El acuerdo de descuentos tarifarios para los próximos 3 años suscrito el lunes pasado entre la Empresa Portuaria Arica (EPA) y la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B), tras culminar 90 días de negociaciones entre ambas entidades, logró superar el impasse entre ambas entidades.

Sobre el convenio, el senador y ex canciller José Miguel Insulza, señaló que “es muy satisfactorio ver que se impuso la razón y se llegó a un acuerdo de largo plazo acorde con lo que requiere el comercio exterior y la industria portuaria.

El Puerto de Arica siempre estuvo dispuesto a suscribir un acuerdo plurianual y a todas luces la propuesta que se hacía era muy superior a la que se negoció en 2019 y atendía sus solicitudes de apoyar la reactivación de Bolivia post pandemia.

“Pero a pesar de la demora, nos alegra ver que finalmente primó la razón y suscribimos un buen acuerdo para nuestros países, para nuestro Puerto y para los trabajadores de EPA y TPA. El apoyo unitario de toda la región fue también fundamental”, apuntó.

El legislador valoró el gesto público y mediático realizado por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, a través del cual reconoció los beneficios del acuerdo.

“Es una señal muy potente ese reconocimiento, que valora al Puerto de Arica como una salida primordial para el comercio boliviano, que ofrece descuentos importantes para su carga y presta servicios eficientes en el marco de sus capacidades y compromisos. También valoramos que se evite vincular estas materias con otros asuntos bilaterales, reconociendo así que Bolivia y Chile pueden avanzar en puntos concretos de acuerdo, en pro de sus recíprocas necesidades de desarrollo económico, abriendo paso a otros entendimientos similares a nivel regional”, indicó.

Equipo regional sólido

Por su parte, el senador José Miguel Durana valoró la capacidad de negociación de los equipos gerenciales de la EPA y TPA, “ya que finalmente con argumentos técnicos, sólidos, y comerciales, lograron persuadir a la ASP-B en la línea correcta, es decir, en conseguir la firma de un acuerdo de largo plazo beneficioso para el comercio exterior boliviano, pero también para las empresas de la región y para sus trabajadores”.

A su juicio, la firma del acuerdo pudo haberse concretado antes, “pero la agencia boliviana resistió  3 meses innecesariamente la suscripción del convenio. Infructuosamente un sector de la ASP-B, como institución del Estado de Bolivia, intentó -una vez más- transformar esta negociación en un conflicto bilateral, recurriendo a su Cancillería para protestar por el cobro justo de las tarifas en el Puerto. Al final primó la cordura y se derribó el mito de que el libre tránsito del Tratado de 1904 significa gratuidad de los servicios en el Puerto de Arica”.

Durana expresó que “es muy destacable que hayan sido los ejecutivos de las dos empresas regionales los que consiguieran este acuerdo. Eso quiere decir que en la región hay capacidades de sobra para conducir procesos de alta complejidad como éstos y que buscan velar por los intereses económicos y la estabilidad laboral de la industria portuaria regional. Aquí conocemos mejor que nadie las sensibilidades de nuestros vecinos y sabemos convivir con ellas. Gracias a ese acuerdo, el Puerto de Arica podrá afianzar su plan operativo de llegar a las 4,5 millones de toneladas, lo que significará más turnos y estabilidad para sus trabajadores”.