El Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) quitó de los salarios de los trabajadores Bs 180.000 millones adicionales a los efectivamente recibidos en el período 2006-2016; en comparación, los bonos Juana Azurduy, Juancito Pinto y Renta Dignidad, que fueron pagados en ese período, suman alrededor de Bs 20.000 millones, reveló el director ejecutivo y analista en temas económicos del Instituto de Asistencia Social Económica y Tecnológica (Inaset), Enrique Velazco.

“Si el proceso de cambio vigente en el país, hace más de quince años, hubiera mantenido el promedio neoliberal de 34.1 % del Producto Interno Bruto (36.1 % en el año 2000) como la participación de las remuneraciones, los asalariados habrían recibido, entre 2006 y 2016, unos 180 mil millones de bolivianos adicionales a los efectivamente recibidos”, alertó.

La afirmación del investigador en desarrollo productivo contradice la versión oficialista que destaca prosperidad y una distribución equitativa de la riqueza. “Sucede que el modelo económico subió los impuestos y contribuye, sostenidamente, al deterioro gradual del salario que reciben los trabajadores”, aseguró Velazco.

“En el proceso de cambio (2006-2021) respecto al período denominado neoliberal, la participación de los impuestos en las cuentas del ingreso pasó del 14,2 % al 22,4 % del Producto Interno Bruto-PIB a costa de la caída en la remuneración de los asalariados del 34,1 % al 26,7 % del PIB”, mencionó el experto en declaraciones que hizo a Radio Compañera, en la ciudad de La Paz.

Si hubiera habido una distribución equitativa de la riqueza, pero aún más, el crecimiento económico hubiera sido útil para la gente, habría incidido más directamente en el crecimiento, porque el consumo de los hogares –sustentado en un ingreso laboral digno– es el mayor componente en la estructura del PIB-gasto, subrayó.

En consecuencia, como las cifras muestran el aumento del empleo precario e informal, se infiere que el crecimiento en el proceso de cambio no fortaleció la capacidad productiva ni el empleo digno, sentenció.

Al respecto, en declaraciones a un programa radial, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, admitió está situación cuando declaró que una persona que vende dulces en la calle tiene empleo, pero informal, a pesar de que tiene un ingreso diario por debajo de un dólar.

“Más de 1.1 millón de personas volvieron a reinsertarse en el mercado laboral, sea en empleos formales o informales. La tasa de desempleo el año 2020 estaba cercana al 12 %, y bajó (en a 2022) al 5.2 % y son elementos que se deben tomar en cuenta”, manifestó.

En las declaraciones que realizó a Radio Compañera, reconoció que “si una persona no tiene seguridad social, no tiene un tema relacionado con pago de impuesto, sí se puede considerar como un empleo informal”, afirmó la autoridad financiera.

Montenegro fue incluso más lejos. Dijo que los vendedores de dulces callejeros entran en las estadísticas que muestra una aparente recuperación del empleo, tanto formal como informal en el Estado, después de una dura recesión económica, que aún vive el Estado.

“La gente ha mejorado su situación. Está generando ingresos”, aseguró también el ministro y puso en la agenda un tema de yapa, al informar que el Gobierno trabaja en varias reformas estructurales para mejorar el empleo y el salario en el país.

Aunque no hizo referencia a la calidad del salario que reciben quienes trabajan, por ejemplo, en actividades informales, donde el salario está por debajo del mínimo nacional (Bs 2.164), Velazco vio la oportunidad de aclarar que está pasando con la remuneración con relación a los impuestos que debe pagar la gente.

Mencionó, en este sentido, para ilustrar mejor está cruda realidad, lo que sucede en América del Sur y qué pasa en Bolivia con referencia al impuesto vs la remuneración al trabajo.

“En el Ecuador, la relación entre la masa salarial destinada a remunerar el trabajo en la distribución del PIB-ingreso es siete veces mayor a las recaudaciones tributarias; en Argentina, Chile y Brasil, es tres veces más. En Bolivia es “tas con tas”, es decir, la magnitud de las recaudaciones es comparable a la que se asigna como remuneración por el trabajo asalariado”, explicó.

Sobre la base de estos antecedentes, Velazco afirma que la “política tributaria en Bolivia es altamente agresiva respecto a la remuneración al trabajo, lo que limita, sin duda, a la reducción de la pobreza, porque los impuestos se transfieren al consumidor final, con lo que se incide, estructuralmente, en una reducción directa de la capacidad de consumo que tienen los salarios en la actividad económica. Entonces, a menor demanda, baja el empleo formal”, apuntó.

En los hechos, los impuestos son gravados no solo a los trabajadores que tienen una fuente laboral formal, sino también llega a quienes realizan actividades productivas en el ámbito informal de la economía.

Pero el esfuerzo fiscal que hacen los ciudadanos, no retorna en más y mejores servicios; como muestra el PGE 2022, se espera recaudar cerca de Bs 42.000 millones en el mercado interno, pero se destinarán más de Bs 52.000 millones para pagar sueldos, salarios y prestaciones sociales en la administración pública. (Brújula Digital)

Sueldo más chico y deteriorado

Según Velazco, el ingreso laboral real, que percibe la población económicamente activa, “no aumentó”, por el contrario, “en la estructura del PIB cayó entre el 2000 (período neoliberal) y el 2016 (proceso de cambio)”.

El ingreso laboral en Bolivia “está cada día peor porque el empleo formal, remunerado, no ha mejorado y, en todo caso, está deteriorándose”, recalcó. Así, por ejemplo, la industria manufacturera, en la década de 1980, empleaba al 20 % de la población económicamente activa, hoy está alrededor del 10 %, aseguró el investigador del Inaset.

El comportamiento estructural de las variables económicas está poniendo a luz pública la “mala calidad social del crecimiento económico boliviano”.

Además, el poder adquisitivo real que tiene el salario en Bolivia a partir de 2006, en realidad se ha reducido y recién comienza a levantar cabeza. Vale decir que a pesar del aumento nominal que el Gobierno anunció, año tras año, lo que puede comprar un trabajador con el dinero que recibe es menor que antes, aseguró.

“El punto es que la economía solo es saludable si responde a las necesidades de la gente en término de empleo y bienestar, condición que no es posible alcanzar sin definir un ‘objetivo social’ para la economía”, sostuvo el investigador. Este objetivo debería estar alineado con las expectativas de una economía de pleno empleo, antes que con maximizar la tasa de crecimiento.

En criterio de Velazco, nuestro atraso no se debe a falta de recursos ni de capacidades, sino a la incompetencia de la clase política, que es incapaz de entender que el cambio crítico no es transformar para controlar la estructura de poder, sino que, quienes toman el poder, generen la capacidad social de implementar nuevas ideas en beneficio “de y para la gente”.