La resolución de la Sala Constitucional Cuarta de La Paz, sobre la designación del nuevo Defensor del Pueblo, crea jurisprudencia para que el Ejecutivo designe autoridades y pase sobre las atribuciones de la Asamblea Legislativa (AL), según analistas.

“Nombrar una autoridad por Decreto, porque no pudo nombrar la AL, lo que va a hacer es crear jurisprudencia, una vez creada la jurisprudencia con el Defensor del Pueblo, el resto de las autoridades las van a poner por Decreto. La AL va a acabar siendo una figura nominal porque el Ejecutivo va a tomar decisiones de las designaciones fortaleciendo el presidencialismo, debilitando al parlamento y toda la institucionalidad democrática del país”, advirtió la analista y politóloga Jimena Costa, en entrevista con radio Panamericana.

El jueves, la Sala Constitucional Cuarta de La Paz abordó la acción de cumplimiento sobre la designación de la Defensoría, interpuesta por Edgar Salazar, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdhb) afín al Movimiento al Socialismo (MAS), quien indicó que esa instancia resolvió exhortar a los legisladores a sesionar para designar un titular de la Defensoría.

Costa manifestó que el fallo judicial que otorga 70 días a la AL para ponerse de acuerdo y elegir un Defensor es “peligroso”.

“Un fallo judicial con el que se da 70 días es peligroso porque no se van a poner de acuerdo, los intentos previos muestran que el MAS al no tener los dos tercios está impedido de imponer autoridades. Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos no van a permitir que se nombre a alguien del oficialismo, por lo tanto si la AL no designa en los 70 días va a salir el Presidente y a través de un Decreto ratificará a la interina Nadia Cruz”, dijo.

En similar criterio, el analista Carlos Börth manifestó que al no tener los dos tercios en la AL, el MAS ya no “puede designar cualquier cosa a su antojo como lo hacían”.

“Antes no necesitaban consultar a nadie, tenían los dos tercios y ponían lo peor de lo peor, salvando excepciones. No han podido designar Defensor del Pueblo, no van a poder designar Contralor y el Ejecutivo va a continuar trabajando en escenarios de deslegitimación permanente”, advirtió.

ELECCIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL

El ministro de Justicia, Iván Lima, abrió la posibilidad de que el Órgano Ejecutivo nombre al titular de la Defensoría y hasta a magistrados del Órgano Judicial.

“Lo que debe quedar claro en una democracia es que cuando la Asamblea Legislativa no ejerce su atribución, no puede interrumpirse la labor del Estado. (…) Por lo tanto, el Contralor, Defensor del Pueblo y el próximo año las 26 autoridades de la justicia están enmarcadas en ese desarrollo constitucional. Si la Asamblea Legislativa no toma la decisión y el mandato que le da la Constitución de elegir, tendrá que ser otro órgano del Estado quien tome medidas de emergencia”, afirmó la autoridad el viernes.

Al respecto Börth apuntó que lo preocupante es que en abril de 2023, comienza el proceso electoral para el Órgano Judicial, cuyas elecciones deberían darse en octubre de ese mismo año.

“Las elecciones serán en octubre, pero el proceso empieza en marzo y abril a más tardar, no tienen dos tercios, no van a poder designar los que ellos quieran y estamos ante las puertas de mayor desinstitucionalización y la crisis de la justicia”, advirtió.

CONSTRUCCIÓN DE CONSENSOS

A su turno, el vocero presidencial Jorge Richter manifestó que la elección del Defensor o Defensora del Pueblo requiere que en el país se pueda establecer un ejercicio de construcción de consensos para poder institucionalizar a aquellas instituciones que el país necesita.

“En noviembre de 2021 los sectores opositores requerían y pedían dos tercios para poder trabajar leyes en consenso y estas cuando han tenido la posibilidad de tener dos tercios han dado la espalda a lo que significa un trabajo de consensos. Esperemos que en agosto el Contralor pueda ser elegido y nombrado por la AL en función al consenso, estamos en proceso de nominación”, apuntó.