El secretario de la Fiscalía General, Edwin Quispe, aclaró ayer que los casos denominados golpe I y II son antes de que Jeanine Añez sea “autoproclamada” Presidenta del Estado.

“Cabe recalcar que los casos Golpe I y Golpe II tienen que ver con las acciones atribuidas a la señora Jeanine Añez antes de que sea autoproclamada Presidenta del Estado, en ese sentido, son anteriores a que pueda usar la banda presidencial, por tanto no aplicaría a la jurisdicción y competencia que establece la Ley Nº 044”, apuntó.

Asimismo Quispe manifestó que tras la presentación de la acusación formal (29 de noviembre de 2021) contra Añez y exjefes militares por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y Constitución, dentro del caso golpe de Estado II, está en manos del Órgano Judicial fijar fecha y hora para el inicio de juicio.

“Con esta acusación se concluye la etapa preliminar del proceso de investigación para atender la instancia de juicio oral correspondiente, ya que el Ministerio Público presentó el requerimiento ahora correrá bajo responsabilidad de las autoridades jurisdiccionales el señalamiento de día y hora correspondiente para el desarrollo de juicio respectivo conforme establece el Código de Procedimiento Penal».

Por otro lado, Quispe explicó que con la acusación el Ministerio Público presentó más de 70 pruebas que están debidamente codificadas, casi una veintena de declaraciones testificales que indican que la señora Añez hubiera adecuado su conducta al tipo penal previsto en el artículo 153 del Código Penal que es resolución contraria a la Constitución y las leyes, además de haber adecuado su conducta al artículo 154 del mismo cuerpo normativo por incumplimiento de deberes.

DATOS

La expresidenta enfrenta siete procesos. El primero es a denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, por un supuesto golpe de Estado, donde está imputada por sedición conspiración y terrorismo. Por este caso, la jueza Regina Santa Cruz ordenó, el 14 de marzo de 2021, la detención preventiva de la expresidenta en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, posteriormente fue trasladada al penal de Miraflores donde están internas mujeres sentenciadas por delitos graves. En octubre pasado, la detención fue ampliada por otros cinco meses.

El otro proceso es a denuncia de la Procuraduría, el Senado y el Ministerio de Gobierno, también por el supuesto caso golpe de Estado. En este caso, la expresidenta es acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y enviada con detención preventiva, por seis meses al Centro de Orientación Femenina de Miraflores, computables desde el 3 de agosto de 2021.

Otro proceso que se le sigue en la vía ordinaria es el iniciado por la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), por un presunto nombramiento ilegal. Este caso está en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia que debe definir si es procesada en la vía ordinaria o tendrá un juicio de responsabilidades.

Asimismo está pendiente el resultado del requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta por las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba).

El requerimiento acusatorio contra la exmandataria fue presentado por la Fiscalía al Tribunal Supremo de Justicia por los delitos de genocidio, lesiones graves, leves y lesión seguida de muerte.

Los otros requerimientos están relacionados con el crédito del Fondo Monetario Internacional, la ampliación del contrato con Fundempresa y los decretos supremos para el confinamiento durante la primera ola de covid-19.