Con una puntuación de 20 sobre 100 en el indicador de transparencia, Bolivia se sitúa aún entre los más bajos de la región, y si bien obtuvo una leve mejora respecto a una medición anterior, aún se encuentra muy abajo, en el puesto 102, y lejos del promedio global que alcanza a 45 puntos, señala.

La Encuesta de Presupuesto Abierto es parte de una iniciativa del International Budget Partnership (IBP), un programa global de investigación que promueve el acceso público a la información presupuestaria, la participación y la adopción de sistemas presupuestarios responsables.

En Bolivia, Fundación Jubileo es la institución referente encomendada para realizar la encuesta. Una medición anterior se realizó el año 2019.

El estudio evalúa el acceso a la información presupuestaria de los Gobiernos Centrales por parte del público, las oportunidades formales que la sociedad tiene de participar en el proceso presupuestario y el papel de las instituciones de control, vigilancia y fiscalización, como la Asamblea Legislativa y la Contraloría.

Esta acción es posible por el esfuerzo de organizaciones de diversas regiones del mundo.

En la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 solo se evalúan los documentos publicados y los eventos, actividades o avances que tuvieron lugar hasta el 31 de diciembre de 2020; por tanto, los resultados no se refieren al nivel de transparencia y participación en el actual Gobierno, sino a la gestión del Gobierno transitorio.

De los ocho documentos que evalúa la encuesta, Bolivia publicó, dentro los plazos que la metodología determina, el Proyecto de Presupuesto, el Presupuesto Aprobado y el Informe de Fin de Año (expresado en el Boletín Económico-Informe Fiscal 2019 del MEFP).

El Presupuesto Ciudadano, que es una versión didáctica del Presupuesto, fue publicado tarde y los informes durante el año no fueron publicados dentro de los tiempos y formatos accesibles. Tampoco se producen o publican el documento preliminar, la revisión de mitad de año y el informe de auditoría de todo el Presupuesto.

La mejora en la calificación en transparencia se debe a que el proyecto de Presupuesto del Ejecutivo fue publicado, a diferencia de años anteriores.

Jubileo plantea medidas para mejorar las acciones del gobierno en cuanto al presupuesto.

Explica que la información del Presupuesto no permite identificar la asignación de recursos para los diferentes sectores (Educación, Salud y otros); por lo tanto, es fundamental publicar la información del presupuesto de acuerdo con las clasificaciones por sectores económicos y por finalidad y función; así el Presupuesto se constituirá en un efectivo instrumento de política fiscal y planificación, y será más útil para la sociedad civil.

También recomienda publicar en todo momento y de forma accesible los reportes de ejecución presupuestaria, por categoría programática y financiamiento, así como elaborar y publicar un documento preliminar al proyecto de presupuesto, una revisión de mitad de año y un Informe de Auditoría del Presupuesto General.

También seguir la línea que se hizo para el presupuesto 2020, publicar en línea el proyecto de Presupuesto General del Estado, antes de su aprobación en el legislativo.

En los indicadores complementarios, la puntuación para Bolivia fue de 20 sobre 100 en participación pública y de 48 sobre 100 en vigilancia del Presupuesto. No obstante, el estudio otorga la mayor relevancia al indicador de transparencia.

La próxima encuesta 2023 será realizada con base en el año fiscal 2022, por lo que los ajustes que puedan realizarse en esta gestión serán determinantes para mejorar la transparencia y participación, y por tanto la calificación del país.

Datos

El PGE 2021, aprobado por Ley Nº 1356 de 28 de diciembre de 2020, contemplaba un agregado de 295.599,9 millones de bolivianos y un consolidado de 228.357,1 millones.

Mientras el proyecto de modificaciones al PGE, contempla un presupuesto agregado de 2.108,3 millones de bolivianos y un presupuesto consolidado de 1.748,6 millones, representando un incremento del 0,7 % y 0,8 % respecto al PGE 2021.

Para la inversión pública se fijó un monto de 4.040 millones de dólares, lo que implica un aumento de 0,7 %.

Sin embargo, al término de la gestión pasada la ejecución solo llegó a 2.646 millones de dólares, de acuerdo a la presentación del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en la Rendición de Cuentas Inicial 2022.