El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) da 72 horas a la fiscal departamental, Roxana Choque, para esclarecer lo sucedido en la Universidad Autónoma Tomás Frías, el pasado lunes, donde la detonación de una granada de gas generó la avalancha humana que provocó la muerte de cuatro estudiantes.

“Queremos que de una vez se llegue a los autores intelectuales y materiales, que la investigación se haga rápida y que no se vaya disipando en el tiempo, eso es lo que queremos como potosinos. Hay personas que ya han sido detenidas, pero ¿qué hay de las otras personas que han armado todo esto?, ¿bajo qué características?, ¿qué fin tenían?, ¿por qué estaban preparados con una granada de triple detonación?, ¿por qué Max Mendoza estaba estos días en Potosí?, ¿ha venido a definir las cosas?”, cuestionó Graz en entrevista con EL DIARIO.

Max Mendoza, de 52 años y más de 30 como universitario, es el máximo dirigente de los estudiantes universitarios de Bolivia y como representante de ese sector es secretario nacional del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y por ese cargo gana casi 22.000 bolivianos.

Roxana Graz, manifestó que de acuerdo a información que recibió, en la asamblea convocada para el pasado lunes se tenía que aprobar la convocatoria a elecciones. La misma ya había sido aprobada, sin embargo, no dieron lectura minuciosa de los artículos, como solicitaban los estudiantes y por ello su permanencia en el coliseo de la Tomás Frías.

“Se presume que el presidente del comité electoral estaba direccionando bajo algunas artimañas y por eso los estudiantes no estaban abandonando el sitio, querían que lea a cabalidad la convocatoria y a razón de ello los estudiantes no se retiraban y por eso han soltado una granada de gas, para dispersar a la gente”, apuntó.

En ese marco, la dirigente presume que detrás de todo ello está el interés de suspender, nuevamente, el Congreso de Universidades previsto para el próximo 23 a 26 de mayo, donde se definirá el estatuto orgánico, académico, permanencia estudiantil y al ejecutivo de la Confederación Universitaria Boliviana,

“Al realizar el congreso, Mendoza ya no tendría que estar ahí, y se tendría que hacer una auditoría a toda la gestión en el tiempo que se ha interrumpido, ya que el congreso se había instalado en 2018, pero se suspendió por la muerte del estudiante de la Upea”, recordó.

En ese contexto, la dirigente de la institución cívica manifestó que en audiencia de medidas cautelares que se realizó el miércoles, la Fiscalía manifestó que no hay elementos suficientes, lo que – en su criterio – hace presumir que no hubo avances después de la aprehensión de los implicados.

Graz apuntó que espera que las investigaciones avancen y que este hecho que enlutó a los potosinos no se quede en la impunidad como el caso del estudiante que perdió la vida en una protesta de la Universidad Pública de El Alto, en 2018.

RENUNCIA

Por otro lado, Graz advirtió que si Choque no atiende la solicitud de Comcipo, estos pedirán su renuncia por su gestión cuestionada.

“Que se vaya a su casa porque varios casos como el de las 41 ambulancias no están siendo investigados, tenemos un acto de corrupción respecto a la planta de aducción de agua potable de La Palca a Potosí, de 23 millones que nunca ha funcionado y la Fiscalía ha rechazado (las denuncias) en dos oportunidades. Tenemos un sobreprecio en la construcción del aeropuerto y las investigaciones no continúan, tenemos un sobreprecio en la entrega de un puente en 2019 y hasta ahora sigue en esqueleto, tenemos otros muchos actos de corrupción que no están siendo investigados, por eso el común denominador es justicia corroída y partidaria”, advirtió.

MENDOZA

Max Fernando Mendoza Parra, presidente de la Confederación Universitaria Boliviana, el “hombre fuerte de las universidades” del país, está en el ojo de la tormenta, pues es denunciado por percibir un salario de más de 21 mil bolivianos en 2019, por ejercer una “eterna dirigencia” y por presunto acoso laboral en enero.

Tiene 52 años, 33 de ellos los habría invertido cursando en la universidad.

Desde el martes circula en redes sociales y medios de comunicación una boleta de pago salarial a nombre del dirigente universitario que data de febrero de 2019 por un monto mensual de 21.870 bolivianos, correspondiente a un salario que habría sido cancelado a su persona por parte del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).

Según información del programa Fama, Poder y Ganas, Mendoza sería estudiante universitario por 33 años, figurando como estudiante inscrito desde el año 1989. Datos extraoficiales indican que pertenece a la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba.

El miércoles, Mendoza se negó a informar cuánto tiempo forma parte del sistema universitario como estudiante y negó una entrevista para hablar sobre el tema.

“Si no van a atender el tema de Potosí, con todo respeto, yo quiero decirles que no voy a atender el teléfono. Muchas gracias”, dijo Mendoza, y cortó la llamada telefónica.

En enero de este año, la activista y líder del colectivo Mujeres Creando, María Galindo, denunció por presunto acoso laboral a Mendoza a través de su programa “Mi garganta es un órgano sexual”, emitido por radio Deseo.

La noche del martes, en una entrevista con el programa No Mentirás, Galindo indicó que, tras emitir dicha denuncia contra Mendoza en enero, recibió una llamada que buscaba ser aclaratoria, desmintiendo las acusaciones contra el dirigente universitario, caso sobre el cual posteriormente no se emitió mayor información por otros medios de comunicación.

Sobre el tema, Galindo aclaró que toda denuncia que se emite a través de su programa radial es corroborada con documentación, por lo cual no se borra ningún tipo de información de dicho medio.

Por otro lado, en 2020, Mendoza fue denunciado de sostener comunicación con Noemí M., una adolescente que fue señalada por mantener, presuntamente, un vínculo con el expresidente Evo Morales.

El periodista español Alejandro Entrambasaguas reveló una conversación de WhatsApp entre Mendoza y Noemí. Además, el representante universitario fue parte del proceso de calificación y evaluación de postulantes para Fiscal General del Estado en 2018, cuando se designó a Juan Lanchipa en el cargo. (EL DIARIO y Opinión)