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Atentados alentados por grupos extremistas continúan impunes

El Diario
Publicado Sabado, 01 de Octubre de 2022.
Atentados alentados por grupos  extremistas continúan impunes
En agosto de 2021, un grupo de manifestantes pintó, mutiló e intentó derribar la estatua de Cristóbal Colón, ubicada en el centro paceño. En la oportunidad se detuvo a cinco jóvenes con vestimenta indígena tradicional, sin embargo, fueron liberados antes de llegar a la fuerza anticrimen, y hasta hoy el proceso iniciado por la Alcaldía de La Paz, no avanza.

En menos de 48 horas se registró al menos tres hechos vandálicos de parte de los grupos de extrema izquierda al amparo de la denominada ideología de género. Esta vez fue el turno de Sucre y su catedral central que sufrió daños patrimoniales bajo la excusa del pedido de “aborto legal”. Lo mismo sucedió en el centro paceño, empero ninguna autoridad anunció un proceso al respecto.


Luego de un “mitin de protesta” desarrollado la noche del miércoles en la plaza 25 de Mayo de la capital del Estado, un grupo de personas, sobre todo adolescentes, procedió a prender fuego frente a la Catedral Metropolitana y luego a grafitear las paredes con consignas abortistas.


El párroco Bernardo Gantier presentó el jueves una denuncia penal ante la Fiscalía porque los daños se efectuaron en los muros recién restaurados de la iglesia de Sucre que tiene declaratoria de monumento Patrimonio de la Humanidad.


La directora de Patrimonio Histórico, Cinthia Durán, explicó que la denuncia se sustenta como daño al patrimonio calificado y que el fuego afectó la piedra y sillería de la catedral.


“Es un daño reversible, sin embargo, cada vez que nosotros tenemos este tipo de afectaciones sabemos que la piedra se va deteriorando y no esperemos llegar a un deterioro irreversible”, dijo Durán a red Erbol.


El alcalde de Sucre, Enrique Leaño, se refirió al caso y deploró los hechos vandálicos.


“Esto ya es un acto delincuencial, no es un acto de reivindicación de género o de derechos, porque hay otras formas de poder expresarnos y no atentando contra edificios y monumentos tan sagrados que tenemos”, declaró el alcalde a medios locales.

COCHABAMBA


El miércoles, la ciudad de Cochabamba amaneció con uno de los vagones del Tren Metropolitano pintarrajeado con el lema “no violarás”.


Cámaras de seguridad de la empresa estatal Mi Tren mostraron cómo dos personas, se presume mujeres, totalmente cubiertas procedieron a deteriorar el flamante medio de transporte que inició sus operaciones este mes.


La ciudadanía rechazó de manera unánime esa forma de “activismo” que afectó la circulación de la línea verde que une San Antonio con Quillacollo, y el director de Mi Tren, Junior Vega, calificó el hecho como un atentado contra Cochabamba.


“Son personas que no quieren el progreso, son personas que creemos que son malvivientes que están destruyendo el patrimonio del tren metropolitano”, condenó.


Ayer, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, informó que desvincularon a la empresa de seguridad contratada para el Tren Metropolitano de Cochabamba, por un trabajo “deficiente”.


“Se ha retirado a la empresa que estaba contratada para hacer el resguardo de todas las instalaciones y estaciones que tiene el Tren Metropolitano de Cochabamba por un deficiente trabajo que ha tenido en este tema”, dijo.

ATENTADO A LA IGLESIA


En noviembre del año pasado se produjo otro hecho contra la Iglesia Católica, con la detonación de un artefacto explosivo en la sede de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) de la ciudad de La Paz.


La secretaría de la CEB lamentó el ataque y pidió una investigación.


“A pesar de que los daños materiales en la estructura son reparables, exhortamos a los autores del hecho, considerar que su acción pudo dañar a personas inocentes. Como Iglesia católica, llamamos una vez más al respeto de la vida y al encuentro fraterno entre hermanos y hermanas”.


Una mujer con el rostro cubierto fue filmada por las cámaras de seguridad colocando un explosivo que detonó un par de minutos después, en horas de la madrugada del 24 de noviembre. En la oportunidad el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo que “ya se tenía identificada” a la persona, pero el caso no volvió a avanzar.

LA PAZ


En agosto de 2021, un grupo de manifestantes pintó, mutiló e intentó derribar la estatua de Cristóbal Colón, ubicada en el centro paceño.


En la oportunidad se detuvo a cinco jóvenes con vestimenta indígena tradicional, sin embargo, fueron liberados antes de llegar a la fuerza anticrimen, y hasta hoy el proceso iniciado por la Alcaldía de La Paz, no avanza.


El rostro de Colón fue cubierto de pintura negra y perdió la nariz. El ataque se realizó mientras unos músicos, que acompañaban la protesta, tocaban instrumentos de viento nativos y ante la indignación de los transeúntes.


Otro incidente ocurrió el pasado 9 de marzo, cuando activistas feministas pintaron en el pedestal mensajes de denuncia contra la elevada tasa de feminicidios que se registran en el país.


Este 28 de septiembre se llevó a cabo la marcha por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, por lo que en varias ciudades se registraron manifestaciones en favor de este derecho de salud para las mujeres y personas con capacidad de gestar.


En La Paz, la misma concluyó con el pintarrajeado de algunos monumentos y el pegado de papales por doquier.


“Nadie está en contra de las marchas que quieran hacer, pero pintar las estatuas ya es un acto de vandalismo, ¿cuánto le costará a la Alcaldía reponer esto?, y lo peor es que nosotros los ciudadanos tendremos que pagar todo esto con nuestros impuestos, cuando ese dinero se puede invertir mejor”, dijo Carolina Mamani.

20 AÑOS DE CÁRCEL


Por otro lado, mientras esos hechos están impunes, en mayo de 2022, el Ministerio Público presentó la “acusación fiscal y particular” en contra de cuatro líderes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), con la que se busca una condena de 20 años de cárcel, por ocasionar daños a la infraestructura de la Fiscalía General del Estado. En tanto los acusados guardan detención preventiva.


“Estimamos 20 años por los delitos de organización criminal, destrucción y deterioro de bienes del Estado”, dijo el fiscal del caso, Javier Gorena, en la oportunidad. (EL DIARIO y Visor21).



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