El jurista recordó que en 2019 los bolivianos fueron víctimas de ataques materiales y psicológicos, siendo que a través de los llamados “guerreros digitales”, los ataques y las intimidaciones en las redes sociales eran constantes.

“Es lamentable ver cómo los políticos están manipulando a la justicia, haciendo lo que quieren siempre han buscado impunidad durante todo este tiempo, tratando de liberar o salvar a los militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) y el decreto aprobado no significa otra cosa que una afrenta al pueblo boliviano, una afrenta a la realidad o al momento histórico que todos hemos vivido. No se puede minimizar menos legalizar esos actos que se encuadraron en tipos delictivos so pretextos de una manifestación de carácter político, o características políticas”, aseguró Vera en contacto con EL DIARIO.

Apuntó que todos los bolivianos fueron testigos de todo cuanto pasó en noviembre de 2019, cuando se hizo famosa la frase de “ahora sí, guerra civil”, tras el conflicto desatado por los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado 20 de octubre y que terminó con la renuncia de Evo Morales al gobierno.

Vera recordó que fueron momentos muy duros para los bolivianos, donde grupos de manifestantes a favor y en contra de Evo Morales se enfrentaron a diario en distintas ciudades del país, principalmente en la sede de Gobierno.

“Todos esos actos estuvieron enmarcados dentro de actos ilícitos, no se puede tapar el sol con un dedo, debe haber castigo para los responsables, no se puede quedar en la impunidad”, aseguró.

HECHOS

La noche del 10 de noviembre, una turba enfurecida bajó desde la ciudad de El Alto a La Paz, arrasando con todo lo que encontraron a su paso, ese día quemaron la vivienda de la periodista de Televisión Universitaria, Casimira Lema. Mientras, debido a advertencias a través de las redes sociales, otros medios de comunicación como EL DIARIO tuvieron que suspender su edición impresa y replegar a su personal de turno.

Esos grupos también incendiaron bienes públicos como los buses PumaKatari, quemaron también la casa del exrector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín y causaron temor entre los vecinos de la zona Sur.

El día 11 de noviembre, esa turba tomó y destrozó varias instalaciones de la Policía Boliviana, tanto en la ciudad de La Paz como en El Alto y otras ciudades.

De acuerdo con los usuarios de la ciudad de El Alto, ese día también se cortó el suministro de agua potable y había amenazas con tomar las represas y dejar sin el líquido vital a la ciudad de La Paz. Causaron actos violentos y vandálicos en varias zonas de la urbe paceña, donde los vecinos tuvieron que armar trincheras para defenderse.

DECRETO SUPREMO

El viernes 12 de febrero, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto presidencial con el que se permite que quede en la impunidad las violaciones de Derechos Humanos cometidos durante los conflictos políticos y sociales de 2019 y 2020.

El numeral 2 del decreto presidencial 4166, señala: “Restablecer los derechos civiles y políticos, en procura de celeridad y debido proceso, para aquellas personas que se encuentran procesadas, como consecuencia de los conflictos políticos y sociales, caracterizados por vulneraciones masivas y generalizadas de derechos fundamentales y garantías constitucionales, suscitadas durante la crisis política institucional del Estado acontecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.

La senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, manifestó que: “Se va a generar amnistías e indultos para quienes han bloqueado ciudades, para quienes han vulnerado Derechos Humanos, para quienes han abusado sexualmente a mujeres en Challapata, para los hechos acontecidos en Vila Vila, en Montero, los múltiples destrozos a la propiedad privada y a la propiedad pública en los diferentes departamentos del país; son hechos que no debemos dejar pasar”.