El Ministerio de Gobierno se adhiere como parte coadyuvante o víctima en casos penales con el propósito de influenciar en los procesos penales por la presión política que ejerce, señalaron tres juristas consultados por ANF.

A pesar de que incluso esta cartera de estado “infiltra” funcionarios de la policía y civiles en las manifestaciones de las organizaciones para “armar casos”, el Ministerio Público y los jueces aceptan esta situación que muestra qué tan politizada está la justicia.

Jorge Valda, abogado de los dirigentes cocaleros Raúl Uria y César Apaza, cuestionó que el Ministerio de Gobierno se constituya como parte en los procesos que se siguen a los productores, cuando también guarda responsabilidad en los hechos, como el más reciente con la quema del predio de la organización de Arnold Alanes, que reclama la dirección de la Asociación de Productores de Coca de Los Yungas de La Paz (Adepcoca). Los productores afines al dirigente Freddy Machicado denunciaron la presencia de policías infiltradas en la movilización que azuzaban la quema del predio.

El jurista rechazó el apersonamiento del Ministerio luego de que incluso reconoció la infiltración de uno de sus funcionarios en las marchas de protesta por el cierre del mercado paralelo.

“No se le puede dar titularidad o representación a quien no la tiene, o lo que pretenden es que se siga influenciando en el proceso, el gobierno no puede seguir montando procesos porque eso es lo que ha hecho con personal infiltrado, con policías que no son policías”, dijo Valda en una audiencia.

Valda también rechazó la actuación policial fuera de la norma, con detenciones en las madrugadas y con funcionarios sin identificación y con autos sin placas, en procedimientos conocidos solo en gobiernos dictatoriales.

Recordó que por este proceder ilegal en el caso del dirigente cocalero César Apaza, un juez que declaró procedente la acción de libertad, calificó de ilegal la aprehensión del productor que fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva tras ser acusado de varios delitos penales.

El jurista y político Roberto de la Cruz dijo que en algunas audiencias se ha observado la presencia de autoridades o personeros del Estado en procesos penales, “convirtiéndose esta situación en una especie de pelotón de fusilamiento contra los acusados y eso no corresponde”.

Refirió que los funcionarios del Gobierno solo pueden apersonarse en casos donde hay afectación al Estado como la seguridad del Estado, pero en casos de delitos de acción pública como el caso de los cocaleros de Los Yungas no corresponde.

“Si el Gobierno interviene en este caso, es ilegal”, apuntó.

La abogada Mireya Gutiérrez cuestionó que el Ministerio de Gobierno se involucre en algunos casos donde como dependencia estatal “nada tiene que hacer”, pero con su sola presencia “ejerce presión política” sobre jueces y fiscales.

Frente a esta situación “los jueces y fiscales se dejan guiar y lastimosamente la política es tan fuerte en el ámbito fiscal y en los tribunales departamentales” que los resultados terminan distorsionados. “Por eso en la justicia nada está marchando bien”, apuntó.

El activista de Derechos Humanos David Inca explicó, en el caso de la figura jurídica denominada “tercero interesado”, que no es propiamente el que hace la denuncia o la querella, puede ser una institución o una persona particular o colectiva, el tema atañe indirectamente.

Dijo que esta figura si bien la pueden usar terceras personas que advierten que sus derechos podrían estar comprometidos ya sea porque el resultado de la sentencia indirectamente le puede afectar o beneficiar o porque una sentencia le puede afectar directamente, ejercen una presión administrativa sobre el caso, como un control social, pese a que casi ellos no toman la palabra, no asumen la argumentación jurídica o la presentación de pruebas, pero “el solo hecho de estar ahí sentados y que sean nombrados por el secretario, ejerce una presión”.

“Y la presión es mucha más fuerte cuando el secretario debe mencionar al representante de un determinado ministerio, eso tiene su peso correspondiente”, indicó.

Inca remarcó que, si bien este mecanismo sirve de presión social para que las autoridades jurisdiccionales hagan bien su tarea, “también puede ser utilizado para presionar al funcionario jurídico, para que en cierta manera haya una cierta permisibilidad hacia una acción que podría ser negativa”. (ANF)