Puntualizando que toda investigación penal debe hacerse de conformidad con el debido proceso, incluida la presunción de inocencia, el investigador senior de Human Rights Watch (HRW) para América Latina, Cesar Muñoz, sostuvo que los delitos por los que Añez fue condenada están definidos de manera muy amplia en las leyes bolivianas y pidió a “tribunales superiores” examinar de forma independiente el desarrollo de los procesos penales contra la exmandataria.

Muñoz recordó que en 2019, el alto mando militar pidió la renuncia del entonces presidente Evo Morales, en medio de denuncias de fraude electoral ahora cuestionadas, observando este tipo de solicitudes como una “afrenta directa” a los principios democráticos. Hechos que deben ser objeto de investigación por parte de los fiscales encargados de los presentes casos.

“Toda investigación penal debe hacerse de conformidad con el debido proceso, incluida la presunción de inocencia, y llevarse a cabo de acuerdo con los estándares que establece el derecho internacional”, señaló Muñoz desde sus redes sociales.

En un análisis sobre la reciente determinación de la justicia que sentenció a la exmandataria a 10 años de reclusión, el experto cuestionó la injerencia política sobre el sistema judicial boliviano, sosteniendo que los gobiernos de Morales y Añez usaron esta debilidad contra sus opositores. “Los gobiernos se han aprovechado de la falta de independencia y debilidades estructurales. Impulsaron acusaciones infundadas contra rivales políticos”, afirmó.

Lamentó que el actual gobierno, dirigido por el presidente Luis Arce, no avance en la aplicación de reformas a la justicia y por el contrario se insista en impulsar el proceso contra Añez por la forma en que asumió la presidencia interina, permitiendo que continúen en la impunidad las 37 muertes registradas durante las jornadas de violencia luego de los comicios de 2019, anulados por fraude electoral.

Entre varias irregularidades, el experto observó que al carecer de evidencias que sustenten las acusaciones por terrorismo, sedición y conspiración, los tipos penales por los que se acusa a Añez, posteriormente fueron reemplazados por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley.

“A la expresidenta Añez no se le permitió asistir en persona a su propio juicio, pero sí estuvieron presentes los fiscales, abogados y otras personas. Eso le impidió consultar con sus abogados durante las audiencias”, cuestionó Muñoz.

De la misma forma cuestionó la falta de voluntad de los operadores de justicia para garantizar la salud y seguridad de la expresidenta en las audiencias destinadas para su proceso, siendo que las autoridades están en la obligación de proveer estas garantías a los acusados para que asistan a su juicio. “Los imputados no deben ser castigados por las fallas del Estado”.

Sobre los supuestos delitos cometidos por la exmandataria (incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes), Muñoz sostuvo que las leyes bolivianas las definen de manera muy amplia.

Por lo expuesto, pidió que “tribunales superiores” examinen cuidadosamente y de forma independiente, cómo se llevaron a cabo los procesos penales contra la expresidenta Añez, así como garantizar el debido proceso y los remedios adecuados si determinan que se violaron sus derechos.