Tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno central y representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) en relación al incremento salarial para la presente gestión, parlamentarios cuestionaron esta medida por considerar que se trata de una acción irresponsable que afectará al sector privado y también al Estado, ante la alta cantidad de funcionarios públicos.

Las primeras reacciones ante este acuerdo adelantaron problemas en el cumplimiento del incremento acordado, sobre todo en el sector privado que en la actualidad se recupera de la crisis económica producto de la pandemia del coronavirus.

Al respecto, la senadora por Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, calificó esta medida como una determinación irresponsable por parte del Gobierno central, señalando que de esta forma se afectará no solo al sector privado, sino también al Estado.

En este sentido, puntualizó que la alta cantidad de funcionarios públicos que serán beneficiarios de este incremento, se constituye en una carga para la economía nacional.

“Una medida irresponsable que fulmina al sector privado, pero también al Estado que tiene más de 700.000 empleados”, expresó Barrientos.

La legisladora representante de Cochabamba, sostuvo que este incremento, en el caso de los funcionarios públicos, será pagado por todos los bolivianos y se suma a una enorme deuda ya existente. “Esa plata sale de los bolivianos y de la enorme deuda que nos está cargando. ¿A qué juega Presidente?”, cuestionó la parlamentaria desde su cuenta de Twitter.

Días atrás, el diputado Alejandro Reyes ya había manifestado sus cuestionamientos ante las insistentes solicitudes del ente matriz de los trabajadores por un incremento para esta gestión.

Reyes manifestó que un incremento en la presente coyuntura se transformaría en un beneficio que no llegará a todos los bolivianos, pues la mayoría de los trabajadores corresponde al sector cuentapropista.

“El incremento salarial solamente va a los trabajadores que tienen un empleo. ¿Y qué es lo que sucede con la economía familiar y el autoempleo? Más del 80 % es informal en este país, por lo tanto, a ellos no les llega ni un poco este incremento”, sostuvo.

De la misma forma, lamentó que con medidas de este tipo se afecte la economía de las pequeñas y medianas empresas que también generan fuentes de empleo.

“Estamos afectando realmente a sus bolsillos porque esta gente que vive del autoempleo tiene que, incluso, pagar más cuando tiene algún empleado dentro de sus pequeñas y medianas empresas. Los estamos poniendo contra la pared en el tema económico”, afirmó Reyes, cuestionando que nuevamente el incremento salarial sea parte de un discurso demagógico.

Desde el oficialismo, el diputado Sandro Ramírez, destacó los anuncios por un incremento salarial para esta gestión anunciados por el Gobierno, señalando que en pasados años y otras gestiones, estos debían lucharse en las calles, además sostuvo que se trata de una reposición correspondiente a los dos años que no se dispusieron aumentos, esto debido a la crisis por la pandemia.

“Lo que se ha hecho es una reposición de estos dos años que no ha habido un incremento salarial en favor de los hermanos asalariados del país y creo que el 3 % y el 4 % al salario mínimo y al básico, es muy importante para cada trabajador que va ver mejorados sus ingresos”, sostuvo.

El miércoles, tras una reunión sostenida entre el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, y representantes de la Central Obrera Boliviana, se llegó a un acuerdo para determinar un incremento en esta gestión.

“Con mucho trabajo, esfuerzo y en unidad con el pueblo boliviano volvimos a la senda del crecimiento y reconstrucción económica; debemos cuidar lo que hemos logrado. En reunión con la COB acordamos para 2022 un aumento salarial de 4 % al mínimo nacional y 3 % al haber básico”, anunció el primer mandatario.

Posteriormente, durante una entrevista radial, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aclaró que este incremento, en el caso del sector público, solo se aplicará en trabajadores de educación y salud, mientras que en el ámbito privado está sujeto a negociaciones entre empleados, sindicatos de trabajadores y empleadores, sobre la base del 3 % al haber básico.