La senadora de Comunidad Ciudadana Cecilia Requena señaló que la admisión de una Acción Popular en contra de las actividades depredadoras en el Parque Madidi, es un logro importante para el departamento de La Paz, pues de esa forma se puede lograr una “pausa ecológica en una zona de importancia mundial que está siendo invadida y severamente afectada por la minería ilegal, la explotación forestal indiscriminada e incluso actividades como el narcotráfico”.

El día jueves 7 de julio, la Sala Constitucional 4ta. del Departamento de La Paz admitió la Acción Popular presentada por los parlamentarios de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, Santiago Ticona, Cecilia Moyoviri, Daly Santa María, Fernando Vaca, Nely Gallo, Silvia Salame, Walter Justiniano y Toribia Lero, y convocó a los accionantes a una audiencia que fue señalada por esta Sala para el día 29 de julio a horas 11:30 de la mañana.

“El 29 de julio, tendremos la ocasión de representar esa defensa indispensable y urgente. Es una vía más, no nos van a cansar ni a desanimar, porque lo que está en juego es vital”, afirmó la parlamentaria.

Requena explicó que con esta acción que fue admitida por el tribunal “sin ninguna observación en lo principal ni en lo accesorio”, se apunta a que se declare una pausa ecológica en la zona del Parque Nacional Madidi, como medida cautelar que prevenga el incremento de la destrucción de este sitio que alberga a la mayor diversidad biológica del mundo con el 50 % de las especies de plantas y animales de Bolivia.

“Esta pausa debería darse en toda la extensión que comprende la jurisdicción del área protegida y que se encuentra afectada por la explotación minera descontrolada e ilegal y tendría el efecto de paralizar las actividades depredadoras que hemos verificado, y que es generada por grupos irregulares probablemente apoyados por intereses económicos y políticos”, señaló.

Finalmente, la legisladora de oposición pidió a instituciones paceñas y a las organizaciones de defensa del medio ambiente, que apoyen esta iniciativa para que se detenga la destrucción de este sitio de importancia mundial donde habitan además varias comunidades indígenas que están en grave riesgo debido al envenenamiento de las aguas, la desaparición de su hábitat y la reducción de su territorio, explicó.

El recurso legal planteado por los parlamentarios hace observaciones a los asentamientos mineros ilegales en el área protegida, con presencia de dragas y balsas auríferas.

ALTERACIÓN

DE CORRIENTES

De la misma forma, se denuncia la alteración de corrientes naturales de agua, identificándose cambios traducidos en brechas y surcos artificiales, lo cual constituye un riesgo por la incertidumbre de un daño grave e irreversible, como se podría establecer en áreas anteriormente afectadas y con nula capacidad de regeneración.

La actividad minera genera contaminación por mercurio en todos los ríos de la zona que pone y pondrá en riesgo el equilibrio ecológico del área natural de manejo integrado y la salud de los pueblos indígenas que habitan en el lugar.

Se advierte, además, sobre el riesgo en el que se encuentra el equilibrio ecológico del área natural de manejo integrado, Parque Nacional Madidi, debido a las intervenciones antrópicas respaldadas en el Artículo 220 de la Ley N°535, de Minería y Metalurgia, y la burocracia desmedida en la otorgación de derechos mineros que deriva en la explotación ilegal de minerales en zonas de protección especial.

El punto seis de esta acción popular denuncia la presencia de grupos irregulares que impiden el paso a zonas de conflicto donde acontecieron vulneraciones a derechos fundamentales y humanos.

A esto se suma la existencia de desplazamientos internos de población como resultado de conflictos derivados por la explotación legal e ilegal de oro en áreas protegidas y la presencia de grupos armados que defienden territorios que fueron apropiados por grupos irregulares dedicados a esta actividad.