“Por razones humanitarias se autoriza la salida judicial del imputado: Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, para que asista al entierro de su señor padre Rodolfo Guzmán Roca, sea por el plazo de 72 horas computables a partir de su salida del recinto penitenciario (…)”, se lee en el decreto del juez Zeballos, conocido a las 20.00 horas de ayer.

El abogado Luis Guillén que patrocina a Guzmán, explicó a EL DIARIO que lo primero que corresponde es determinar la cantidad de custodios que acompañarán a la exautoridad y en función a ello se presentarán los pasajes, que se acomodará al itinerario de vuelos y tratar de llegar al lugar lo más pronto posible.

El jurista apuntó que tomando en cuenta el costo que supone un traslado de La Paz a Trinidad, y que su cliente correrá con los gastos, un custodio sería suficiente ya que en Trinidad hay un Comando Departamental de Policía, el mismo que coordinó para el allanamiento y aprehensión del exministro.

Después de conocida la decisión del juez, este medio de comunicación intentó obtener información del director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, pero no obtuvimos respuesta. No obstante al promediar las 17.00 horas, en contacto con EL DIARIO, la autoridad apuntó que de haber una autorización judicial, se activarían los protocolos conforme a norma y la exautoridad será trasladada donde se disponga.

DILACIÓN

La tarde de ayer se conoció un primer decreto del juez Zeballos, que dispuso que la solicitud del exministro sea puesto en conocimiento de los otros sujetos procesales para que se pronuncien.

Guillén explicó que ese pedido de traslado, suponía que el ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia, Procuraduría y la exdiputada Lidia Patty, debían pronunciarse en un plazo de 24 horas desde el momento de la notificación.

Guzmán realizó la solicitud de permiso el miércoles, allí se compromete a asumir todos los gastos del traslado hasta Trinidad de él y los custodios que el Órgano Judicial considere necesario por un espacio de 72 horas. La exautoridad quería llegar a darle un abrazo de adiós a su padre, que ya estaba desahuciado, pero no pudo, ya que falleció a las 11.30 horas de ayer.

ENTIERRO

En contacto con EL DIARIO, la esposa de la exautoridad, Dalia Lima, lamentó la indolencia del Órgano Judicial al dilatar el permiso y que su esposo no haya alcanzado a darle el último adiós a su padre, cuya salud se deterioró desde que su único hijo varón “fue aprehendido ilegalmente” y enviado con detención preventiva sin cometer delito alguno.

“Se solicitó el momento en el que su padre entró a terapia intensiva y cuando los médicos nos dijeron que su deceso era cuestión de horas”, dijo.

Lima explicó que su suegro padecía de diabetes, enfermedad que se complicó por el estado depresivo en el que ingresó después del encarcelamiento de su hijo.

“La detención de su hijo le afectó muchísimo, él estaba delicado de salud, pero al saber de todo lo que le hizo el Gobierno de manera ilegal, le vino una depresión y ya no se pudo levantar de la cama”, apuntó.

La señora aclaró que de inicio, el entierro de su suegro estaba previsto para la mañana de este viernes, pero por el permiso judicial otorgado la noche de ayer, esperarán a que su esposo llegue.

“Si Dios quiere y esta gente se tienta el corazón y le otorgan el permiso vamos a esperarlo antes de enterrarlo, porque tampoco hay muchos vuelos de La Paz a Trinidad, hay que ver esos detalles”, dijo.

La señora que permanecía hasta el miércoles en La Paz manifestó que Guzmán estaba muy afectado por la salud de su padre, ya que por ser el único hijo varón y el menor de tres, tenían una relación estrecha.

El abogado Eusebio Vera manifestó a EL DIARIO que al tratarse de la muerte de un familiar de primer grado, como lo son los padres e hijos, el juez no debió dilatar el proceso y por razones humanitarias conceder el permiso de manera inmediata conforme al artículo 54 del Código de Procedimiento Penal y el 238 modificado por la Ley 1173.

“El juez al conocer el fallecimiento de un familiar de primer o segundo grado, debe otorgar de manera obligatoria una salida judicial e incluso de oficio, por razones humanitarias, teniendo en cuenta que el dolor de la pérdida de un ser humano tan noble como lo son un padre o madre. Todos los ciudadanos y autoridades deben ser sensibles a una pérdida irreparable. El exministro está privado de locomoción pero sus demás derechos están garantizados por la Constitución Política del Estado”, dijo.

Vera recordó que cuando el exlíder de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, perdió a su hijo en noviembre de 2018, cuando se encontraba con detención preventiva, el juez le otorgó el permiso correspondiente en un plazo prudente.

“El mismo día que Gutiérrez perdió a su hijo se celebraba una audiencia de cese a la detención preventiva, este recurso fue negado, sin embargo, por razones humanitarias y por lo delicado del caso, el juez le otorgó un permiso especial de duelo por el lapso de tres días, para que se traslade a la comunidad donde había fallecido su hijo”, recordó.

Apuntó que esta actuación jurisdiccional sentó un precedente para los demás actuados, y la situación del exministro es similar, por lo que el juez debería haber actuado de manera humanitaria y otorgar el permiso de salida correspondiente.

DATOS

El 12 de marzo de este año, el exministro fue aprehendido en la ciudad de Trinidad denunciado en el caso de supuesto golpe de Estado. Ese día fue trasladado a La Paz junto al exministro de Justicia, Álvaro Coímbra.

Dos días después, tras una audiencia de medidas cautelares, la jueza Regina Santa Cruz, lo envió con detención preventiva al penal de San Pedro de La Paz, por cuatro meses.

Bajo el argumento de que la Fiscalía necesitaba más tiempo para investigar, el 20 de marzo, la justicia aumentó de cuatro a seis meses la prisión preventiva para la exautoridad.