El sector considera que es el único que actualmente puede mantener en equilibrio la balanza comercial del país y, por ello, requiere mayores incentivos del Estado, no un impuesto que generaría consecuencias nocivas para la cadena agroproductiva e industrial y para toda la economía nacional.

Pero no solo los agroexportadores no están de acuerdo con nuevos impuestos, sino que las cámaras empresariales ya expresaron modificar el tema tributario y ampliar la base de los contribuyentes, debido a que las cargas fiscales promueven la informalidad.

Las empresas prefieren volcarse a la informalidad que a lo formal por los costos fiscales y laborales que implica el cumplimiento de las normativas vigentes.

Además, en la actual coyuntura, los empresarios expresaron que se debería incentivar la actividad privada a través de la rebaja de impuestos; el año pasado por la pandemia hubo diferimiento del pago de tributo.

Distorsiones

Entretanto, el ejecutivo de la Caniob señaló que en caso de prosperar esa idea y aplicarse dicho impuesto, “el Gobierno estaría matando a la ‘gallina de los huevos de oro’, ya que el sector agroindustrial exportador hoy es el único que puede mantener en equilibrio la balanza comercial del país”.

Amantegui añadió que “esa clase de impuestos afecta la capacidad productiva y exportadora del país, generando distorsiones” tales como: mayores costos en la cadena productiva, industrial y comercializadora; pérdidas de empleos, caída de ventas de los proveedores de insumos y maquinarias, etc.; desincentivos para invertir y salir a competir internacionalmente; incumplimiento de contratos internacionales; afectación económica a sectores relacionados con las exportaciones, como el transporte en sus diferentes modalidades; y se crea la sensación de un país poco confiable y riesgoso para hacer inversiones.

Seguridad

Hace unas semanas atrás, tanto el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, y el ministro de Justicia, Iván Lima, coincidieron, por separado, que es importante la seguridad jurídica para las inversiones.

Y la puesta en marcha de nuevos impuestos frenaría las inversiones, así como el nacimiento de nuevos emprendimientos económicos a nivel nacional, aunque autoridades nacionales en su momento negaron tal posibilidad.

La ausencia de recursos en el Estado promueve la propuesta de implementar nuevos impuestos; recientemente se puso en marcha la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) con esta misma finalidad.

Recaudación

Mientras tanto, producto de los 2.213 procesos de fiscalización y verificación por gran actividad económica, el Servicio de Impuestos Nacionales recaudó 19.889.468 bolivianos hasta marzo de 2021, informó el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón Morales.

La autoridad recordó que periódicamente el SIN informa a la población sobre los resultados de las fiscalizaciones tributarias que desarrolla en el marco de sus competencias, que incluyen la recaudación, control, verificación, valoración, fiscalización, entre otras.

Incentivo

Entretanto, Amantegui consideró que “en lugar de afectar a toda la cadena agroproductiva e industrial del país con un impuesto que mal podría resolver la falta de recursos del Estado, es momento de incentivar con mayor decisión la producción agropecuaria, para asegurar así la soberanía alimentaria de los bolivianos, mejorar las condiciones de los productores e incrementar los ingresos del país a través de divisas de exportaciones”.

De esa manera, “mejoraría realmente la economía nacional en beneficio de todos los bolivianos y del propio Estado, sin perjudicar a un sector formal que aporta de manera determinante al desarrollo de Bolivia”, concluyó el presidente de Caniob.

Presión tributaria

Como se recordará, en 2018 un estudio del Banco Mundial BM informó que el Estado boliviano es sexto país de la región con mayor presión fiscal con un 26,6 %, 5 % más de lo establecido para los países latinoamericanos y caribeños, según la nota de Urgente.bo.

Ante esa información, el entonces viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, señaló que la presión titubaría en Bolivia era del 19,4 %, índice que está por debajo del 20.1 % establecido para los países de América Latina y el Caribe.

Un estudio realizado por el Banco Mundial (BM), denominado Ajuste Fiscal en América Latina y el Caribe: ¿Costos en el Corto Plazo, Beneficios en el Largo? detalla que el Estado boliviano es el sexto país de la región con mayor presión fiscal, con un 26,6 %, 5 % más de lo establecido para los países latinoamericanos y caribeños.

Sobre el tema, el ahora presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, señaló que la presión tributaria en Bolivia llega solo al 17,7 % (incluidos los impuestos que recauda la Aduana Nacional) del Producto Interno Bruto (PIB) y desmintió que los impuestos frenen la ampliación productiva de empresas en el país, como publicó un medio impreso, según publicación del 14 de octubre de 2019.