Bolivia figura como el país con mayor cobertura de pensiones, de casi el 100 % de su población adulta mayor, gracias a su programa universal de pensiones no contributivas, el cual complementa su actual sistema de pensiones contributivas, que apenas cubre el 22 % de esa población.

En el país los montos de las pensiones no contributivas se encuentran ligeramente por debajo de la línea de la pobreza, establecida en 4 dólares por día, ajustado por el poder de paridad de compra, según el Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2020), titulado “Los sistemas de pensiones y salud en América Latina”, CAF -banco de desarrollo de América Latina-.

La entidad financiera presentó en Bolivia su Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2020) que hace referencia al presente y futuro de los sistemas de pensiones y salud de los países de la región y señala lineamentos y principios para afrontar sus desafíos.

A través de su Reporte CAF alerta un envejecimiento acelerado de la población latinoamericana en los próximos años y plantea diferentes retos de su protección social.

El reporte se enfoca en los componentes vinculados a la protección del adulto mayor, específicamente en el sistema de salud y pensiones, que actualmente representa una parte importante del gasto público en América Latina, alcanzando, en conjunto, alrededor de 8,5 % del PIB.

En ese propósito, además el documento suma como desafíos a la informalidad laboral y al cambio tecnológico (la tendencia a la digitalización y automatización de los procesos productivos), y explora como ambos inciden en el empleo y la seguridad social.

Florentino Fernández, representante de CAF en Bolivia, sostuvo que “el diagnóstico del nuevo informe de RED muestra que hoy alrededor de 8 % de la población en la región tiene 65 años de edad o más, muy por debajo del 18 % de Europa, y proyecta que para el año 2050 esta cifra se duplique y llegue al 17,5 %, superando el 30 % a finales del siglo. En el caso de Bolivia se calcula que al 2050, este grupo de adultos mayores representa el 14 % de la población”.

El informe de CAF refleja que si bien hoy América Latina es una región relativamente joven, dejará de serlo y que el rápido envejecimiento demográfico conllevará a un incremento del gasto público en salud y pensiones, con una importante incidencia fiscal.

En la región, el gasto en pensiones equivale, en promedio, al 4,3 % del PIB y el gasto público en salud alcanza el 4,1 % del PIB. En la actualidad, los sistemas de pensiones tienen un déficit promedio que rodea el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Salud

Por otro lado, en el tema de salud, el RED describe que casi todos los latinoamericanos cuentan con algún tipo de cobertura. No obstante, en varios países ésta dista de tener un nivel adecuado para toda la población y en casi todas las naciones de la región, la calidad es desigual entre los distintos subsistemas: el privado, el de seguridad social (contributivo) y el público (no contributivo).

El informe muestra que la cobertura efectiva de servicios de salud en los países de América Latina está por debajo del promedio señalado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Si bien Chile y Uruguay están cerca, Bolivia es uno de los países con menores valores en este indicador.

Dejando de lado los seguros privados, el subsistema contributivo de nueve países de la región tiene un mayor nivel de gasto por beneficiario en comparación con el sistema no contributivo, excepto Argentina.

En el caso de Bolivia se llega al extremo de que el gasto del esquema no contributivo apenas representa el 27 % del esquema contributivo lo cual se traduce en una brecha de calidad entre ambos subsistemas. Hay que tomar en cuenta que, en el país, más del 80 % de la población sólo tiene acceso al subsistema público, no contributivo, de acuerdo con lo descrito en el reporte de CAF.

Informalidad

Otro desafío que presenta el reporte es el de resolver los problemas relacionados a la persistente y alta informalidad laboral que existe en Latinoamérica, y que al igual que el envejecimiento, erosiona la base contributiva de los sistemas de protección social con relación al número de beneficiarios.

El documento indica que la informalidad implica que una elevada proporción de los hoy ocupados no estén cubiertos por los esquemas de salud contributivos y que corran el riesgo de no alcanzar el número de aportes necesarios para acceder a las pensiones contributivas cuando se retiren. En promedio, casi el 63 % de las personas ocupadas de la región trabajan en un empleo informal, en Bolivia esta tasa alcanza el 80 %.

El RED 2020 también considera como un desafío el afrontar las consecuencias del cambio tecnológico, relacionado con la tendencia global de la digitalización y automatización de los procesos productivos, que pueden incidir en la provisión de protección social y tener efectos disruptivos en la estructura de ocupaciones (remplazo de las labores rutinarias), entre otros.

Los cambios tecnológicos también pueden incrementar los empleos en modalidades de trabajo no tradicionales con diferente propensión a la formalidad y a contribuir al sistema de protección social. Un ejemplo son los empleos de plataforma digital, como los servicios en línea de transporte, envíos y comercio electrónico, que según la encuesta de CAF, al 2019 alcanzaba a 1 de cada 10 ocupados en las principales ciudades de los países de la región.

Los desafíos de los sistemas de la protección social señalados en el RED 2020 indican la necesidad de reformas públicas para procurar la sostenibilidad y a la vez cerrar brechas de calidad. Los instrumentos específicos dependerán del contexto del país estando dentro de las opciones, el aumento de las tasas contributivas, la adecuación de la edad de retiro, la revisión de los montos de pensiones, y, especialmente, el incremento del número de aportantes con la participación laboral de mujeres y mediante la reducción de la informalidad, entre otros.

El evento virtual contó con la presencia de Carolina Arismendi, directora General de Servicios Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Jaime Durán, gerente General de la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo; Alejandra Hidalgo, viceministra de Salud y Gestión del SUS; Patricia Mirabal, directora General de Pensiones y Alberto Bonadona, del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana.