Un comando operativo interinstitucional permanente, auditorías a las instituciones encargadas de lucha contra el contrabando, además de un mega-operativo, son los pilares que plantea el coronel en servicio pasivo del Ejército y abogado, Jorge Santistevan, para hacer cumplir las normas y enfrentar al contrabando.

“Tiene que haber una comisión interinstitucional para realizar el control del contrabando en general y principalmente de este caso, para el control de la internación de vehículos robados al país, de manera que se trabaje en forma conjunta a través de un comando operativo permanente interinstitucional. No es una responsabilidad solamente de la Policía. En esa cadena de corrupción no solo entra un jefe de fronteras, sino Aduana, Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, también el comprador y vendedor, incluso los falsificadores y clonadores de documentos en concomitancia con funcionarios de los municipios, es una cadena enorme de corrupción”, advirtió Santistevan en entrevista con EL DIARIO.

Apuntó que de crearse esa comisión, el primer trabajo que debe realizar es emitir disposiciones para el control de vehículos particulares a todo el personal de la administración pública, de todos los niveles, para identificar ilegalidad y ayudar a combatir el ilícito.

Una siguiente disposición de la comisión debe ser auditar el trabajo de la Aduana, Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y la Dirección de Prevención del Robo Vehículos (Diprove), para cerciorarse de las irregularidades existentes e incentivar el trabajo eficiente.

Un tercer paso de la comisión – dijo – sería preparar un mega-operativo, como lo anunció el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, pero que este sea de sorpresa.

“Yo no considero sorpresa a algo que ya está anunciado, lo que tiene que haber es un mega-operativo bien planificado, coordinado entre los ministerios correspondientes cosa de no dar opción a nadie involucrado con este ilícito”, apuntó.

FRONTERA

Santistevan advirtió que existe una cadena de corrupción en el contrabando ya que cualquier motorizado que ingresa al país debe pasar por controles en varios puntos.

“Desde el momento que penetra la línea de frontera ya se activa una cadena de corrupción porque hay funcionarios en una serie de retenes dentro del país hasta que llegan a los centros importantes de comercialización, donde realizan el clonado de documentos y placas. Todo esto es lo que ocurría en la frontera con Brasil, ahora está actividad se volcó hacia Chile. Hay autoridades nacionales y locales comprometidas con este ilícito”, aseveró.

Manifestó que tanto el narcotráfico como el contrabando tienen tres centros de comando como Challapata de Oruro, el Chapare de Cochabamba y Yapacaní en Santa Cruz, mismos que no tienen control de las autoridades, por el poder local que tienen.

“Está la falta de control y poder del Estado para penetrar, controlar y hacer cumplir la ley, no pueden hacerlo porque la delincuencia está bien organizada y apoyada por los pobladores, gracias a que estos están cooptados a través de su dirigencia local. No nos extraña que haya ferias de automóviles en varios lugares del país, pero esas son fácilmente controlables por las autoridades locales, sin embargo embargo, en estas tres (Challapata, Chapare y Yapacaní) no existe la intervención del Estado”, dijo.

Asimismo apuntó que otras poblaciones que están cooptadas por la “mafia” del contrabando y narcotráfico son Colchani (Potosí), la región del Tarapacá en Chile y Pisiga, además de toda la región del altiplano hasta Oruro.

“Carabineros de Chile no tienen capacidad para controlar la extensa zona limítrofe con Bolivia, y además que no reciben la cooperación de los pobladores de la zona del Tarapacá porque ellos son amenazados. En Bolivia, si las patrullas ingresan a controlar o a perseguir a contrabandistas, los linchan, recordemos que ya hay más dos muertos (suboficiales) en pleno altiplano y no se sabe quiénes los mataron. Varias patrullas militares han sido interceptadas por campesinos, los han flagelado y soltado sin armas, aunque después se los han devuelto después de humillarlos”, recordó.

DESTITUCIONES

Por otro lado, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció ayer que se intervendrá Diprove en Santa Cruz y se destituirá a todo el personal de esa unidad policial tras revelarse que efectivos estarían involucrados en el negocio de la venta ilegal de autos robados.

“El día de hoy (ayer) se está constituyendo el Inspector General de la Policía Boliviana para hacer una intervención a Diprove en el departamento de Santa Cruz y para retirar al cien por ciento del personal que desempeña funciones al interior de esta división”, dijo Del Castillo.

El comandante de la Policía Departamental de Santa Cruz, coronel Érick Holguín, confirmó el lunes que los coroneles Rolando Téllez, subdirector de Diprove en Santa Cruz, y Raúl Cabezas Pantoja, comandante de la Policía de Uyuni, fueron destituidos para que sean investigados por sus vínculos en el negocio de la internación de autos robados en Chile que denunció el medio chileno Meganoticias la pasada semana.

Holguín indicó que se procederá conforme a ley y se investigará desde cómo evadieron el control aduanero hasta cómo Cabezas llega a ocultar el vehículo en un domicilio.

Al respecto, Santistevan manifestó que no es solución relevar del cargo a los funcionarios policiales porque no todos son responsables. Aclaró que la Aduana es la encargada del control y Diprove es solo la unidad encargada de la investigación de vehículos extraviados, a denuncia,

“Deben reorganizar a toda la estructura de esas instituciones empezando desde las autoridades de frontera, mandos superiores y mandos medios, colocando a profesionales con capacidad y altas cualidades, con principios, valores y amor por su trabajo. Lo ideal es cortar toda una cadena de corrupción desde las fronteras, funcionarios municipales y hasta notarios que estén implicados en la falsificación de documentos, todos ellos tienen que ser investigados y los vehículos que hubieran sido detectados como robados, deben ser devueltos a los países de origen”, aseveró.

En esa línea dijo que cuando una fuerza está sin liderazgo, desmotivada y sin control, los mandos medios y subalternos no cumplen.

“Pueden poner polígrafos también a Diprove, pero no va a funcionar, porque el polígrafo no es una medida que vaya a solucionar un problema estructural. La remoción de todo el personal de Diprove no va a ser suficiente porque las implicancias de personal en actos ilícitos no solo es en el contrabando de vehículos sino también en narcotráfico, asaltos y robos, esa es la muestra de la desmotivación moral de los policías por una falta de liderazgo”, advirtió.

Manifestó que la lucha contra el contrabando de vehículos tiene que ser efectiva para evitar la debilidad del Estado y las entidades encargadas de la intercepción.

NACIONALIZACIÓN A FAVOR DEL ESTADO

“En la lucha contra el contrabando de vehículos, que no se presten los asambleístas nacionales, oficialistas y opositores, a recomendar un Decreto Supremo de nacionalización que vaya a beneficiar a los contrabandistas, a los que cometen ilícitos, sino lo que tiene que haber es una política efectiva, una requisa, confiscación y una nacionalización, pero, a favor del Estado, no al contrabandista”, aclaró.

Apuntó que si bien el contrabandista ya cometió el delito, no se lo puede favorecer, sino actuar en favor del Estado, generando ingresos.

“De no tomar riendas, este problema va a continuar sin solución de continuidad, o como se denomina el círculo vicioso, de no acabar nunca. No nacionalicen para beneficiar al que comete el ilícito sino para beneficiar al Estado, tenemos deficiencias de la seguridad ciudadana, policías que no tienen vehículos, control de fronteras, etc., esos vehículos pueden ser rematados para que los dineros vayan a las arcas del Estado”, refirió.