“En la ATM estamos procesando un caso escandaloso, bajo una normativa, que ni siquiera la aprobó el Alcalde. Por ejemplo, una persona identificaba un terreno, después lo cercaba, posteriormente se apersonaba a la junta vecinal, instancia que le otorgaba una certificación y con ese documento registraba el inmuebles en el Padrón Municipal de Contribuyentes de la Alcaldía como si el mismo fuera un título de derecho propietario. Tenemos 15.417 casos de esos”, explicó Arias en entrevista con EL DIARIO.

Otra irregularidad que detectó la auditoría que está ejecutando el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Gamlp), es que los contribuyentes que se acercaban a la ATM para beneficiarse con los “perdonazos” no solo accedían a descuentos legales, sino también ilegales, por manipulación informática de operadores que en muchos casos bajaron las deudas a cero, aun teniendo sentencias ejecutoriadas pasadas en autoridad de cosa juzgada, es decir de deudas liquidas y exigibles producto de procesos administrativos y/o jurisdiccionales.

“El otro caso es de personas que tenían usuarios, que podían, por ejemplo, bajar o subir sus impuestos u otorgar información confidencial de contribuyentes a terceras personas, situación no permitida por el artículo 67 del Código Tributario. Debería haber en la ATM muy pocos usuarios con acceso a información sensible, sin embargo había cientos de usuarios que inclusive ya no prestaban sus servicios en la institución hace muchos años, los mismos que podían modificar los impuestos incrementando o eliminando los mismos. Todo el sistema de peritaje que estamos haciendo es moroso, pero lo estamos haciendo. Hemos perdido recursos porque el actuar de estos usuarios fue orientado en base a apreciaciones subjetivas: si me caes bien y tengo acceso al sistema te borro tus deudas, pero si me caes mal te subo tus impuestos, es una arbitrariedad total, por eso tenemos tantos problemas con loteamientos, porque a veces nos tapan la boca, nos dicen “la Alcaldía me dio el permiso”, sin embargo cuando revisamos los antecedentes evidenciamos que operaron bajo un sistema corrupto”, lamentó.

LOTEAMIENTOS

Otro problema que detectó el municipio paceño es el loteamiento desmedido que hay en varias zonas de la urbe, ya que construyen donde no deben, sin cumplir con las normativas locales, departamentales ni nacionales.

El munícipe advirtió que los loteadores cuentan con grupos de “choque”, abogados, jueces, fiscales y hasta funcionarios corruptos que se prestan a legalizar las irregularidades.

“Los loteadores son el sumo de la corrupción. Tienen un grupo de choque que se encarga de amedrentar a los vecinos que denuncian, tienen grupos de personas compradas que bajo la promesa de tener su terreno y a nombre de ser vecinos se movilizan. Así también tienen jueces, abogados y fiscales y penetran a Derechos Reales y nuestro sistema de Catastro. Si a eso le sumamos que se hacen dar permisos con los vecinos cercanos, sin duda alguna, nos dejan con las manos atadas y no podemos hacer nada”, lamentó.

Advirtió que este tipo de personas atemorizan a los vecinos que se animan a denunciar, poniendo dinamita en proximidades de sus viviendas o iniciándoles procesos penales.

“A veces recuperamos un área, volvemos a los 15 días, pero ellos ya retornaron y no solo pusieron calaminas sino cimientos, porque en esos 15 días han amedrentado a los vecinos, trabajan en la noche, es un sistema de avasallamiento que está protegido por diferentes instancias. Los avasallamientos no solo son en las laderas, estábamos a punto de perder un espacio entre la Comercio y Potosí, está todo cerrado porque allí hay un paso que se lo estaban por apropiar”, dijo.

Aclaró que la Alcaldía no inscribió sus derechos propietarios, por lo que tienen varias áreas que no tienen registro, lo que impide su defensa y deben recurrir a los vecinos quienes advierten de posibles apropiaciones.

