Asimismo, de acuerdo al informe, desde la acción institucional del entorno Legislativo se obtuvo una marcación de 3,45, con una influencia moderada. Si bien el marco normativo en el país garantiza el pleno ejercicio de los derechos de libertad de expresión y prensa, han existido intentos de restringir los mismos, en el marco de la discusión de dos proyectos de ley, ambos propuestos por el bloque parlamentario del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional entre 2020 y 2021.
El primero, en agosto de 2020, en plena campaña de elecciones generales, la Cámara de Diputados, volvió a la polémica con el “Proyecto de ley que sanciona el uso inadecuado de redes sociales en el Estado Plurinacional de Bolivia” (PL 733-19), tras la difusión de imágenes inapropiadas y ofensivas contra la dignidad de la mujer que supuestamente correspondían a la presidenta de la cámara de Senadores, Eva Copa, del MAS.
Si bien el documento no llegó a ser debatido entre legisladores, generó alta resistencia e impugnación públicas al conocerse el nuevo intento de penalizar el uso de redes sociovirtuales, por lo que quedó congelada en el marco de la campaña presidencial de 2020.
La segunda tentativa legislativa se dio en mayo de 2021 cuando se debatió el Proyecto de Ley 164 para ampliar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales que operan en Bolivia, tales como Netflix, Spotify, Amazon Prime Video, compras de videojuegos, suscripciones a diarios digitales extranjeros, entre otros.
Dicha propuesta impositiva se consideró, desde el criterio de analistas y la percepción de usuarios, como atentatoria al consumidor final; primero por el encarecimiento del acceso a esos servicios y, segundo, porque llevaría también a restricciones progresivas. De la misma manera, la propuesta fue iniciativa de la representación parlamentaria del MAS y quedó postergada hasta que la norma sea “socializada”.