La acción tiene por propósito, según Fernández, evitar más confrontación y división en el país. “Lo que queremos es que el pueblo boliviano retorne a la tranquilidad”, manifestó la autoridad municipal.
El artículo primero, del proyecto que propone Fernández, establece la abrogatoria de la Ley N°1386 y el artículo segundo señala que el Órgano Ejecutivo debe elaborar un proyecto de ley en la que consensuada, participativa y que se luche contra las ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo, respetando el estado de derecho de cada ciudadano y brindando garantías al debido proceso en el Estado Plurinacional de Bolivia.
En su análisis, la autoridad remarcó que la Ley 1386 es inconstitucional, ya que establece la creación de otros órganos del Estado que administren justicia, vulnerando el estado de derecho. Otro elemento observado es que, mediante esta ley, se generarán las sanciones sin debidos procesos, dejando indefensos a los más de 11,5 millones de bolivianos.
Entretanto, José Luis Santistevan, secretario de Fortalecimiento Institucional y Autonomías de la comuna cruceña, explicó que realizaron un análisis que estableció la inconstitucionalidad de la ley.