Familiares de internos del penal de El Abra de Cochabamba, manifestaron a EL DIARIO que privados de libertad de los bloques A y B, se encuentran en emergencia por amenazas y el suministro de alimentos en mal estado. Consideran que se están violando sus derechos.

Norma Pérez, nombre convencional, hermana de un interno del Bloque B, relató que las últimas semanas su familiar lamentó que las porciones de la comida hayan rebajado y que en muchos casos los productos están en mal estado.

“Las pocas veces que tenemos oportunidad de ver y visitar a mi hermano, recibimos entre sollozos quejas sobre las limitaciones y deficiencias en la distribución de la comida, no se prepara oportunamente y muchas de las veces están en mal estado, ni que decir de la cantidad que ha disminuido, es eso lo que nos cuentan nuestros familiares. También nos dijo que reciben amenazas permanentes de la Directora de Régimen Penitenciario, quien les dice que les cambiará al Bloque C de aislamiento, si hacen reclamos sobre la comida, que no les devolverán los televisores que les quitaron en una reciente requisa, por todo eso queremos la intervención de Derechos Humanos”, manifestó.

Asimismo llegó a este medio de comunicación, una carta remitida al Director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, de quien piden atención a sus demandas, toda vez que esta instancia es la que paga, con los prediarios, los servicios de alimentación.

“Nos dirigimos a su persona mediante esta carta, que por favor nos escuche, se lo pedimos por favor. Estamos siendo amenazados, torturados y nos hacen callar con mandarnos al Bloque C (…) Eligieron a su gusto a los delegados de celdas con la condición de devolvernos los televisores, no nos traen los alimentos en hora, quiero decir los desayunos, almuerzos y cena, es una pena la comida desde que cambiaron a la proveedora, ahora la comida nos dan en mal estado. Quisiera que usted personalmente venga y vea todo lo que pasa en el penal El Abra, tanto en la comida como con los presos, estamos privados de libertad pero tenemos nuestros derechos, le rogamos que usted vea, solicitamos su presencia y escuche a los internos”, señala el documento.

La madre de otro interno del Bloque B de El Abra, aseguró que acudirá a Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo, para exigir se investigue estos extremos.

“No vamos a permitir más amenazas de la E. R., directora de Régimen Penitenciario, ella ayudó a que se cambie de delegados de los presos, manipuló esta elección, para someterlos, sus jefes de La Paz no saben cómo les trata a nuestros hijos que están presos, les descuentan sus prediarios para la compra de comida, son ocho bolivianos diarios por interno que la Gobernación paga. Si se enferman nuestros familiares o les pasa algo por la comida en mal estado que les dan, y en caso de no ser escuchados por las autoridades vamos entrar en huelga de hambre con nuestros hijos, para exigir justicia y la presencia del Defensor del Pueblo y Derechos Humanos, a quienes pedimos que investiguen a detalle todas las amenazas, hostigamiento, la distribución y preparación de la comida”, advirtió.

El artículo 40 (Derecho de queja) de la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, señala: “El Interno formulará sus peticiones o quejas, en forma oral o escrita al Director del establecimiento o al funcionario autorizado para recibirlas. Igualmente podrá dirigirse, sin censura, a otra autoridad o administrativa superior”.

OCHO BOLIVIANOS

Un funcionario de la Gobernación de Cochabamba manifestó a EL DIARIO que esta instancia prevé un monto de ocho bolivianos diarios para cada uno de los internos y ese dinero es cancelado al proveedor de alimentos, quien presuntamente es seleccionado por los privados de libertad.

Una de las familiares manifestó que si bien el monto es mínimo por persona, la suma de todos los internos que por lo menos llegan a 1.000 es suficiente para brindar el servicio de calidad de desayuno, almuerzo y cena, como lo hacían los concesionarios anteriores.

