Para las 10:00 horas del jueves 19 de enero de 2023, está programada la audiencia virtual donde se dará lectura a la sentencia del caso de violación de Brisa de Angulo Losada que se trata en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). La denuncia al Estado de Bolivia es por no garantizar el derecho de acceso a la justicia.

De acuerdo a la denuncia, la joven que fue violada y torturada repetidamente por un familiar adulto en 2002, en Cochabamba, buscó justicia y el apoyo del Estado boliviano, pero no fue escuchada.

La abogada Jinky Irusta, que patrocina a Brisa, en entrevista anterior, informó a EL DIARIO que “Brisa no está buscando un resarcimiento económico sino que el Estado boliviano modifique varios aspectos respecto a la protección integral a las víctimas de violencia sexual, que se modifiquen los aspectos de la prescripción, que se modifique la ley penal respecto al delito de estupro y se trabaje en prevención”, dijo.

HORROR

En su declaración ante el tribunal de la Corte IDH, en marzo de 2022, Brisa dijo que: “han sido 20 años de horrores, dolor e incontables lágrimas. (…) Estoy aquí porque fui devastada por la violencia sexual, pero fui destruida aún más fuerte por las acciones del Gobierno”.

Cuestionada sobre las razones por las que no denunció antes, explicó que ni siquiera sabía que lo que le pasaba era un ilícito y que además tenía miedo, ya que sabía de lo que su agresor era capaz.

“No sabía que lo que me estaba pasando era un crimen. Mis padres no sabían que la violación incestuosa era un crimen, aunque son personas educadas. Mi agresor, como muchos otros agresores, era muy bueno para mantener el silencio de la víctima. Él era un adulto en mi familia, él era el que debía guiarme, protegerme, se supone que yo debía ver el mundo a través de sus ojos, así que nunca pensé que lo que me hacía, pese a que lo odiaba, era un crimen”, relató.

Brisa relató su primer encuentro con una fiscal, quien la instó a quedarse callada. Primero le dijo que no le creía y que la denunciaría por difamación, y luego, que incluso si las denuncias eran verdaderas, era “cruel” por hacer pasar a su familia por eso.

Describió que su examen médico forense fue una de las peores experiencias de su vida, siendo que cinco hombres le pidieron sacarse los pantalones, sin pasarle una bata. Estaba sin la compañía de su madre y ante la solicitud de que los estudiantes de medicina presentes salieran de la sala, la víctima se enfrentó a sus risas.

La víctima alegó que el Ministerio Público no llevó a cabo una investigación diligente, responsable en cumplimiento a lo establecido en la norma en este caso de abuso, no se encausó debidamente el proceso penal con base en la prueba disponible y habría sido víctima de discriminación por razón de género y edad.

A nombre del Estado, la Procuraduría General del Estado, aseguró en la audiencia que no pone en duda la existencia de la agresión sexual; sin embargo, la denunciante refutó esa aseveración con los documentos que presentó el Estado boliviano a la Corte donde se cuestionaba la existencia de la agresión sexual y se insinuaba que ella era “una persona de vida libre”.