Afrontan procesos judiciales casi todas las autoridades elegidas que no pertenecen al MAS. Corren la misma suerte líderes cívicos, activistas, exautoridades, periodistas, policías y militares en el gobierno del presidente del Estado, Luis Arce Catacora.

Un relevamiento de las causas abiertas en contra de los ciudadanos considerados “opositores” da cuenta de que existen al menos 51 autoridades, exautoridades, líderes cívicos, activistas, exjefes militares y exjefes policiales con procesos activos por varios delitos que habrían sido cometidos en el “golpe de Estado” contra Evo Morales.

A estos se suman los procesos disciplinarios que derivaron en bajas definitivas de al menos 35 policías por el “motín policial” que protagonizaron en noviembre de 2019 durante la crisis política después de las elecciones fallidas de ese año, según datos de la denominada asociación de familiares de “perseguidos políticos”.

Además, en este recuento se incluyeron las detenciones de al menos tres activistas de la Resistencia Civil de La Paz durante la última marcha en contra de la persecución política del gobierno de Arce y los al menos 24 detenidos durante las marchas de Adepcoca. La suma de estas cifras es 113.

En las últimas horas, se logró la libertad de Carlos Andrés Aguilera, el activista que fue detenido en el paro en contra de la postergación del censo en la ciudad de Santa Cruz. En esa ocasión también fue detenido el activista Marco Antonio Chávez y afronta el caso con una detención domiciliaria.

Para este análisis no se han tomado en cuenta los procesos por casos de corrupción que también se iniciaron en contra de exautoridades del gobierno de Jeanine Añez.

A propósito de la exmandataria, ella afronta dos procesos por el supuesto “golpe de Estado” que habría protagonizado en contra del expresidente Evo Morales. Ya tiene sentencia en el llamado “golpe de Estado II” a 10 años de cárcel y afronta el otro “golpe de Estado I” con una detención preventiva que supera los 18 meses.

Su caso llamó la atención de la comunidad internacional sobre la independencia de la justicia y el respeto al debido proceso.

Así lo dijo en su informe oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el Relator para la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán, después de su visita in situ a Bolivia.

“Dicho caso pone de manifiesto temas estructurales de la administración justicia como la generalización de la detención preventiva. Todas las personas tienen derecho a un juicio justo y a las garantías judiciales de ley. Esto no tiene, ni debe tener, no puede tener ninguna excepción” manifestó entonces.

El jurista recomendó extremar esfuerzos para reconstituir la confianza entre todos los actores políticos institucionales de la justicia, un debate nacional sobre las reglas de designación de los integrantes de las altas cortes, reformar la Ley de Deslinde Jurisdiccional para ampliar competencia de la jurisdicción indígena, entre otras recomendaciones.

El gobierno de Arce, que inicialmente había destacado la visita de García-Sayán, terminó repudiando al Relator, aunque impulsa una reforma judicial junto a las autoridades que administran la justicia cuestionada.

La situación de Añez es la misma que la de sus exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, quienes permanecen detenidos el mismo tiempo que la exmandataria.

Los abogados de los imputados por la supuesta conspiración contra Morales denunciaron vulneraciones al derecho a la defensa de sus defendidos, la invalidación de pruebas clave y la exclusión de testigos que podrían ayudar al esclarecimiento de los hechos.

Para el juicio oral del caso “golpe de Estado II” no fue convocado a testificar el expresidente Morales o el exvicepresidente, Álvaro García Linera, quienes serían las víctimas en ambos procesos.

En este proceso también fueron sentenciados exjefes militares y exjefes policiales por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

AUTORIDADES

SUBNACIONALES

Todas las autoridades elegidas por otras siglas contrarias al MAS, al menos los ejecutivos, afrontan procesos.

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, tiene al menos 10 causas abiertas en su contra por delitos que habría cometido cuando era presidente cívico de Santa Cruz por el llamado “golpe de Estado” y ahora como autoridad por delitos en el ejercicio de sus funciones.

Iván Arias, alcalde de La Paz, hasta junio afrontaba al menos 20 procesos judiciales en su contra y asiste constantemente a declarar a la Fiscalía.

Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, también tiene procesos iniciados por delitos que habría cometido cuando era prefecto del departamento y también de su gestión actual.

Damián Condori, gobernador de Chuquisaca, afronta un proceso de investigación por el delito de estafa que habría cometido entre 2015-2016 cuando no ocupaba el cargo actual.

Óscar Montes, gobernador de Tarija, afronta procesos por incitación pública a delinquir y separatismo, y recientemente por una obra que no habría ejecutado cuando era alcalde de la ciudad.

