El 23 de noviembre de 2011, el Ministerio Público presentó una acusación pública contra la ahora juez Milenka Gutiérrez y otras tres personas por la desaparición de 50.000 dólares de la sección de Custodia de Evidencias y Valores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Ese año, Milenka Gutiérrez fungía como abogada y asesora legal del departamento de la Policía Técnica Científica, designada mediante memorando 39/2009 de fecha 26 de junio del año 2009, efectuada mediante orden del coronel Alberto Aracena.

El 2009 se dispuso el secuestro de dos sumas de dinero, la primera de ellas por el monto de 50.000 dólares y la segunda por 132.800 dólares. Ambas sumas fueron recuperadas tras dar con los autores materiales del asesinato y atraco al empresario, socio de Catler-Uniservice, el tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach, en la ciudad de La Paz, quien llevaba consigo la suma de 450.000 dólares.

Esos dineros fueron remitidos a la oficina de Custodia y Evidencia, que estaba a cargo del teniente Roberto España, a quien se entregó los montos económicos suscribiendo las actas de recepción en fecha 29 de enero de 2009 y 17 de febrero de 2009, respectivamente.

En fecha 25 de enero del año 2010, la comisión de fiscales del caso Catler emite requerimientos exigiendo que el encargado de Custodia de Evidencias entregue el dinero secuestrado en favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sin embargo, España hace caso omiso.

El 1 de abril del año 2010 se habría sustraído varias evidencias de la oficina de Custodia y Evidencia, entre ellos los 50.000 dólares del caso Catler.

Posteriormente, los acusados, entre ellos Roberto España y Milenka Gutiérrez, aparentan un supuesto hecho de robo perpetrado por terceras personas, intentando hacer creer que al momento del robo, el encargado se encontraba delicado de salud e internado en la clínica Virgen de Copacabana, empero la internación no contaba con una orden de tratamiento controlado o alguna intervención quirúrgica.

Por ese hecho, Milenka Gutiérrez fue sentenciada a dos años de prisión por los delitos de peculado en grado de tentativa, encubrimiento, incumplimiento de deberes y asociación delictuosa.

En su declaración informativa, Milenka Gutiérrez expresó que nunca fue funcionaria pública y que fue invitada por el coronel Alberto Aracena para prestar colaboración en esa recepción como asesora legal, por su especialidad en investigación criminal, aclaró que el trabajo lo hacía sin goce de haberes.

Aseguró que la fecha en que se suscitó la sustracción del dinero de la oficina de evidencias, ya no desempeñaba funciones y que la involucraron en el hecho porque mantuvo una relación sentimental con el fiscal a cargo del caso, quien la habría imputado por razones personales.

OFICINA DE CUSTODIA

USADA COMO ALCOBA

En 2010, un uniformado que fue convocado por la Fiscalía en calidad de testigo, aseguró que la sala de Custodia de Evidencias era utilizada como dormitorio por España y Gutiérrez.

Refirió que uno de sus camaradas se percató de que en el lugar había un colchón acomodado improvisadamente entre cajas y otros objetos que en muchos casos son evidencias. Dijo que ambos, tanto España como Gutiérrez, tenían acceso libre a la sala referida.

MAGISTRATURA

Por otro lado, el 17 de julio de 2019 el Consejo de la Magistratura resolvió declarar probada la denuncia contra la jueza Segundo de Instrucción en lo Penal Cautelar de El Alto, Milenka Gutiérrez, acusada por faltas gravísimas, sancionándola con la destitución de su cargo, una vez que la sentencia sea ejecutoriada.

“La presente sentencia, una vez ejecutoriada, deberá ser cumplida estrictamente en la forma expuesta debiendo notificarse al encargado departamental del Consejo de la Magistratura, presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y a las instancias llamadas por ley para su conocimiento y cumplimiento aclarando que la presente resolución no librará a los mismos de pasibles responsabilidades civiles o penales”, se lee en el documento al que EL DIARIO tuvo acceso.

La acusación fue hecha porque en una audiencia de medidas cautelares, en su condición de jueza, Gutiérrez habría cedido la palabra a terceras personas, sin ser estas partes del proceso penal y quienes habrían solicitado la detención preventiva del denunciante.

Actualmente, la sentencia se encuentra en apelación, por lo que la desvinculación no se la puede hacer efectiva.

Por la misma denuncia se abrió un caso en la vía penal, empero Gutiérrez no asistió a su audiencia cautelar, por lo que la juez Cuarto Anticorrupción de La Paz, Melina Lima, la declaró rebelde, en 2019.

OTROS CASOS

En enero de 2018, el exdirector de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Marcelo Gutiérrez, pidió al Ministerio Público aprehender e imputar a los jueces Iván Córdova y Milenka Gutiérrez por la devolución “ilegal” de bienes confiscados al narcotráfico a terceras personas.

Contra ambos jueces se presentó denuncia el 2017 por los delitos de incumplimiento de deberes con afectación al Estado y prevaricato.

El 6 de enero de 2020, la Fiscalía Departamental de La Paz informó que se aprehendió a Gutiérrez por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y prevaricato, al otorgar libertad al empresario Marcelo Hurtado en ausencia de los representantes del Ministerio Público.

En septiembre de 2020, Milenka Gutiérrez concedió una acción de libertad al fiscal general, Juan Lanchipa.

VIDEO

La semana pasada, un video que se difundió en las redes sociales desató la ira de varios abogados y la sociedad en general, que no repararon en los comentarios contra la jueza que presidía una audiencia de medida cautelar.

En el video se observa que Gutiérrez en un tono bastante elevado, donde solo se escucha una especie de grito y posteriormente decir: “Termine de dictar la resolución la autoridad jurisdiccional…”, la juez hace callar a una abogada que no estaba de acuerdo con una multa impuesta de Bs 4.000.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, manifestó a EL DIARIO que, a través de la Unidad de Control y Fiscalización, realizarán un control al Juzgado presidido por la jueza Gutiérrez y de encontrar irregularidades se procederá conforme corresponda en derecho.