• Implementación de las Leyes 348 y 548, entre otras normativas, a través de una política integral en toda la cadena de prevención, atención y protección de la violencia de género y contra la niñez y adolescencia por el Gobierno Central y las Entidades Territoriales Autónomas.

• Seguimiento a la inclusión, implementación y cumplimiento de las Leyes

243 y 348 en los principios, estatutos y reglamentos de las organizaciones políticas, las escuelas, las empresas, la sociedad y las familias.

• La sanción a las organizaciones políticas por casos de acoso y violencia política como parte de las competencias del Órgano Electoral Plurinacional.

• Difusión de información sobre los derechos de las mujeres adultas y de las niñas, niños y adolescentes y fortalecimiento de mecanismos de prevención y denuncia como, por ejemplo, las promotoras comunitarias para la prevención y atención de la violencia de género en todos los grupos etarios contempladas en la Ley 348, así como los mecanismos definidos por la Ley 548 entre otras normativas en todas las Entidades Territoriales Autónomas.

• Medidas específicas para prevenir y erradicar la violencia en las escuelas y las familias.

• Mecanismos de registro y seguimiento de casos inexistentes. No se cuenta con un mecanismo común y unificado para el registro y el seguimiento de los casos reportados. Se dificulta la obtención de información estadística real y la evaluación integral de las intervenciones institucionales.

En los servicios especializados:

• La necesidad de retención y capacitación en la atención cálida y oportuna de los servidores que reciben las denuncias de violencia contra las mujeres, los niños y las niñas: Los servicios de atención sufren una alta rotación de personal como producto de los bajos salarios, la sobrecarga laboral, la burocracia administrativa, la insuficiente infraestructura y equipamiento y la inseguridad en los contratos laborales. Como consecuencia de esto, las personas que trabajan en estos servicios no se encuentran suficientemente capacitadas para atender y resolver los casos de violencia.

• La carencia de servicios de atención especializada y preventiva a las familias: los servicios de primera línea reciben a las familias cuando la violencia hacia las mujeres, niñas y niños ha escalado a niveles prácticamente irresolubles. Es necesario contar con servicios de atención preventiva a las familias, que los acompañen y orienten durante momentos de crisis y que sean accesibles a la comunidad.

• Actualmente, los padres y madres de familia temen acercarse a los servicios de la protección del Estado porque los culpabilizan y, en general, los amenazan con quitarles a sus hijos e hijas.

• La definición de una ruta clara de resolución frente a denuncias de violencia: Las investigaciones han demostrado que los servicios de protección intentan resolver el problema internamente. La denuncia no es percibida como solución por quienes han optado por ella. Por el contrario, sobre todo los niños y niñas perciben que los funcionarios del sistema de protección buscan evitar el conflicto y pretenden resolver la situación aconsejando a los afectados. Luego éstos se sienten avergonzados de volver a presentar la denuncia si el maltrato se repite.

• La percepción de las mujeres y la de los niños, niñas y adolescentes es que el sistema de protección del Estado no funciona: La Defensoría es la institución en la que más se piensa en acudir, en caso de violencia, pero de todas maneras piensan que ello no resolverá el problema. Por el contrario, los funcionarios del sistema de protección sobre-responsabilizan a las mujeres de familia por la existencia de maltrato en sus hogares.

• Existe un gran vacío en el trabajo psicológico y socioemocional con la víctima para la restitución de sus derechos, pues en la mayoría de los municipios el trabajo se limita al ámbito legal, dejando desatendido el ámbito psicosocial de la persona y su entorno.

• Ausencia de acciones de real prevención. Las estrategias preventivas son de corte educativo, basadas en charlas y talleres temáticos sobre violencia, sin que ello represente ninguna solución efectiva en el cambio de comportamiento de los entornos cercanos a los niños.