Para las 8:30 horas de hoy está programada la audiencia donde el Ministerio de Defensa y la Fiscalía buscarán ampliar la detención preventiva del coronel del Ejército, Héctor Pérez, quien fue imputado por cumplir una orden del exministro de Defensa, Luis Fernando López, de traer agentes químicos desde Ecuador durante los conflictos de 2019. A más de un año del inicio del caso, las investigaciones no avanzan, según documentos a los que accedió EL DIARIO.

En memorial presentado el pasado 24 de noviembre, por el fiscal del caso, Bladimir Bolívar, refiere que la detención preventiva es la única medida que garantizará la presencia del ahora imputado.

“El establecimiento y esclarecimiento de los hechos, los cuales pueden ser simples o complejos: en este caso de autos resultan ser complejos por la pluralidad de imputados y su accionar dentro del presente caso, como también personas en calidad de investigadas quienes se encuentran declaradas rebelde”, señala el documento.

Asimismo señala que el Ministerio Público al estar sujetas a pruebas científicas, las pericias resultan difíciles de obtener, tomando en cuenta que se tiene “apenas” el resultado de algunas de ellas.

Señala además que por la cantidad de investigados y sus defensas, genera que sea complicada la convocatoria para la realización de la Inspección Técnica Ocular (ITO).

“Se establece la necesidad de realizar careo con el uso de cámara gessel entre Rubén Gemio y William Fernández (…). También la respuesta vía cooperación internacional del país de Ecuador en relación a la recepción de declaración de testigos que en su momento funcionarios públicos de la república hermana (sic)”, se lee en otra parte del memorial.

En similar criterio, el Ministerio de Defensa, representado legalmente por Vladimir Ticona Paredez, Griselda Paz Layme y Víctor Rubín de Cellis Arispe, asegura que la causa es de investigación compleja y están pendientes actos investigativos como: “Cooperación internacional de la República de Ecuador a fin de tener información y contar con la información y documentación para la presente investigación. Triangulación de llamadas de las líneas telefónicas. Solicitud de proposición de diligencias e inspecciones técnicas oculares. Ampliación de denunciados”.

En igual criterio que la Fiscalía, el Ministerio de Defensa pide ampliar la detención del militar por cinco meses más.

ACTOS NO ATRIBUIBLES

A LOS IMPUTADOS

En entrevistas anteriores con este medio, el abogado Eusebio Vera, advirtió que los actuados investigativos, por más complejos que sean, no son atribuibles a los imputados, sino que es de exclusiva responsabilidad del Ministerio Público.

“Si los funcionarios de la Fiscalía no quieren llegar al fondo de los hechos, ese extremo no puede ser tomado en cuenta en contra de los imputados, al contrario, el juez debiera tomar medidas coercitivas en contra de fiscales que no está realizando actuados investigativos”, aclaró.

IMPUTACIÓN

El 18 de noviembre de 2021, Pérez fue imputado por los presuntos delitos de tráfico ilícito de armas, porte o portación y uso de armas no convencionales, además de incumplimiento de deberes. Desde esa fecha guarda detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, medida que ya fue ampliada en dos oportunidades.

En anterior entrevista con este medio, el abogado Rómulo Estívariz, que patrocina al militar, manifestó que la detención de su patrocinado es ilegal ya que él no tuvo participación directa en el hecho porque su rango no se lo permitía.

“Él es un servidor de las Fuerzas Armadas (FFAA) que ha cumplido una orden de ir a recoger para verificar la entrega de los gases, él no ha manipulado, no ha cargado ni lanzado ni uno solo de los gases que han traído del Ecuador, él solo fue en cumplimiento de una orden”, dijo.

Aclaró que de acuerdo a la Constitución Política de Estado (CPE) los militares no deliberan y que las órdenes son acatadas de manera vertical y a su patrocinado le ordenaron ir a recoger el material antidisturbios.

“Llegó a una zona militar de donde despegó el avión hércules, de zona militar a zona militar ecuatoriana donde le entregaron gases lacrimógenos y lo único que él hizo fue recibirlos en zona militar y los trajo del Ecuador a zona militar donde los entregó, por lo tanto él está sujeto a las leyes militares si es que hubiera habido algún delito”, precisó.

Aclaró que en el presunto delito de tráfico ilícito de armas, la Ley 400 considera a los gases lacrimógenos como munición y no armas.

“Respecto al ilícito de tenencia porte o portación, la Ley 400 permite al Ministerio de Defensa la adquisición extraordinaria de material equipo y/o armamento sin necesidad que intervenga la Aduana Nacional”, aclaró a tiempo de asegurar que no existe una ley que prohíba al Estado realizar este tipo de préstamos de otros países.

Respecto al incumplimiento de deberes, manifestó que de acuerdo a reglamentos firmados por el presidente: “Las órdenes pueden ser verbales o escritas. Siendo de cumplimiento obligatorio para quien va dirigida, su trasgresión dará curso a sanción de acuerdo a reglamento”.

“¿El fiscal con que argumento legal dice que (el militar) incumplió sus deberes, que ley lo respalda?”, cuestionó.

EL HECHO

De acuerdo al relato anterior de Pérez, el 15 de noviembre de 2019, recibió una llamada en la que le instruían presentarse ante el ministro de Defensa, lo más antes posible. La autoridad se encontraba en Palacio de Gobierno, en reunión de gabinete.

“Cuando salió un momento de la reunión me dijo que esperara disposiciones, cuando terminó la reunión entre las 10 y 10:30 aproximadamente, me llamó el ministro y me dijo que Ecuador estaba prestando gases lacrimógenos y que debía trasladarme en un avión hércules para verificar la cantidad de gases que nos estaba prestando”, relató en anterior entrevista con este medio.

El mismo 15 de noviembre, él y otros funcionarios, fueron trasladados al hangar de los Diablos Negros de la ciudad de El Alto en el helicóptero presidencial. Entre las 17:00 y 18:00 horas despegó el avión hércules cuya tripulación fue el piloto, copiloto, navegante, tres técnicos del hércules, un mayor de la Policía y Pérez.

Llegaron a Ecuador la madrugada del 16 de noviembre donde personeros de la Policía los esperaban. Hicieron las presentaciones de rigor y posteriormente ingresaron vehículos con los gases lacrimógenos que deberían cargar al avión para trasladarlos a Bolivia.