La presidente de la Amalap, Margot Pérez, aseguró que la Ley Financial con la que se redujo más de 174 millones de bolivianos al presupuesto del Órgano Judicial, afecta a los ítems de salarios y contratos eventuales, hasta aguinaldos.

En conferencia de prensa, la semana pasada, el ministro de Justicia, Iván Lima; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Olvis Égüez; y el presidente del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, dieron a conocer que el descuento para los funcionarios administrativos llega hasta un 11 %, de los magistrados a un 8 %, y en menor proporción para las jefaturas administrativas nacionales, departamentales y vocales; los jueces públicos recibirán menos un 3,3 % y los jueces instructores un 2,5 %.

La afectación al salario de los magistrados será con un monto aproximado de Bs 1.800 a 1.900 de los 22.000 que ganan al mes y para los jueces representa un descuento de Bs 400.

Pérez acotó que los salarios que tienen los operadores de justicia en el país no tienen comparación con los de la región, y con el recorte ni siquiera habría un límite de comparación con otros sistemas judiciales, que también viven la pandemia.

En esa misma línea, aclaró que la mora procesal es el resultado de la sobrecarga, misma que no tiene comparación con los de la región, siendo que los jueces del país asumen una carga de tres jueces a nivel internacional.

El ministro apuntó que el aparato administrativo del Órgano Judicial es el que más consume el presupuesto, por lo que sugirió ajustes en esa área.

Por otro lado, manifestó que con la reducción presupuestaria es difícil asumir una reestructuración al sistema judicial porque no será efectiva siendo no se podrán llenar las acefalías existentes ni tampoco contar con jueces especializados.

“No vamos a poder contratar más jueces, no se va a poder cumplir con las leyes en sentido de poder tener jueces de extinción de dominio, los jueces anticorrupción que andan cumpliendo dos competencias anticorrupción y violencia contra la mujer y tampoco se van a poder llenar los cargos acéfalos, estamos hablando de una reforma que solo quedará en los papeles y la política, porque no va a ser efectiva y no es porque los jueces no quieran sino por la mala política que se está implementando en el Órgano Judicial”, dijo Pérez a Contacto Bolivia.

PRONUNCIAMIENTO

Asimismo, la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia y la Amalap resaltaron que no es racional ni concebible que las medidas de recorte presupuestario se pretendan aplicar al jurisdicción de La Paz sin tomar en cuenta los crecientes requerimientos de presupuesto del Órgano Judicial, en condición a la carga procesal y el crecimiento poblacional poniendo en riesgo el normal funcionamiento de la institución.

La Autoridades resaltaron que la medida que busca aplicarse debe ser coherente y producto de un análisis detallado de la planilla presupuestaria en la que se establece que el personal administrativo del Órgano Judicial tiene salarios superiores a los jueces cautelares cuya carga procesal es grande y la responsabilidad de la función más aún.

También dejaron establecido que como autoridades judiciales y en coordinación con la Amalap, realizarán las acciones legales correspondientes en estricto apego a la ley, para rechazar la aplicación de estas medidas que consideran atentatorias.

Finalmente, reafirmaron su compromiso para garantizar el normal desarrollo de actividades en el Órgano Judicial, pese a la coyuntura desfavorable que atraviesa.

GOBIERNO

El ministro Iván Lima, en conferencia de prensa, el jueves 4 de febrero, lamentó que sectores “privilegiados” que ganan entre dos mil y tres mil dólares no quieran ser “solidarios” con el resto de la sociedad.

“Si el Órgano Judicial va a rebajar sus salarios en un 3% pretenda ahora tomar medidas de derecho para no ser solidario con el pueblo boliviano, eso no se ve bien. Muchos bolivianos deben vivir con salarios mínimos y un sector privilegiado que tiene sueldos de dos y tres mil dólares no quiere reducirse en un 3%”, lamentó.