Luego de las presiones de los sectores “antivacuna” y tras los anuncios de una inminente flexibilización en la presentación del carnet de vacunación, legisladores de la oposición rechazaron que desde el Gobierno se haga política con temas sanitarios para favorecer a grupos minoritarios.
El rechazo se da porque la medida anunciada perjudicará el proceso de vacunación de la población que, en los últimos días, acudió a los puntos de inmunización de forma masiva ante el requerimiento de este documento a partir del 26 de enero.
Para el diputado Enrique Urquidi Daza (CC), los anuncios emitidos por representantes y dirigentes de grupos minoritarios que se oponen a la vacunación indican que la presión contra el Gobierno surtió efecto.
El parlamentario, representante del departamento de Oruro, señaló que de esta forma se comprueba que el oficialismo hace política con la salud de la ciudadanía, negociando los derechos y el bienestar de la mayoría en beneficio de algunos grupos.
“El gobierno del presidente Arce ha decidido hacer politiquería barata y negociar el interés común de los bolivianos y los derechos fundamentales a la vida y la salud, prefiere acceder a los deseos de algunos antes que lo correcto para todos”, manifestó Urquidi desde las redes sociales.
Al respecto, el diputado Alejandro Reyes (CC) puntualizó que el Gobierno incurre en una falta al haber instruido la postergación de la vigencia de un decreto, siendo que solo existe la posibilidad de anulación o modificación mediante otra normativa de la misma jerarquía.
“El decreto supremo que establece la obligatoriedad del carnet de vacunación solo puede ser abrogado o derogado por otro decreto. La figura de la suspensión es una ilegalidad en la que incurre el Gobierno”, dijo el legislador.
Además, calificó la posible medida como un error político que tendrá sus consecuencias en la salud de la población, solo para atender las exigencias de grupos minoritario que en varios casos tienen afinidad con el MAS.
En las últimas horas, el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, anunció que se prepara una flexibilización en la medida de exigir la presentación del carnet de vacuna, como requisito obligatorio en entidades públicas y privadas, todo tras las medidas de presión que llevan adelante los sectores denominados “antivacunas”.
“Se ha determinado una flexibilización, pero no estamos diciendo que se va a retirar, porque estamos en conversaciones con los grupos que están pidiendo la abrogación”, indicó la autoridad sin dar mayores detalles de las nuevas disposiciones.
Durante el fin de semana, el dirigente del magisterio rural, Rudy Callisaya, anunció movilizaciones y bloqueos en las 20 provincias de La Paz, a partir de hoy, en demanda de la abrogación de los decretos supremos 4640 y 4641. Esta persona fue duramente cuestionada por oponerse a la vacunación habiendo recibido una dosis de la vacuna Jhonson y Jhonson meses atrás.
Desde la Iglesia católica, el arzobispo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, monseñor Sergio Gualberti, pidió a la población defender la vida frente a los contagios por coronavirus señalando que no es momento de oponerse a las campañas de vacunación ni a la bioseguridad. “Desde el punto de vista ético, creo que todos deben vacunarse”.
“En esta lucha contra la pandemia, la Iglesia pide a las autoridades dar ejemplo y testimonio de sabiduría, cuidando la vida y el bienestar de todos los ciudadanos”, dijo el monseñor Gualberti.