DESTITUCIÓN DE AUTORIDAD

Recientemente a consecuencia de irregularidades y la muerte de un interno en el Bloque C de aislamiento, destituyeron al Gobernador del penal y posesionaron a una nueva profesional, que en criterio de los familiares, llegó a vulnerar los derechos de los privados de libertad.

“La disciplina se relajó en el penal de El Abra”, dijo en declaraciones anteriores, el Comandante Departamental de la Policía de Cochabamba, Erick Olguín, a tiempo de asegurar que se ordenó la destitución del Gobernador y se efectuó la requisa al centro penitenciario.

En octubre pasado, un interno falleció apuñalado en el cuello y el pecho, al interior de su celda en el Bloque C. En septiembre de este año otro privado de libertad fue rociado con gasolina y prendido fuego, se encuentra en recuperación de las heridas graves producto de este ataque.

La esposa del recluso que fue rociado con gasolina y después quemado en el baño del recinto, denunció que no existe control en el lugar.

“La situación es muy crítica, al final nadie se hace cargo de nada, ni Régimen Penitenciario ni nadie”, indicó a Unitel.

La mujer aseguró en la oportunidad, que días antes de que se registre el ataque, ella informó al gobernador de la cárcel sobre las amenazas que recibía su esposo, sin embargo, se hizo caso omiso a las denuncias.

“Yo fui hablar con este coronel, de que este reo peligroso se ha bajado a otro bloque, él me indicó que no estaba para cuidar internos”, dijo la mujer a Unitel.

El recluso resultó con quemaduras de primer y segundo grado en las manos y en las piernas, el cual tuvo que ser trasladado hasta un hospital para que reciba la atención correspondiente. La esposa del privado de libertad asegura que su familia es la que cubre los gastos médicos.

Sin embargo, la denuncia fue más allá, ya que la mujer aseguró que se permite el ingreso de bebidas alcohólicas y hasta droga, además de que dentro del penal existe una serie de irregularidades como extorsiones.

“Hay descontrol, es todo un caos ahí, la gente sale de ahí borracha, no sé si eso es un penal o una chichería”, declaró.

OPERATIVO

En la oportunidad, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, a través de su cuenta de Facebook informó de un megaoperativo con más de 600 uniformados.

“Tras los últimos acontecimientos suscitados en el Centro Penitenciario de El Abra de la ciudad de Cochabamba, junto a la Policía Boliviana a través de seguridad penitenciaria, realizamos un mega operativo de requisa sorpresa con más de 600 efectivos policiales para desbaratar a aquellos grupos que están causando zozobra e irrumpiendo la pacífica convivencia de la población penitenciaria. El Abra se caracteriza por ser un centro productivo, con más del 70% de privados de libertad dedicados a la elaboración de productos en los diferentes galpones de terapia ocupacional; es por esa población penitenciaria que busca reintegrarse a la sociedad que continuaremos trabajando para brindar mayor seguridad”, dijo Limpias en la oportunidad.

MÁXIMA SEGURIDAD

El penal de El Abra está ubicado a cinco kilómetros de la ciudad de Cochabamba, aseguran que es la cárcel más grande y de “máxima seguridad” del departamento. El recinto carcelario acoge a más de 1.000 internos.

De acuerdo a una publicación de Opinión en diciembre de 2020, El Abra es conocida como la cárcel de máxima seguridad del departamento y no tiene una sola cámara de seguridad funcionando. Todos los años hay internos que han intentado burlar el control policial.

La situación en las otras seis cárceles del departamento es la misma.

En 2015, docentes de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, de Nuevo León, México, realizaron una inspección al penal de El Abra y aseguraron que no es un penal de máxima seguridad.

“No crean que una cárcel de máxima seguridad es muy humanista que digamos. Aquí hay convivencia y eso no siempre es malo. Si tienes población clasificada, este régimen lo usaríamos en cárceles de baja seguridad”, explicaron en la oportunidad.

