En definitiva, el desafío es conseguir el equilibrio adecuado entre posibilitar condiciones laborales e ingresos dignos para los trabajadores y permitir a los empleadores tener la flexibilidad de operar eficazmente y a un costo razonable, señala Gordon Betcherman, profesor emérito en la Escuela de Desarrollo Internacional y Estudios Globales de la Universidad de Ottawa, en su artículo titulado “Los desafíos de regular el mercado laboral en los países en desarrollo”, publicado en la página web del Banco Mundial.

Si bien los aspectos políticos no se pueden eliminar, un análisis basado en datos cuidadoso puede suministrar información útil para el proceso normativo al ilustrar los posibles efectos de opciones regulatorias diferentes en resultados económicos y sociales importantes. Los encargados de la toma de decisiones en los países de ingreso alto tienen acceso a un conjunto de investigaciones amplio y en constante expansión para orientar sus deliberaciones sobre la regulación del mercado laboral.

El autor del artículo señala que con los datos que dispone, se conoce que en muchos países en desarrollo se establecen reglas para el mercado laboral que brindan cierto nivel de protección a los trabajadores que tienen cobertura de seguridad social sin imponer costos importantes a las empresas o la economía.

Sin embargo, cabe señalar que este no es siempre el caso. Tomemos como ejemplo los salarios mínimos. En varios países en desarrollo el salario mínimo se fija por encima del promedio del valor agregado por trabajador, por lo que los empleadores tienen un fuerte incentivo para eludir la ley. Y en otros no existe ningún salario mínimo.

Además, se pueden hacer dos observaciones singulares a la hora de reflexionar sobre la regulación del mercado laboral en los países en desarrollo. Una es que estas políticas, adoptadas de modelos de los países industrializados que se basan en el empleo asalariado, se pueden aplicar realmente a una parte muy pequeña de la fuerza de trabajo con empleo en los países en desarrollo.

En países de ingreso bajo como Etiopía y Tanzanía, para mencionar solo dos ejemplos, más del 80 % de la población activa realiza ya sea un trabajo independiente o trabaja en empresas familiares, por lo que las normas sobre la seguridad laboral y los ingresos mínimos y otras regulaciones no pueden aplicarse de ninguna manera. Lo mismo es válido incluso en los países de ingreso mediano: En Marruecos, por ejemplo, solo la mitad de los trabajadores son asalariados.

La otra observación es que incluso en las partes más estructuradas de los mercados laborales en los países en desarrollo, el cumplimiento de las normas es un gran desafío. Los empleadores que quieren evitar los costos derivados del cumplimiento de las regulaciones laborales y los empleados que prefieren maximizar su salario neto pueden trabajar más fácilmente “de manera informal”. Por ejemplo, en la mayoría de los países en desarrollo, entre una cuarta parte y la mitad de los asalariados reciben menos del salario mínimo establecido por la ley.

En parte, el bajo nivel de cumplimiento es un reflejo de los costos de las regulaciones laborales y de los planes de protección social financiados con impuestos sobre la nómina, lo que puede crear desincentivos para la formalización.

También pone de manifiesto los beneficios poco claros proporcionados por las protecciones que actualmente existen. Tomemos como ejemplo las elevadas obligaciones de indemnización por despido en algunos países: estas no solo pueden ser costosas para los empleadores y, por lo tanto, desalentar la contratación formal, sino que, en última instancia, pueden proporcionar poco o ningún beneficio a los empleados que pierden sus puestos de trabajo.

Eso se debe al bajo nivel de observancia de las normas y a los costosos procesos para garantizar el cumplimiento de ellas. El seguro de desempleo suele ser una mejor alternativa para compensar a quienes pierden sus trabajos.

De hecho, la escasa capacidad de aplicación es un grave obstáculo para lograr una regulación eficaz del mercado laboral en los países en desarrollo. En estos países, la proporción entre inspectores y población activa suele ser entre 3 y 10 veces más baja (y en algunas ocasiones incluso considerablemente peor) que en los países europeos.

En última instancia, el mayor desafío para regular los mercados laborales en los países en desarrollo es qué hacer con respecto a los cientos de millones de trabajadores (o incluso más) que están fuera del alcance de las normas del mercado laboral y las protecciones sociales formales.

En un momento se presumía que, con el tiempo, el modelo de regulación de los países industrializados se aplicaría a una cantidad cada vez mayor de mercados laborales de los países en desarrollo. Sin embargo, ahora está claro que esto está sucediendo con mucha lentitud, si acaso.

En Bolivia los empresarios solicitaron flexibilizar las leyes laborales para reactivar al sector, debido a que los costos sociales son altos para los emprendimientos, y en el caso del segundo aguinaldo, es una carga para la empresa formal, ya que la informal no se apega a las reglas establecidas.