La jurista lamentó que una vez más las graves falencias del sistema de protección de víctimas de violencia haya cobrado la vida de tres personas. Recordó que de acuerdo a la Ley 348, si la víctima tiene al menos un día de impedimento, el sujeto debe ser cautelado.

“El Ministerio Público tiene la obligación de hacer el seguimiento, y si un tercero es el que hace la denuncia, con más razón, porque se evidencia que existían amenazas, violencia severa en ese entorno para que ella no logre realizar una denuncia”, apuntó.

En ese marco, dijo que los fiscales que estuvieron a cargo de las investigaciones deben ser procesados por incumplimiento de deberes, porque si cumplían la ley, el hecho pudo evitarse.

“No solamente es la denuncia por un tercero, es un certificado forense. La víctima ha tenido que irse a hacer valorar por un médico, y si recurrió a ese extremo es que las lesiones eran severas, por eso acá existe un incumplimiento de deberes, ahora corresponde la sanción al Ministerio Público porque al conocer este tipo de datos no hizo nada, el mismo médico forense ha debido remitir esa información al Ministerio Público y no puede ser que no hayan hecho nada”, lamentó.

Acotó que por esta falta, los fiscales a cargo no solamente son pasibles a una sanción sino la cárcel porque no han obrado como correspondía, aplicando la ley.

DATOS

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Chuquisaca, Rubén Díaz, refirió que al promediar las 8:50 del lunes, esa instancia recibió una denuncia de un probable feminicidio, empero al llegar a la vivienda ubicada en la zona Cessa de Sucre, se encontraron con el horrendo escenario.

“Era un presunto feminicidio, pero nos encontramos con cuatro cuerpos sin vida. Dos personas mayores de edad y dos menores. Un hombre de 27 años aproximadamente, la mujer de 25 y los menores de nueve y tres años. Al primer contacto se ve que las víctimas tenían heridas punzocortantes en el cuerpo producidos por un cuchillo de mesa”, refirió.

Díaz precisó que en noviembre pasado, por la época de Todos Santos, la víctima tuvo un problema con su concubino, por lo que la Felcv acudió –de oficio– a un centro médico de Sucre, para verificar un hecho de violencia familiar y agresión física.

“Como corresponde el caso se pone en conocimiento de la Fiscalía y se activa todo el proceso investigativo. Se establece por un examen médico forense que la víctima tenía de cuatro a seis días de impedimento. Un certificado médico refiere golpes que habría recibido la víctima”, dijo.

Acotó que al momento de notificar al autor del hecho, la víctima fue comunicada que contaba con una medida de protección.

“Se hace la notificación respectiva, se hace el desalojo de la vivienda para que no vuelva a hacer víctima de otro hecho de violencia o una re-victimización, pero lamentablemente no sabemos explicar cuál fue el motivo. Cuando hacemos la investigación y la apertura del cuaderno de investigaciones, encontramos un memorial de conciliación. El fiscal rechaza esta conciliación y sigue el proceso. A la fecha el proceso sigue abierto”, refirió.

Al respecto, Barriga lamentó que en este caso, como en el 80 % de feminicidios registrados en el país, tengan reincidencia.

FISCALÍA

Al respecto, el fiscal de materia de Chuquisaca, Tito Guaraguara, refirió que la Fiscalía inició una investigación y emitió órdenes de alejamiento y la prohibición para que el hombre no pueda acercarse al lugar donde vivía la señora.

“Este caso estaba en investigación; sin embargo, la mujer presentó un memorial para solicitar una conciliación, pero el Ministerio Público de acuerdo a la Ley Nº 348 le respondió que no se puede conciliar y que continúa la orden de alejamiento y protección a la víctima que debe hacer cumplir la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia”, dijo el fiscal.

CONCILIACIÓN

En ese marco, Barriga rechazó las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, quien en semanas pasadas afirmó que las mujeres que sufran violencia por parte de sus parejas, sean las que decidan si el agresor debe ser procesado penalmente o se pueda ir a una conciliación.

“Como este, hay cientos de casos, las mujeres estamos sujetas a amenazas, a coerción. Quién sabe por qué esta persona tuvo que firmar una conciliación con seis días de impedimento. Tengo clientes muy golpeadas a las cuales les dan un día de impedimento, no quiero imaginar cómo estaba esa mujer a la que le dieron seis días de impedimento, en estos casos no se puede hablar de una conciliación, por eso refutamos las declaraciones del ministro” aseguró.