Debido a la salida de la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (ACNUDH), miembros de la bancada parlamentaria de Comunidad Ciudadana (CC) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), advirtieron un plan del Gobierno para atentar contra los derechos humanos de la población.

En representación de la principal bancada de oposición en la ALP, la senadora Andrea Barrientos afirmó que en la actualidad se lleva adelante un “Plan Siniestro” del MAS cuya finalidad es afectar la vigencia de los derechos humanos en el país, así como cortar el trabajo de todas las instituciones encargadas de velar por su aplicación.

En este sentido, denunció que desde el poder se ha tomado la determinación de retirar a la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del país, por ello, “exigimos al Gobierno que confirme esta información y de ser esto cierto, este plan macabro se estaría cumpliendo a la perfección”, reprochó la legisladora.

Barrientos detalló que parte de este plan tuvo que ver con la elección irregular, por parte de la mayoría oficialista en la ALP, de un nuevo titular en la Defensoría del Pueblo, sin haber alcanzado los consensos necesarios para la designación en un cargo importante para la defensa de los derechos de la población.

En criterio de Barrientos, con el retiro de esta instancia, se deja a la población boliviana en total estado de indefensión, teniendo en cuenta que en el pasado se han sacado a otras instituciones de defensa de derechos humanos, constituyéndose en la última de este tipo en territorio nacional.

Ante esto, la senadora por Cochabamba denunció que se quiere promover una narrativa a nivel internacional de que se cumple con los derechos humanos mientras se deja a la población en una desprotección absoluta.

Haciendo referencia a la reciente detención de un miembro de la Unión Juvenil Cruceñista, Barrientos advirtió que la persecución política emprendida desde el poder para acallar las voces contrarias al masismo, no solo se aplica con representantes de las fuerzas de oposición, sino con todos los ciudadanos que no compartan la línea ideológica del Gobierno.

“Nos queda claro que los perseguidos no solo somos los que hacemos política en el ejercicio todos los días, sino el ciudadano que hable en contra, que mañana va ser metido preso porque eso es lo que se quiere hacer desde el Gobierno”, aseguró.

Al respecto, la senadora paceña, Cecilia Requena, manifestó que con la salida de esta representación de Naciones Unidas del país, se incrementa la desprotección de la población, al no existir otras instancias a las que recurrir para denunciar vulneraciones.

“En este momento nuestra desprotección es enorme, porque no existen otras instancias de defensa de los derechos humanos que tengan asiento en el país como Amnistía Internacional o Human Rights Watch”, dijo.

En este sentido, exigió que autoridades de Gobierno confirmen si se ha tomado esta decisión, adelantando gestionar la permanencia de una representación a la cual recurrir para efectuar denuncias relacionadas al ámbito de los derechos humanos.

“Lo que necesitamos es exigir que el gobierno aclare esta agresión contra la de defensa de los derechos de los bolivianos, por lo que vamos a hacer las gestiones necesarias para que una representación de la oficina del Alto Comisionado pueda quedarse, aunque es una decisión del Estado el no renovar el acuerdo que permite esta presencia en el país”, puntualizó Requena.

Desde sus redes Sociales, la expresidenta Jeanine Añez, acusó al Ejecutivo de haber dado un golpe a la defensa de los derechos, afirmando que la representación de la Acnudh ya no está presente en el país desde este año.

“El régimen del MAS y su Ministro de Injusticia dieron la patada final a los derechos humanos en Bolivia. Desde el 1 de enero, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos no está en el país. Cada día estamos más iguales a Cuba, Nicaragua y Venezuela”, expresó la exmandataria.

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Iván Lima, rechazó estas acusaciones recordando que la relación del Estado boliviano con la oficina del Alto Comisionado viene de mucho tiempo atrás y Bolivia es muy respetuosa de los derechos humanos.

“De ninguna manera podríamos tener nosotros la actitud denunciada por Comunidad Ciudadana, hay que invitarlos a que entiendan el funcionamiento del sistema de Naciones Unidas. Es un acto propio de ellos el ver cuántas personas van a destacar en el país”, dijo la autoridad, asegurando que en los siguientes días se conocerá sobre nuevas designaciones por la vía administrativa, dato que será comunicado a la población en su momento.