Distintos sectores de la sociedad se han pronunciado respecto a la aprobación de este decreto presidencial, entre ellos, destacan los cuestionamientos y denuncias realizadas por los exmandatarios, quienes desde sus cuentas en redes sociales han manifestado su rechazo a la polémica norma que busca otorgar un perdón definitivo a gente afín a los intereses del MAS.

Para el expresidente, Carlos Mesa Gisbert, la aprobación de este decreto desde la Asamblea Legislativa, intenta cubrir con un manto de impunidad todos los actos ilegales y delictivos cometidos después del fraude electoral del año 2019, aspecto que demuestra que Evo Morales controla la presidencia y al Legislativo.

“La aprobación de una norma para encubrir delitos y dejar en la impunidad la violación de derechos humanos cometidos por sus correligionarios tras el fraude de 2019, es una acción que muestra que Luis Arce y la ALP dependiente de Morales, no respetan la justicia ni la democracia”, compartió Mesa.

Por su parte, Jorge Quiroga Ramírez, mediante su cuenta de Twitter, condenó que en un espacio como el Legislativo se deje de lado el debate y con estas acciones se dé vía libre al bloqueo de insumos médicos, la quema de propiedad pública y privada, además el fraude electoral.

“Impunidad carnavalera masista. Sin debate, se autoriza retroactivamente el corte de oxígeno a enfermos, la quema de autobuses/casas, el fraude y la violencia. Gobierno de Arce se burla de GIEI-CIDH y de la OEA, cuya investigación solo servirá al Gobierno y no a la justicia en Bolivia”, expresó.

Quiroga, además, lamentó que en el mismo día se haya conocido la determinación de la justicia en contra de Rafael Quispe, quien fue sentenciado por denunciar actos de corrupción durante el gobierno de Morales.

En la misma línea, la expresidenta Jeanine Añez sostuvo que la norma aprobada por la ALP promueve la impunidad y el privilegio para los aliados del masismo.

“La democracia se construye en base a la reconciliación política. Pero nunca en base a la impunidad. La norma de indulto que impulsa el Gobierno no es reconciliación. Es impunidad y privilegio”, compartió.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, explicó que la norma fue aprobada para “lidiar los problemas que están sufriendo nuestros hermanos que sin ningún motivo han sido juzgados encarcelados con detención domiciliaria, (...) el caso de amnistía por persecución política y el tema de indulto de igual forma como corresponde irá procediendo con las instancias correspondientes, en este caso el Ministerio Público”.

En sus 5 capítulos y 13 artículos, la norma señala que la crisis política institucional ocurrida en noviembre de 2019, derivó en una persecución política en contra de quienes salieron en defensa de la democracia, ejercieron su derecho a la protesta, la libertad de expresión y de asociación.

La norma también alcanza a los que se encuentran privados de libertad debido a la retardación de justicia. Es decir, a quienes hayan cumplido o excedido con detención preventiva el tiempo de la pena establecido en la sentencia condenatoria en primera instancia sin que haya sido ejecutoriada; haber superado el tiempo máximo previsto para la duración de la etapa preparatoria sin que se instaure el juicio oral; o haber superado el tiempo máximo de duración legal del proceso penal sin que se cuente con sentencia condenatoria ejecutoriada.