La autoridad denunció una “arremetida judicial” del gobierno actual a través de autoridades del Ministerio Público y la justicia.

La mayoría de los procesos ya tienen imputación a diferencia de las denuncias en contra de autoridades del oficialismo como el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, quien fue implicado en el caso de las “ambulancias fantasmas” o el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, quien permanece en el cargo pese a las graves denuncias de corrupción.

Los exalcaldes de La Paz y El Alto, Luis Revilla y Soledad Chapetón, también afrontan procesos y órdenes de aprehensión por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

El exburgomaestre tiene un paradero desconocido mientras la exalcaldesa alteña tiene dos detenciones domiciliarias. La última fue asumida después de que fue aprehendida con su hija en brazos.

Aunque el MAS niega su participación en el caso, en la oposición argumentan que la arremetida judicial forma parte de los métodos del partido para amedrentar a los opositores a través de una justicia que responde al partido gobernante.

DIRIGENTES CÍVICOS Y ACTIVISTAS

Los dirigentes cívicos, considerados opositores, también afrontan decenas de procesos al punto de que se desconoce la cantidad exacta de causas abiertas.

Marco Pumari, expresidente de Comcipo, está detenido en la cárcel de Cantumarca mientras el presidente Juan Carlos Manuel y el vicepresidente de esa instancia, Ramiro Subia, permanecen en la clandestinidad.

Las causas fueron abiertas después de movilizaciones en contra del Gobierno como las protestas por la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y el paro cívico en esa ciudad.

Nelson Gutiérrez, otro vicepresidente de Comcipo, permanece detenido y la presidencia interina de esa institución cívica fue asumida por Roxana Graz.

En Santa Cruz, el presidente cívico Rómulo Calvo afronta al menos 18 procesos que van desde la supuesta falsificación de su título de médico hasta la conspiración contra el gobierno de Arce y tiene detención domiciliaria.

Activistas de las llamadas “resistencias ciudadanas” que se movilizaron y enfrentaron a los “grupos de choque” del MAS en la crisis política de 2019 también están encarcelados.

Es el caso del líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, quien corre el riesgo de ser sentenciado a 20 años de cárcel por el daño y destrucción de bienes públicos.

Por este mismo delito, la Fiscalía pidió cuatro años de cárcel para el dirigente vecinal del MAS en La Paz, Jesús Vera, acusado por la quema de los buses PumaKatari.

Junto a Molina están detenidos Mario “Tonchi” Bascopé y Milena Soto.

El gobierno de Arce justificó los procesos en contra de los integrantes de la RJC bajo el argumento de que se trataría de una “desarticulación” recomendada por el GIEI-Bolivia.

Activistas como el exrector de la UMSA, Waldo Albarracín, permanecen con procesos pese a que se desmoronaron las pruebas que sostenían las denuncias.

Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de Bolivia y crítico del Gobierno, fue aprehendido y después liberado por una denuncia de uno de sus familiares por la muerte de su padre.

LÍDERES DE ADEPCOCA

La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz fue una de las organizaciones sociales que puso en jaque al gobierno de Luis Arce por su política de la hoja de coca.

Todos sus dirigentes, hasta ahora, enfrentan procesos. El primero fue Franklin Gutiérrez, después Armin Lluta y ahora Freddy Machicado.

A ellos les atribuyeron al menos 30 delitos desde portación de explosivos y asesinato de policías pese a la no existencia de pruebas.

La organización demanda el cierre de un mercado paralelo de coca del dirigente Arnold Alanes porque funciona al margen de la ley, pero el gobierno de Arce insiste en el funcionamiento de este.

Se conoció de la aprehensión de otros dos dirigentes de esa organización y según denunciaron desde Adepcoca existen al menos 17 órdenes de aprehensión.

La organización adelantó la reanudación de sus movilizaciones desde el lunes para exigir la liberación de sus dirigentes y la consolidación de un solo mercado de coca en La Paz como establece la ley de la Coca.

Alanes, el líder de la facción masista de cocaleros, no es investigado por la Fiscalía pese a que en el mercado que dirigía se encontraron explosivos y un arma de fuego, según la denuncia de los afiliados a Adepcoca.

Para la oposición, la “persecución judicial” en el gobierno de Luis Arce se ha convertido en una estrategia política para anular a los opositores.

Desde el MAS argumentan que la oposición mediante comités cívicos, gobernaciones y medios de comunicación están alentando un supuesto “golpe de Estado” contra Luis Arce.

Los periodistas y medios de comunicación tampoco se libraron de la arremetida judicial. Al menos tres periodistas que cumplieron funciones en el canal estatal Bolivia TV durante el gobierno de Añez afrontan procesos por supuestas irregularidades cometidas. (Brújula Digital).