JUSTICIA CIEGA

Por otro lado, el munícipe que enfrenta 17 procesos penales, lamentó que la justicia sea “ciega”, poniendo en indefensión a algunos órganos del Estado y al ciudadano de a pie que no tiene recursos, ya que quedó demostrado que no se mide con la misma vara a todos.

Lamentó, por ejemplo, que cuando ellos denunciaron al exalcalde Luis Revilla por presuntas irregularidades en la adquisición de los buses PumaKatari, la Fiscalía les rechazó la misma, no obstante cuando el autonombrado presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, Jesús Vera, presentó la denuncia, con los mismos argumentos, esta fue admitida.

Por otro lado, advirtió que los funcionarios temen poner su firma en los documentos, debido al temor por la justicia que aprehende, principalmente, a opositores.

“La gente ya no quiere firmar, o sea lo que la justicia hizo es que los funcionarios se cuiden, me parece muy bien, pero los han vuelto cobardes, porque puede pecar si está de acuerdo con el Gobierno, sino lo van a perseguir”, advirtió.

Recordó que la justicia siempre fue uno de nuestros males, pero que en los últimos años se agudizó.

“Para los del Gobierno tienen los ojos cerrados, pero para los que no lo son abren ambos ojos. Eso viene de hace mucho tiempo, lo venimos arrastrando casi desde nuestro nacimiento pero lejos de minimizarse y combatirse, es un dragón de 14 cabezas y los que quieren modificarla terminan en el intento, por ejemplo, el ministro Iván Lima, desde que ha entrado ha prometido cambio a la justicia y ojalá lo haga porque no solo es un tema de que me castigues, me premies sino una buena justicia garantiza inversiones, estabilidad, credibilidad, certidumbre, pero, ¿si mañana te cambian las reglas?, por eso las grandes inversiones se cuidan de venir a Bolivia, por eso estamos viviendo de minerales, venta del gas, la justicia afecta a la vida en su conjunto”, advirtió.

PRESIÓN DEL ESTADO

Asimismo, Arias lamentó que debe trabajar con funcionarios que no cumplen su labor con eficiencia, porque cuando los cesó de sus funciones, el Ministerio de Trabajo los conminó a que los reincorporen.

“Hay trabajadores a los que sacamos porque incumplen su labor, les mostramos memorándums y todas sus llamadas de atención, y nos obligan a reincorporar, o sea estamos atados a unos funcionarios que a veces no cumplen su labor, pero que el Ministerio de Trabajo los sobreprotege”, dijo.

Lamentó que otras autoridades como el gobernador de Potosí que presuntamente estaba involucrado en la adquisición irregular de ambulancias, no haya siquiera sido amonestado por el Ministerio Público, no obstante a él le inician procesos hasta por denuncias descabelladas.

“Si nosotros tuviéramos una acción de ese estilo que fuera sospecha de corrupción ya estaríamos con detención, por eso la gestión pública nuestra se vuelve muy compleja porque tenemos que cuidar cada paso, porque cada paso es motivo de investigación”, aseveró.

Recordó, por ejemplo, que cuando un concejal del Movimiento al Socialismo (MAS) dijo que estaban sacando un crédito caro y que habían otros más baratos, ellos respondieron que se deben mover en el sistema bancario nacional, reconocido y regulado por la ASFI, entidad que dijo que tenían que ir en el sistema regular.

“Nosotros hicimos público la respuesta de la ASFI y ellos sacan un comunicado desmintiendo, por un error semántico, importante. Alguna autoridad nuestra dijo que el Ministerio de Economía nos autorizó a sacar crédito, no es que nos autoriza, nos da un certificado, la palabra no era autorizar, pero sin ese certificado no podemos ir a ningún banco”, aclaró.

AUDITORÍAS

El munícipe apuntó que tiene seis auditorías que están en curso, uno por el mal manejo del relleno sanitario, irregularidades en el PumaKatari, Emaverde, Emavías, además de gastos no justificados en determinadas funciones.