Tanto el cabildo cruceño como la resolución de los cívicos apuntan a presionar al Gobierno para que el Censo Nacional de Población y Vivienda se realice el año 2023 en lugar del 2024, tal como dispuso el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, a través del Decreto Supremo 4760.

Ruiz observa que el Gobierno nacional está menospreciando la capacidad de movilización de Santa Cruz, aunque reconoce que no es el mismo momento de la crisis institucional de octubre de 2019, cuando se juntaron otros elementos que hicieron que la gente saliera contra el fraude electoral y por estar al frente de un presidente que tenía 14 años en el poder.

“Ahora hay un elemento que está aglutinando a la sociedad y ese elemento es plata, es la economía. Más allá que signifique redistribución de escaños políticos que es importante para los departamentos, pero en el fondo es cómo nos repartimos el dinero”, comentó.

Recordó que durante el segundo paro cívico en Santa Cruz vino un ministro de Estado con posturas de amenaza a la gente que se movilizó y contra el gobernador Luis Fernando Camacho, repitiendo la histórica cíclica de persecución como pasó en el gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Añez.

Dijo que en ese tiempo hubo “un exministro Arturo Murillo, muy torpe en su forma de ser, un ministro de Gobierno que lejos de dar seguridad y transición hacia la nueva democracia, lo único que hizo es generar odios que no son buenos para el gobierno nacional”.

Manifestó que la gente ve con nuevos ojos a Luis Arce y están esperando que “tenga una actitud muy diferente a la que tuvo el ministro Murillo o el exministro de Defensa de persecución, apresamiento, amedrentamiento a quienes pensaban diferente a ellos, ni siquiera al gobierno”.

Observa que la sociedad se está aglutinando por ese factor plata y más allá que el Censo signifique redistribución de escaños que es importante para los departamentos, en el fondo “es ver cómo nos repartimos el dinero”, comentó.

Advirtió que los municipios ya están viviendo dificultades económicas y ahí se ve una contradicción en la postura del alcalde Johnny Fernández de separarse de la institucionalidad cruceña a título de reactivación económica. Se separó de la línea cívica para asumir una política de apoyo al Gobierno.

“Está en su derecho, pero lo que no se termina de entender es cómo el alcalde que va a recibir más recursos de toda Bolivia, que va a recibir la chequera más grande por un tema de coparticipación y redistribución de recursos económicos, le diga no al Censo”, afirmó.

En ese contexto, ratificó que el Gobierno se equivoca en su trato a Santa Cruz porque Santa Cruz es mucho más que el gobernador o su alcalde. El analista dijo que la gente espera que los operadores políticos del gobierno se desprendan de sus apasionamientos de monarquías, utilizando siempre la justicia como un instrumento de persecución contra sus opositores. (Santa Cruz, Erbol).