A horas de la prosecución de audiencia de juicio oral del caso denominado golpe de Estado II, donde un juez probablemente emita un veredicto condenatorio, el abogado Luis Guillén que patrocina a la expresidenta Jeanine Añez, manifestó a EL DIARIO que desde que inició este proceso se cometieron al menos 20 irregularidades.

Guillén precisó que la primera irregularidad es que el Tribunal haya aceptado la denuncia cuando la expresidenta debe ser juzgada en un juicio de responsabilidades.

Otras irregularidades van desde el desdoblamiento del caso en golpe I y II, la falta de respeto al juez natural, recursos presentados que no se resolvieron, vulneración al principio de indivisibilidad de juzgamiento, aceptar a partes que no lo son, además que no se tomó en cuenta las pruebas presentadas por la parte acusada.

“El Ministerio de Gobierno dijo: yo soy parte del proceso porque está juzgándose a un general de la Policía y la Policía depende del Ministerio de Gobierno, pero dan sus alegatos sobre la expresidenta y no del general, entonces ¿qué lógica tiene haber aceptado a todas las instituciones del Órgano Ejecutivo y haber excluido a la Asamblea Legislativa? porque finalmente el juicio se ha reducido al cumplimiento o incumplimiento del Reglamento de la Cámara de Senadores, eso ya no es materia justiciable dentro de lo que es el derecho penal, menos se aplica al ilícito de resolución contraria a la Constitución o incumplimiento de deberes”, explicó.

Asimismo recordó que el tribunal negó una cesación a la detención preventiva solicitada por la expresidenta, no ha dejado que asista a su propio juicio, ha limitado a la defensa limitando la presentación de pruebas, ha escogido las pruebas que le van a servir para sustentar una supuesta sentencia condenatoria, cuando tenían la obligación de valorar todos los elementos de prueba.

“Ha restringido a los testigos dando preguntas a las partes, una, dos tres preguntas en un interrogatorio, en un juicio de supuestamente estas magnitudes, no condice con el debido proceso, con respetar los derechos, las garantías de las personas que están siendo acusadas. Hay irregularidades como las extenuantes audiencias a las que nos han tenido durante horas, hasta altas horas de la noche, todo con el fin de ir precluyendo las etapas del proceso, con todo eso se puede observar que este tribunal no es objetivo sino que está sometido al poder político y en específico al poder Ejecutivo”, advirtió.

DESDOBLAMIENTO

En julio de 2021, se conoció que el Ministerio Público dividió el caso denominado “golpe de Estado” en dos investigaciones por tipos penales distintos. En el primero, la expresidenta, además de exjefes militares y policiales están imputados por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración. En el “golpe de Estado II” están acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

El caso golpe de Estado II es a denuncia de Andrónico Rodríguez, la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno, fue enviada con detención preventiva, por seis meses, al Centro de Orientación Femenina de Miraflores, computables desde el 3 de agosto de 2021, posteriormente se fueron ampliando los plazos.

El abogado Eusebio Vera que patrocina a los generales Gonzalo Jarjuri y Jorge Terceros, en entrevista anterior con EL DIARIO manifestó que la figura de “desdoblamiento”, no se contempla en el ordenamiento jurídico del país, aspecto que violaría la “indivisibilidad de juzgamiento” que señala “que por un mismo hecho no se podrá seguir diferentes procesos, aunque los imputados sean distintos”.

IRREGULARIDADES

ANTES DEL JUICIO

Antes de que Jarjury y Terceros hayan sido sentenciados a tres años de privación de libertad, en un proceso abreviado, Vera manifestó que el Ministerio Público encuadró las conductas, acciones y hechos de Jarjuri y Terceros a los ilícitos de los que están acusados, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, pese a “existir pruebas que conducen a identificar al verdadero responsable de la situación de los que son acusados”.

“Existen pruebas que nos conducen a identificar a quien fue el verdadero responsable, y esa inactividad investigativa de no ampliar en contra del verdadero autor es responsabilidad de la Fiscalía”, dijo Vera en la oportunidad.

Antes del inicio del juicio que fue programado para marzo de 2022, Vera dijo que también había una irregularidad al no considerar la falta de respuesta a una acción, un recurso que ha sido activado por Jarjuri y Terceros durante la etapa preparatoria.

Otra observación de Vera fue que el Tribunal de Sentencia no cumplía con el artículo 343 del Código de Procedimiento Penal, que plantea que el juez o tribunal tiene que señalar audiencia dentro del plazo de entre 20 a 45 días.

Otra irregularidad advertida por Vera es que un solo juez haya firmado el auto de apertura de un juicio, actuado que fue observado y que se deje sin efecto el mismo, al no darse cumplimiento al “aspecto del juez natural”.

Uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso “es el derecho al juez natural competente, independiente e imparcial”, dijo Vera.

QUEJA CONSTITUCIONAL

Por otro lado, Guillén dijo que presentarán hoy una queja constitucional para que el pleno del TCP se pronuncie. Apuntó que jurídicamente es lo que corresponde tras que la solicitud de complementación y enmienda a la resolución de rechazo a la acción de inconstitucionalidad concreta que presentaron fue también rechazada.

“La queja constitucional es como un recurso de apelación, en este caso modifica el fondo de la decisión, es decir que el recurso de queja podría llevar a que se modifique y se acepte la inconstitucional. La queja la resuelve el TCP en pleno, ya no la comisión de admisión”, explicó.

En ese marco aclaró que no debería reiniciarse el juicio oral programado para las 14:00 horas de hoy, de lo contrario se daría pie a la nulidad.