El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott solicitó a la Fiscalía Departamental intervenir para liberar el tránsito de camiones y transporte internacional parado en la zona de Vinto, ante la falta de soluciones y el perjuicio generado hace cinco días con el bloqueo de la carretera que une Cochabamba con el occidente por la falta de entrega de canastas familiares.

Mientras tanto, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) expresó su preocupación, la semana pasada a través de un pronunciamiento, por el conflicto generado en el sector agrícola y agroindustrial boliviano a causa de una normativa sobre franja de precios de derivados de soya emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural - MDPyEP, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT, y que ha alentado pugnas entre el sector oleaginoso industrial, por un lado, y pecuario (sector avícola, porcicultor y lechero), por otro.

El pronunciamiento de la Caneb señaló que dicho conflicto podría extrapolarse a otros sectores como el de productores de soya y girasol; servicios de transporte de carga, nacional e internacional; servicios de almacenamiento; entre otros.

Esa situación podría reducir las perspectivas de recuperación económica para la gestión 2021 y afectar la capacidad de traer divisas para las Reservas Internacionales porque la industria aún no habría recibido los Certificados de Abastecimiento Interno y Precio Justo (CAIyPJ) que les permitan continuar exportando.

La última parte fue aclarada por el Ministerio de Producción, al indicar que las empresas del Complejo de la soya están habilitadas para exportar, los CAIyPJ están vigentes hasta febrero de 2022.

Por su parte, con referencia al conflicto de Vinto, lamentó que en plena pandemia se perjudiqué el desempeño económico del país debido a que la carga que debió llegar hace tres días a puerto internacional, continúa parada en la zona.

“´ºSe está perdiendo despachos en los enlaces con barcos y el país deja de generar divisas e impuestos y son con los impuestos que se tiene que pagar demandas como la compra de canastas familiares, pedimos a los padres de familia que reflexionen y suspendan su medida de presión.

El presidente de la FEPC indicó que se mandará una carta a la Fiscalía Departamental para que intervenga en el conflicto porque se ve una falta de seriedad en el proceso de contratación para las canastas familiares de parte de las autoridades, pues el problema se arrastra desde el mes de noviembre de 2020.

“Ya son tantos meses que no pueden resolver el problema, ni siquiera han podido protocolizar un contrato, y por otro lado vemos que no hay un interés de las autoridades locales, porque en vez de contribuir a que se resuelva el problema de mejor forma son parte del problema, hacemos una severa llamada de atención a la alcaldesa a los concejales, porque vemos que están detrás de intereses políticos y electorales y esto ya raya dentro del marco penal”, agregó.

Por su parte el presidente de la Cámara Departamental de Transporte, Alfredo Saca, que fue tomado como rehén en la iglesia de Vinto el lunes por la noche, contó que el perjuicio al sector supera diariamente los 7 millones de bolivianos y que la situación les está generando problemas con sus clientes.

“Solamente pedimos a las autoridades que hagan cumplir el libre tránsito y hagan sus oficios para que se levanten las medidas, nuestro sector ya está en un estado de emergencia por las pérdidas”, agregó.

También informó que actualmente cerca de un centenar de camiones se encuentran parados en la zona, mientras que otros cien fueron evacuados ayer por la noche y retornaron a la ciudad.

Caneb

En su pronunciamiento, la Caneb sostiene que la preocupación de todos, incluido el Gobierno Nacional, debería ser la de volver a generar crecimiento y desarrollo económico, con empleos dignos, estabilidad económica y aprovechar el viento de cola que viene de la mano de la coyuntura de precios internacionales.

“Si la norma emitida presenta falencias, y si es perfectible, deberían extremarse esfuerzos en el sentido de ajustarla y lograr una reglamentación pareja para todos. De otra manera, debería considerarse su eliminación porque no es correcto que un sector privado (industrial oleaginosa) subvencione a otro sector privado (sector pecuario) a través de la venta de productos que distan mucho del precio internacional de indiferencia para la exportación”, sostiene.

Además, si el tema de fondo es mantener precios estables de productos de la canasta básica, el Estado debería echar mano de los diversos mecanismos que le permiten intervenir en el mercado, ya sea a través de la producción y comercialización de alimentos, con la participación de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), o a través de la importación de insumos por medio de la estatal insumos Bolivia, entre otros, para generar dicha estabilidad de precios, señala el pronunciamiento.

“No resulta razonable, a toda luz, que los costos de un objetivo de política pública deban ser asumidos por el sector privado exportador, como es el caso de la industria oleaginosa”, apuntó.