En audiencia de medidas cautelares que está programada para las 9.30 horas de hoy, la Fiscalía pedirá la detención preventiva de la jueza Melina Lima, sindicada por extinguir un proceso penal contra Samuel Doria Medina y sus hermanos, en tanto la Asociación de Magistrados y Jueces de La Paz (Amalap) se declaró en emergencia y piden un debido proceso.

Lima fue aprehendida la tarde del miércoles por dejar sin efecto el proceso en contra de Doria Medina y sus hermanos, por el caso Akapana que derivó de las investigaciones de los Papeles de Panamá.

El Ministerio Publicó imputó a la jueza por los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes. La Amalap advierte que se reserva el derecho de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La abogada Zuleyka Lanza explicó a EL DIARIO que la aprehensión de una persona se da cuando se demuestra que los riesgos procesales concurren para fuga, extremo que no aplica en el caso de la jueza.

“La Ley 1173 establece y obliga a los fiscales que tienen que probar cualquier acto irregular y un peligro de fuga, en este caso la juez Lima siempre ha estado en el juzgado, ellos (fiscales) conocen dónde trabaja, ella tiene una familia y tiene una ciudadanía estante con arraigo social y natural, desde ese punto de vista la aprehensión de la jueza es ilegal”, preciso.

La jurista manifestó que la “persecución política” a los jueces, fiscales y abogados forma parte de un amedrentamiento político.

“La juez Lima ha sido quien llevó con detención preventiva a mi esposo, el doctor Eduardo León, pero aun así cuando el procedimiento es ilegal, incorrecto, injustificado y versa de la verdad material hay que decirlo”, apuntó.

Asimismo, recordó que debe haber un juzgamiento de género, porque las mujeres no deben sufrir violencia y eso está estipulado en la Constitución Política del Estado.

JUECES

Al pronunciamiento de la Amalap se sumaron las asociaciones de magistrados y jueces de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Beni, quienes califican la aprehensión de la jueza como un acto de “vulneración de la independencia judicial”.

Jueces y magistrados cuestionan las acciones del Ministerio Público y piden que se respete el debido proceso. Exigen que se dé garantías a su labor.

“En condición de autoridades judiciales, es evidente que no gozarnos de fuero o privilegio alguno, empero si se consolidan estos hechos por demás infundados y arbitrarios se genera una desprotección total para la administración de justicia, ya que nuestro trabajo es precisamente resolver los conflictos penales y este trabajo no puede considerarse delictivo”, dice el comunicado de la Amalap.

Asimismo, la Amalap refiere dos sentencias constitucionales, las cuales establecieron que ninguna autoridad está facultada para calificar de correcta o incorrecta la conducta de un juez y que, en ningún caso, las decisiones de autoridades jurisdiccionales pueden dar lugar a sanción alguna, puesto que en el principio de independencia judicial supone la libre apreciación y resolución.

Desde Sucre, la presidenta de la Asociación de Magistrados de Chuquisaca (Amach), Grenny Bolling, calificó el hecho como una “intromisión y atropello” del Ministerio Público a la independencia judicial.

“Rechazamos toda intromisión al trabajo independiente de un juez, manifestamos nuestra voz de reclamo y nuestra exigencia del respeto a la independencia del juez y vamos a ser celosos en el tratamiento del proceso contra la colega”, aseguró.

Apuntó que el criterio del juzgador se plasma en una resolución, pero la persona afectada puede apelar esa determinación e incluso, la revocatoria de su resolución y esto no implica un prevaricato.

La Asociación de Magistrados de Cochabamba (Amaco) calificó de intimidatoria la aprehensión de Lima, lo que en su criterio lesiona el principio de independencia judicial.

“En tal virtud, la Asociación de Magistrados de Cochabamba rechaza categóricamente el sistemático abuso y desgaste contra la administración de justicia, frente a jueces independientes contra quienes se instrumentaliza el derecho para afectar un Estado democrático y exigimos que se repare de inmediato la lesión de los derechos de la citada autoridad”, señala el pronunciamiento.

FISCALÍA

El fiscal Manuel Saavedra aseguró ayer que se aprehendió a Lima debido a la cuantía de la pena de los delitos que se le denuncia, además de probabilidad de fuga y obstaculización de las investigaciones.

Saavedra explicó que Lima emitió la resolución 324/2021 el 7 de septiembre, en la que declara la extinción penal por prescripción a pedido de uno de los coimputados, teniendo en cuenta que el delito por el cual se ha denunciado es legitimación de ganancias ilícitas.

“Al efecto, tenemos que decir que el delito de legitimación de ganancias ilícitas tiene un carácter permanente, el cómputo del término de la prescripción no es de momento a momento, sino cuando cesa su consumación”, explicó.

El 13 de octubre se informó que Lima “extinguió” el caso Akapana, una empresa que estaría implicada en un presunto caso de evasión de impuestos en paraísos fiscales.

Saavedra precisó que al emitir la resolución, Lima indica que presuntamente la consumación del delito inició en la medianoche del año 2005 sin tomar en cuenta la doctrina penal, porque no realizó adecuadamente el cálculo del tiempo de prescripción del caso, que además es imprescriptible, de acuerdo con la Ley Marcelo Quiroga.

DATOS

Según la denuncia, la venta de la empresa Soboce a la cementera mexicana Chihuahua se efectuó mediante la empresa “offshore” Akapana que tenía residencia en Panamá.

El proceso penal se activó en 2019, a raíz de un informe de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa, compuesta por legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS).

El caso fue reabierto por la Fiscalía en septiembre pasado con la declaración de dos de las accionistas y hermanas de Samuel Doria Medina.

En la oportunidad, el abogado de los Doria Medina, Horacio Acosta, manifestó que en febrero de 2020, el fiscal Alexis Vilela emitió una resolución de rechazo a la investigación en favor de nueve personas, naturales y jurídicas, entre ellas la Compañía de Inversiones Mercantiles SA- Cimsa.

El argumento del fiscal señala que “la investigación no ha aportado elementos suficientes para fundar la acusación”, debido a que no se notificó a los sindicados.

La resolución de Vilela no fue ratificada por el fiscal departamental y el caso de reabrió con la notificación de los sindicados y la emisión de numerosos requerimientos a entidades financieras de control económico, como la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Una de las hermanas de Doria Medina fue detenida en el aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz, el mes pasado, y trasladada a La Paz. Poco después fue liberada tras prestar sus declaraciones informativas.