho pero él ha ido a ese país a agitar en base a la política interna del país vecino, no es que Morales fue a hablar sobre Bolivia”, sostuvo Roca en conferencia de prensa.

Así mismo, le legislador advirtió que las acciones de Morales están tipificadas en el artículo 114 del Código Penal boliviano, en lo relacionado a posibles “acciones hostiles a una potencia extranjera”, por lo que este delito, de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, debe ser sancionado.

En este sentido, Roca lamentó que las relaciones del Estado boliviano con Perú estén atravesando por un momento delicado al grado de que se haya retirado a la embajadora de este país en territorio nacional, sin tener datos oficiales sobre cuándo se restituya a este importante cargo diplomático.

“Es terrible para los intereses nacionales romper relaciones con nuestro otro vecino del pacífico, no tenemos relaciones con Chile y encima romper relaciones con Perú por culpa de Morales es preocupante”, afirmó.

Añadió que otro de los resultados a causa de las acciones de Morales se puede ver claramente en la actual situación de la frontera sur del Perú, donde cientos de ciudadanos bolivianos se ven perjudicados por las medidas de presión aplicadas por grupos radicalizados.

El legislador finalizó adelantando que se estudia la posibilidad de iniciar acciones legales contra los actos de Morales que perjudican los intereses nacionales. “Quien conoce un delito tiene que denunciarlo y lo vamos a hacer, lo estamos estudiando con abogados penalistas”, anunció.

Desde el oficialismo se insiste en que la determinación del gobierno peruano responde a una campaña de calumnias contra el líder del partido azul.

“En ningún momento lo hemos visto incitando (en Perú), sí hace consejos y observaciones públicamente, no hemos visto que haya ido al congreso a meter algún documento o haya dicho que llama a organizar o liderar estas actividades. Son calumnias de la derecha, la oposición y Estados Unidos”, sostuvo la senadora oficialista, Simona Quispe.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, el vicecanciller Freddy Mamani, señaló que se trata de “una decisión asumida por una instancia Estatal del gobierno de Perú y en función de la política exterior boliviana de no injerencia en asuntos internos, no vamos a hacer comentarios sobre los hechos que la fundamentaron”.

No obstante, no se comparte la decisión asumida por la Superintendencia Nacional de Migraciones de la República del Perú pues ésta “afecta los derechos de los nueve ciudadanos bolivianos”, referidos.