RÉGIMEN PENITENCIARIO

La directora departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Estrella Rocha García, explicó a EL DIARIO que no existe ninguna denuncia de los internos ni familiares respecto a malos tratos o alimentación defectuosa, en ninguna instancia.

“En algunos casos, los privados de libertad se niegan a firmar las planillas, porque no están obligados, pese a que consumen de la proveedora. Cuando no firman se les procede a pagar en efectivo”, explicó.

Aclaró que cuando llega alguna denuncia, ésta se la trata en el Consejo Penitenciario, que está a cargo del director del recinto, también participa la profesional médico quien es la encargada de fiscalizar todo lo que ingresa al penal, a través de las nutricionistas.

“Las nutricionistas elevan una lista de todo lo que se necesita en el mes, juntamente con el área de cocina del penal que está a cargo de los mismos privados de libertad, elaboran su propio menú en base a los requerimientos que se tiene de la población”, precisó.

En ese marco dijo que cuando encuentran un alimento en mal estado lo separan y el proveedor tiene 24 horas para cambiarlo, sino el delegado de la cocina no firma la lista.

“Ellos tienen heladeras donde guardan su carne y en una sola ocasión, que sale de las manos hasta de mi dirección, se arruinó, las intercambiaron en el día porque justamente era día de visita y obviamente se generó el rumor de que la carne no estaba siendo bien refrigerada”, manifestó.

Aclaró que la proveedora no ingresa y no tiene nada que ver con Régimen Penitenciario ya que son los privados de libertad los que realizan un contrato privado, donde ambos se comprometen a ciertos tipos de acciones y responsabilidades, entre ellos el tema de la cocina.

“Régimen no toca ningún dinero, simplemente lo que hace es fiscalizar y que no peleen entre ellos porque muchas veces la proveedora puede pelear con los privados de libertad. Nosotros somos más como un ente conciliador”, aseveró.

Asimismo explicó que no está dentro de sus funciones el traslado de internos de un bloque a otro, salvo que esté fundamentado con un acta firmado por todos los funcionarios.

“La mayoría de las veces que los movemos de celdas es por sanciones disciplinarias que se eleva a su juzgado. No los puedo yo mover porque me pueden accionar ante su juzgado y yo tengo un plazo de cinco días, notificada, para decir a la jueza por qué lo he movido”, explicó.

Asimismo dijo que probablemente se genere el rumor de malos tratos porque está por salir los traslados de algunos internos que participaron en el deterioro que se hizo a bienes del Estado, destruyendo las cámaras del centro carcelario.

“Con informes de Inteligencia se ha determinado quienes son los responsables y a la fecha ya se están efectivizando los traslados, precisamente por el orden que se debe tener en la cárcel. Su malestar puede ser también porque los televisores que les hemos decomisado en una requisa no se les ha devuelto hasta la fecha porque no hay fundamento para hacerlos porque es una cárcel de máxima seguridad”, apuntó.

Por otro lado, aclaró que en el Bloque C se les da el alimento en una bolsa y cucharas descartables porque utilizan cualquier utensilio de fierro para convertirlas en armas punzocortantes.

“De todo metal, hacen cualquier tipo de arma blanca. Ellos son los últimos en recibir la alimentación porque la manera de distribución es por celda y como no tienen un representante de celda, esperan que se libere todas las celdas y recién se les sirve a ellos, no porque sean castigados”, aclaró.

Respecto a la cantidad de alimento, apuntó que antes la alimentación era mayormente de carbohidratos, por ello subió el porcentaje de personas obesas, por ello intentaron disminuir la ración y que lo que se les dé alimento de calidad.

“Ahora consumen más verduras, tienen un menú variado, tienen un servicio de comida blanca para personas que se encuentran enfermas de gastritis o tengan cualquier tipo de alimentación específica por el médico que al inicio eran solo siete, pero cuando han visto la alimentación era mejor, ahora llegan a 20 privados aproximadamente”, finalizó.