El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, asegura que el Decreto Supremo 4783, que establece que las empresas públicas aportarán con parte de sus utilidades para las políticas sociales, será previa evaluación financiera, mientras los mineros de Colquiri mantienen su posición de abrogarla, ya que aseguran que la afectación será significativa. La decisión también implicaría a los proyectos en curso.

En una nota de prensa, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aclaró que el decreto 4783 preserva la sostenibilidad financiera de las empresas públicas y, en el marco de las políticas de redistribución de ingresos, las empresas que generan utilidades aportarán a políticas sociales, previa evaluación técnica sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las compañías.

Después del análisis técnico, el Directorio de la Empresa determinará el destino de las utilidades generadas, las mismas pueden ser para proyectos de inversión y definir el monto que aportarán, agregó la autoridad.

«El espíritu del decreto es evaluar una serie de indicadores como la solvencia, el plan de negocios, rentabilidad, utilidades proyección de la inversión y, en función de la evaluación de todos estos indicadores, se llegará a una conclusión y se determinará si la empresa podrá realizar el aporte y la cuantía», complementó.

Bloqueos

Como se recordará, desde el miércoles, el Sindicato de trabajadores de la Empresa Minera Colquiri bloquea la carretera La Paz-Oruro en rechazo al Decreto Supremo 4783. Los dirigentes sostienen que con la aplicación de la normativa les estarían quitando parte de sus utilidades.

En declaraciones a RTP, el dirigente del transporte internacional, Pedro Quispe, dijo que la medida perjudica al sector, y también a los pasajeros que vienen de países vecinos, como Chile y Perú, ya que su presupuesto es limitado.

Además, pidió a la Aduana no aplique medidas de contravenciones por la demora, porque no es culpa de ellos sino de los bloqueos. «Se levanta (el bloqueo y se normaliza la transitabilidad) no tiene que haber sanciones» (de parte de la Aduana), ya que el cumplimiento de plazos y rutas no se logró por los bloqueos.

Lamentó que otros sectores que hacen uso de la vía internacional no se hayan pronunciado, puesto que la medida afecta a todos, a importadores, exportadores y pasajeros. También recordó que similar medida en Warnes, Santa Cruz, perjudicó al transporte.

Cifras

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, dio cifras económicas del 2021, y señala que las utilidades de la Empresa Minera Colquiri (EMC) llegaron a 275,6 millones de bolivianos y de este monto aportaron 5 millones, es decir el 1,8 % para el Bono Juancito Pinto.

«El 2021 tuvieron una utilidad de 275 millones (de bolivianos) y han aportado 5 millones, lo que representa el 1,81 %. Es falso que les quitamos toda la utilidad, más bien queda un 98 % de las utilidades que pueden ser reinvertidas en actividades productivas de la propia empresa», informó el Ministro de Economía.

Análisis

Por otra parte, la Fundación Jubileo realizó un análisis del bloqueo en la carretera La Paz-Oruro, impulsado por los trabajadores de la minera estatal Colquiri, y en ella señala que todo indica que empezamos a raspar la olla.

«Los recursos disponibles para aplicarlos en diversos bonos, proyectos y empresas del Estado son, cada vez, más escasos. Ésta es la razón principal del decreto de marras», sostiene Jubileo.

La Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB y otras empresas estratégicas han estado financiando el bono Juancito Pinto, desde su instauración. No hubo protestas en todos estos años por las transferencias que se efectuaron. ¿Qué diferencias hay entre la situación actual y la precedente para que hoy se bloquee una carretera exigiendo la anulación del decreto?.

El decreto cuestionado obliga a las empresas estratégicas a entregar parte de sus excedentes al gobierno para que éste los use en otras áreas de la administración estatal. Da al organismo creado con la ley de la empresa pública, COSEEP, la responsabilidad de definir qué parte de esas utilidades serán retiradas de las empresas para ser manejadas por el aparato de la administración central.

Durante los 33 años que estuvo plenamente vigente la Comibol, esta transfirió todos sus excedentes a la administración central del Estado y fue obligada a comprar insumos a emprendimientos nacionales, aunque los precios de los importados fuesen más baratos, entre otras donaciones que tuvo que efectuar.

Los técnicos, con regularidad, se quejaban de la poca posibilidad que tenían de reinvertir los excedentes en la actualización y sostenibilidad de sus empresas, afirma.

Cuando la Comibol recuperó sus competencias productivas, el año 2007, sus empresas decidieron administrar sus excedentes por su cuenta; así lo hizo Huanuni y más tarde Colquiri y Corocoro cuando pasaron a ser empresas estratégicas.

«Ninguna cedió ni un dólar a la entidad matriz, Comibol; por esto se repitió incesantemente, que a la Comibol le convenía entregar sus empresas a socios privados ya que éstos le pagaban lo pactado con cierta regularidad. Los aportes de Comibol al bono Juancito Pinto salían de los aportes de las empresas privadas socias y de sus empresas administradas por ella, Huanuni, Vinto y Colquiri», explica la Fundación.

Huanuni, Vinto, Corocoro, Colquiri han hecho inversiones importantes con los excedentes logrados; también ha habido una generosa distribución de parte de ellos entre los trabajadores.

Colquiri está construyendo un nuevo ingenio para aumentar su capacidad de tratamiento de su producción y, además, decidió invertir en la construcción de una planta para procesar sus minerales de zinc y generar una buena cantidad de excedentes. Estos propósitos podrían quedar en el camino.

Jubileo plantea dos preguntas: ¿Qué empresas estratégicas generan utilidades como para financiar los bonos y otros proyectos gubernamentales? y ¿Qué monto espera recaudar el gobierno con esta medida?

La nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sostiene que dl decreto 4783 no se aplica mientras no se apruebe una reglamentación de la norma para definir los detalles técnicos.