El expresidente Evo Morales estaba en Venezuela el 16 de abril de 2009 cuando se produjo el asalto al hotel, pero desde ese país dijo que él había dado la orden de que la Policía actúe.

La CIDH, por estas violaciones a los Derechos Humanos, iniciará un proceso contra el Estado boliviano, dice el informe que fue publicado por El Deber. Para que ese proceso se evite, el gobierno debería enjuiciar a sus responsables, entre otros el expresidente Morales.

El reporte de la CIDH confirma lo que anteriores informes habían establecido según las autopsias realizadas en Europa de quienes fallecieron en la asonada policial: que se produjeron ejecuciones extrajudiciales y que no hubo tal “enfrentamiento armado” entre los miembros del grupo de Eduardo Rózsa y los policías. Entre muchos otros, un reporte de la cadena Al Jazzira, que analizó filmaciones y fotografías de las paredes de las habitaciones del hotel, estableció que no hubo tal “cruce de disparos”.

La hipótesis sobre el accionar de la Policía y la intención de realizar las ejecuciones ha sido ampliamente debatida en el país, pero existe consenso de que el gobierno, mediante la acusación al grupo de Rosza, las posteriores ejecuciones y los procesos judiciales posteriores, logró descabezar durante una década a la dirigencia cruceña, que era contraria a los intereses del gobierno.

El periodista y analista Carlos Valverde cree que esta operación de Inteligencia del gobierno se hizo con la intencionalidad de eliminar a la oposición cruceña al gobierno del MAS, lo que logró. Sobre todo las decenas de acusaciones posteriores, comandadas por el fiscal a cargo, el actualmente fugado Marcelo Soza, lograron amedrentar a muchas personalidades cruceñas.

El documento de la CIDH fue aprobado el 21 de diciembre de 2021 y no ha sido dado a conocer todavía oficialmente. Está firmado por la entonces presidente, Antonia Urrejola (actual canciller de Chile); la primera vicepresidente, Julissa Mantilla Falcón; la segunda vicepresidente, Flavia Piovesan, y las comisionadas Margarette May Macaulay y Esmeralda Arosemena. Según el artículo 49 del reglamento de la comisión, suscribe la secretaria ejecutiva adjunta, Marisol Blanchard.

El informe, dijo El Deber, está en la antesala de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que juzgará al Estado boliviano. Para evitar ese juicio, el gobierno debe cumplir cuatro recomendaciones, entre las que figura iniciar un juicio contra los responsables de la ejecución extrajudicial. Por lo tanto, el gobierno de Luis Arce tendría en sus manos un juicio en contra del exmandatario y líder de su partido, Evo Morales.

LOS HECHOS

La madrugada del 16 de abril de 2009, un grupo de élite de la Policía, fuertemente armado, ingresó al hotel Las Américas en Santa Cruz, realizó detonaciones en el cuarto piso e irrumpió en sus habitaciones disparando armas de fuego. Como consecuencia, Eduardo Rózsa, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer resultaron muertos; Elod Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.

Varios de ellos habían publicado fotografías en las que estaban armados y afirmaban ser miembros de un grupo separatista. Sin embargo, tras quedarse sin financiamiento, decidieron salir del país. El gobierno, que había infiltrado al grupo, decidió realizar el operativo por razones políticas, dicen quienes fueron acusados.

El informe de la CIDH coincide con las versiones de los abogados defensores de los acusados, especialmente Gary Prado: por ejemplo, que las cámaras de seguridad del hotel fueron apagadas un día antes, que se cortó el internet a las 3:10 de la madrugada, minutos antes del operativo, que se eliminaron videos y registros de internet del hotel y personal del Ministerio de Gobierno estuvo alojado en el mismo. (Brújula Digital).