El tercer imputado de haber incurrido en los delitos de secuestro y tortura contra seis periodistas el 28 de octubre de 2021, Nelson Rivadeneira Escalante, fue liberado con medidas sustitutivas, el miércoles 30 de noviembre. La abogada Raquel Guerrero aclaró que para el extremo no se instaló la audiencia dejando en indefensión a las víctimas.

Rivadeneira fue enviado a la cárcel el 24 de julio de 2022, pero el juez Roberto Cruz Hurtado le permitió salir de prisión y asumir su defensa legal con el beneficio del arresto domiciliario.

De igual manera se había procedido en junio de este año con Sixto Canaza y Paulino Camacho, también identificados por las víctimas como parte del grupo armado que el año pasado retuvo a 17 personas, entre ellos seis periodistas, que se habían desplazado para realizar la cobertura de una toma violenta del predio agrícola privado Las Londras, localizado en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz.

Entre los antecedente del caso, la firma de Rivadeneira apareció como contraparte en un documento que los captores hicieron firmar a los trabajadores de la prensa bajo presión para desvirtuar malos tratos durante el plagio y un compromiso de no volver a realizar cobertura periodística en la zona, una acción tipificada como coacción.

SIN AUDIENCIA

Raquel Guerrero, abogada de los periodistas, declaró a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que “el vocal Walter Pérez Lora, de la Sala Tercera en lo Penal, decidió a favor del imputado Nelson Rivadeneria sin instalar la audiencia, incumpliendo su deber de autoridad judicial y dejando en indefensión a la víctima”.

Además, la abogada aseguró que “el juez Roberto Cruz Hurtado fijó audiencia virtual en vez de presencial ayer para los actualmente prófugos Nicolás Ramírez Taboada y Martín Tejerina Villalobos con el propósito de favorecerlos, tomando en cuenta que la Fiscalía pidió detención preventiva pero la orden de arresto no podrá ser ejecutada”.

AUDITORÍA

Por su parte, en conferencia de prensa, la diputada nacional María René Álvarez, del partido opositor Creemos, dijo que solicitó que el Consejo de la Magistratura realice una auditoría al proceso judicial del ‘caso Las Londras’ al considerar que se ha beneficiado a los acusados, pese a existir pruebas en su contra.

El fiscal General, Juan Lanchipa, anticipó que se presentará una apelación para revertir la decisión del juez Hurtado de conceder arresto domiciliario al acusado Rivadeneira y se pedirá que vuelva a cumplir la prisión preventiva, en tanto concluye el proceso.

Los sindicados son dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, un grupo afín al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).